El 2 de marzo de 2017, miembros de la red ecuménica Iglesias y Minería[1], el Presidente y Secretario Ejecutivo de CIDSE[2] y otros integrantes de esas organizaciones se reunieron en Vaticano con el Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

La red estuvo representada por Joselma Alves de Oliveira, moradora de la comunidad de Piquiá de Baixo, en la Amazonía brasileña, afectada por altos índices de polución minero-siderúrgica y en lucha para defender sus derechos. Joselma estuvo en días pasados a la ONU, donde informó a los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos que actúan en el caso desde 2014 sobre los avances y las urgencias de su comunidad.

La reunión se inició escuchando las palabras de Berta Cáceres: “Despertemos, despertemos humanidad! Ya no hay tiempo. Somos seres surgidos de la tierra, del agua y del maíz, de los ríos somos custodios ancestrales. Dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad”.

Exactamente un año antes, Berta fue asesinada y recientemente personas vinculadas a grupos militares y empresas mineras fueron indicados como los mayores sospechosos por el crimen. En 2015[3], tres personas -cada semana-, fueron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a proyectos destructivos. Conflictos con industrias mineras y extractivas fueron la principal causa de dichas muertes.

La red Iglesias y Minería pidió al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral apoyo y protección para las víctimas, en continuidad con el encuentro realizado en julio del 2015 en el Vaticano, con 30 líderes afectados por minería en el mundo entero.

Criticó la iniciativa de las empresas mineras que intentan aproximarse a las jerarquías de las iglesias para buscar legitimación e informó al Sr. Cardenal que las recientes visitas en los territorios, ofrecidas por las compañías a miembros de las iglesias, en muchos casos no incluyen la voz crítica de las comunidades afectadas y de las organizaciones que intentan defenderlas.

Una carta de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas de Colombia y otra carta de la sociedad civil organizada colombiana tratando de ese punto fueron entregadas al Card. Turkson, que expresó su distancia de esa iniciativa y comentó que no tienen vinculación con el Vaticano.

Para Bernt Nilles, de CIDSE, “hay obligaciones legales y estándares vinculantes que las empresas necesitan respetar. Es muy importante un dialogo de la Iglesia con las empresas y un esfuerzo para que haya ética en la minería, pero el dialogo no puede acontecer por debajo de esos estándares obligatorios”.

Iglesias y Minería informó al Sr. Cardenal sobre su buena colaboración con el departamento de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), a partir de la cual se quiere reforzar iniciativas descentralizadas de formación y debate sobre minería entre iglesias y comunidades, para defender los defensores de derechos humanos y para promover los derechos de las comunidades a sus territorios.

El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral quiere publicar un Documento sobre Minería, exactamente para que esté al servicio de ese tipo de actividades formativas y estimule las Conferencias Episcopales a pronunciarse con claridad en defensa de las comunidades afectadas por la minería.

[1] https://iglesiasymineria.org/quienes-somos/

[2] http://www.cidse.org/

[3] Informe de Global Witness “En terreno peligroso”, 2015.