La Red Iglesias y Minería es un espacio ecuménico, conformado por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores que buscamos responder a los desafíos de los impactos y violaciones de los derechos socio-ambientales provocados por las actividades mineras en los territorios donde vivimos y trabajamos.

Nos une y nos inspira la fe y la esperanza en el Dios creador de la vida y de la madre naturaleza; un Dios que nos convoca a construir un mundo donde todas las personas vivamos con la dignidad de los hijos e hijas de Dios, en perfecta armonía con la madre Tierra y toda la creación.

Acompañamos la fe, la esperanza y la labor de personas, instituciones y comunidades creyentes que defienden todos los días la convivencia armónica entre los seres humanos y la madre Tierra, frente a los proyectos y estilos de vida que las impactan, expresión de grandes intereses externos y distantes de las comunidades.

Valores que nos inspiran

Buscamos ser fieles a los valores del Evangelio de Jesús de Nazaret. En esa perspectiva damos prioridad a la verdad, la defensa de la creación, defensa de la vida, la lucha por la justicia para todas y todos, la promoción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza.

Nuestra red está comprometida con el fortalecimiento de los movimientos y sectores populares, los valores democráticos, la equidad de género, el respeto a pluriculturalidad, la interculturalidad y el diálogo interreligioso y el ecumenismo. Creemos en la capacidad creadora de los seres humanos, en la fuerza de las organizaciones populares, en la importancia de la solidaridad, la mística y el compromiso de las comunidades de fe.

Las actividades mineras en América Latina se han incrementado sustancialmente en los últimos años, con perspectivas a crecer aún más. En Brasil el Plan Nacional de Minería quiere aumentar las tasas de extracción hasta el 2030; en Colombia, desde 2010 el tema es considerado “locomotora de desarrollo” en los planes de gobierno; y en general, en América Latina se constata el aumento de conflictos por causa de los impactos sociales y biológicos de los proyectos extractivistas. La actividad minera, sobretodo aquella tecnificada y a gran escala, genera impactos irreversibles en los ecosistemas y los entornos sociales en los que se desarrolla. La mayoría de estos impactos son negativos para las comunidades locales y han generado conflictos que se han incrementado en número e intensidad. La mayoría de los gobiernos de la región apoyan la actividad minera que en su mayoría es desarrollada por empresas transnacionales (el caso de Bolivia muestra algunas diferencias debido a la presencia de cooperativas de mineros). El apoyo de los gobiernos se materializa mediante la flexibilización de los marcos normativos, reducción de impuestos, reducción de controles ambientales y otras facilidades para las empresas mineras, llegando en algunos casos a colocar las fuerzas del orden (policía y ejército) al servicio de la seguridad de las empresas mineras.

Los proyectos mineros están también vinculados a proyectos de generación de energía como centrales hidroeléctricas y térmicas, transporte como trenes y puertos. Además de grandes obras de infraestructura propia de los proyectos mineros como tajos, pilas de lixiviación, presas de relaves, plantas de procesamiento y afines. La actual tendencia es que un proyecto minero sea un proyecto de transformación territorial de gran escala con impactos en múltiples ecosistemas y hábitats humanos y no-humanos. Un ejemplo dramático del impacto de la actividad minera y sus peligros ha sido el desastre ambiental en Minas Gerais – Mariana (05.11.2015). Este desastre y la forma de actuar de las empresas responsables y el Estado, ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones especializadas y la sociedad civil en general a nivel global.

Este contexto ha producido el ambiente propicio para violaciones sistemáticas de los derechos humanos, habiéndose registrado amenazas, detenciones, torturas, agresiones físicas e incluso asesinatos de dirigentes o pobladores. Los lamentables asesinatos de Bertha Cáceres (3.03.2016) y de Nelson García (16.03.2016) ambos miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, una organización de defensa de derechos humanos y ambientales de poblaciones nativas y campesinas de reconocida trayectoria en Honduras, son una dolorosa muestra de los alcances del conflicto.

En algunos países (por ejemplo Brasil y Honduras) se han iniciado debates sobre los marcos normativos aunque con limitada participación de los afectados.

