Unas 300 familias de Piquiá de Baixo ubicadas en Açailândia – estado Maranhāo-BRASIL, llevan adelante una lucha, desde hace más