Las poblaciones locales, en muchos casos indígenas y nativas, se han organizado para hacer frente a lo que consideran un riesgo sustancial a sus modos de vida y continuidad en el territorio, surgiendo organizaciones como el Comité Nacional para la Defensa de los Territorios frente a la Minería en Brasil, y otras organizaciones similares en Honduras, Ecuador, Perú, entre otros países. La resistencia de las comunidades a pesar de la represión estatal y privada, encuentra motivos de esperanza, cuando suceden casos como en Guatemala, en el que la comunidad luego de cuatro años de movilización en la mina en La Puya, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determina que la autorización del proyecto de explotación minera para la extracción de oro y plata violó derechos de los pobladores, al no efectuar consulta popular.

En una perspectiva más amplia, la actividad minera forma parte de un proyecto económico mayor ligado a la globalización; pero también hace parte de un proyecto político, social y cultural cuyos impactos alcanzan múltiples niveles de la vida de las personas y las comunidades y ponen en peligro su continuidad. En algunos casos la imposición de los proyectos mineros (o los proyectos asociados a su sistema de producción) deterioran la democracia e incrementan el racismo y la discriminación.

Respuestas de las comunidades de fe:

Inscritas en esta compleja y polémica realidad, se encuentran muchas comunidades de creyentes, que se sienten interpeladas por la gravedad de los conflictos. La pregunta sobre los alcances de su participación, el tipo de respuesta que deben ofrecer y la actitud para contribuir al bien común, está suscitando múltiples iniciativas. Las Iglesias, como parte de la sociedad civil y en cumplimiento de sus deberes ciudadanos, tienen un potencial de incidencia socio-política y de transformación de la cultura desde sus presupuestos éticos y espirituales. Sin embargo, tanto la fragmentación del conocimiento como la dispersión de esfuerzos, atentan contra una mayor eficacia de la misión eclesial en medio del conflicto.

Con la novedad histórica de tener en proceso el Acuerdo de París, en el que 175 naciones convergen para enfrentar el cambio climático, y el aporte de la Encíclica “Laudato Si´: sobre el cuidado de la casa común”, y las variadas declaraciones de otras organizaciones de fe interesadas en contribuir a la justicia climática, el horizonte para comprender los conflictos territoriales generados por el extractivismo, adquiere nuevos matices y requiere de análisis de contexto profundos y permanentes, con el fin de constituir procesos que respeten los derechos humanos en armonía con los derechos de la Madre Tierra.

La Iglesia Católica en América Latina es un referente para las comunidades locales, en particular en los temas relacionados con las industrias extractivas y los derechos humanos. Muchos religiosos, religiosas y laicos acompañan procesos de defensa de los territorios y los derechos humanos a nivel local. Sin embargo, estos acompañamientos se han dado de manera aislada generando sensaciones de desamparo, impotencia y soledad; pero también, se impone la necesidad de diseñar estrategias de acción articuladas de mayor alcance espacial y temporal.

Organizaciones religiosas de diferentes denominaciones realizan también acciones de promoción y defensa de derechos y territorios a nivel global. Congregaciones y organizaciones católicas que tienen estatus consultivo ante las Naciones Unidas, u organizaciones católicas relacionadas con el “Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral” de la Santa Sede o con el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) articulado con el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) también ha manifestado su preocupación sobre los temas ecológicos y ambientales desde años atrás, y son precursores de múltiples iniciativas que hoy coinciden en el escenario de conflictos por la posesión y uso del suelo y el subsuelo.

La realidad muestra que sacerdotes y pastores, religiosas (os) y misioneros, comparten la preocupación por el auge del fenómeno extractivista y ya sea a nivel local o a global, existen experiencias y aproximaciones que pueden nutrirse si se les permite encontrarse y dialogar. La problemática no es asunto solo del cristianismo. En la defensa de los territorios y los derechos humanos se encuentran involucradas también personas de organizaciones de diferentes religiones o con opciones éticas afines. Es importante que progresivamente puedan ampliarse los espacios de diálogo a esta diversidad de actores.

Para el mundo Católico la publicación de la Encíclica Laudato Si’ (24.05.2015) ha abierto un camino de oportunidades y esperanza para el trabajo en defensa y promoción de los derechos ambientales, las implicancias teológicas y pastorales recién están siendo exploradas. La Encíclica inspira a creyentes y no creyentes a concretar formas efectivas de acción del cuidado de los bienes de la Creación, desde la espiritualidad, de un modo inédito y marca así un hito histórico.

En varios casos en que las comunidades locales defienden activamente sus derechos y territorios de cara a las empresas mineras (o los proyectos relacionados) hemos identificado que están emergiendo nuevas propuestas y prácticas de organización social y económica basadas en la solidaridad, el respeto al ambiente y la democracia. Estas experiencias que surgen incluso en medio de complejos conflictos, son referentes vitales para la construcción de paradigmas alternativos al actual basado en la destrucción de la Creación y la acumulación ilimitada de poder, bienes y recursos mediante el despojo.

Los esfuerzos por organizarnos y trabajar en red han sido motivados por la urgencia de reflexionar nuestra fe, buscar respuestas conjuntas e intercambiar experiencias y saberes, para hacer frente a los desafíos de una, cada vez más agresiva, industria minera extractivista y depredadora que atenta contra la naturaleza, el medio ambiente, la cultura y la vida de muchas de nuestras comunidades.

Nuestro primer encuentro en Lima (Perú) en noviembre-2013, subrayó la importancia de la organización de las iglesias ‘de base’, del intercambio entre comunidades cristianas y del debate sobre estos temas también en el ámbito de los diversos espacios de coordinación de cada una de las iglesias.

En diciembre-2014, Iglesias y Minería se reunió en Brasilia, con un grupo más articulado, profundizamos temas como la violencia socioambiental de la minería, la articulación internacional para el diálogo, la incidencia, el diálogo entre comunidades cristianas, los aportes de la educación popular, la reflexión bíblico-pastoral y la comunicación.

En Brasilia participaron 90 personas de 14 nacionalidades diferentes. La convocatoria fue hecha por la Conferencia de Obispos del Brasil con el apoyo de United States Conference of Catholic Bishops y entidades internacionales como CAFOD, MISEREOR, CIDSE, Franciscans International, Development and Peace.

En Mayo 2015, se publicó el video “Iglesias y Minería”, en Portugués, Español e Inglés (En los primeros nueve meses ha tenido más de 10 mil visualizaciones). Hemos producido colectivamente, publicado y divulgado documentos de reflexión crítica sobre algunas iniciativas de las empresas que buscan el apoyo de la iglesia institucional y estamos conformando una red de comunicación alrededor de estos temas de interés para la sociedad.

En noviembre-2015, las entidades impulsoras de la red se reunieron en Bogotá para analizar los avances, limitaciones y desafíos de nuestro trabajo en red. Allí fuimos configurando algunas de las características de nuestro trabajo como red:

  • Somos una red ecuménica, constituida por instituciones eclesiales, comunidades religiosas, agentes pastorales, obispos y pastores de varios países de América Latina.
  • Nos organizamos y coordinamos acciones compartiendo corresponsablemente las diversas tareas de manera democrática y horizontal.
  • Según la metodología del trabajo solidario en red, la coordinación y animación la practicamos de manera rotativa, poniendo en común nuestras potencialidades, capacidades y experticias.
  • Cada proceso o iniciativa cuenta con los niveles básicos y necesarios de organización y animación específica. Los animadores o coordinadores tienen la misión de motivar, provocar, convocar, dinamizar y promover la participación y las iniciativas.
  • Compartimos y hacemos uso de diversos instrumentos de intercomunicación, diálogo, debate y producción colectiva de propuestas y proyectos.
  • Nos iluminan las reflexiones y aportes que sobre el Cuidado de la Creación y las industrias extractivas ha hecho el Papa Francisco, el PCJP, el CELAM, la CLAR, la Familia Franciscana, la Compañía de Jesús, los Combonianos, los Columbanos, entre otros. Igualmente resaltamos los documentos y aportes teológicos del CLAI, de los Presbiterianos, Luteranos, Anglicanos y otras confesiones religiosas.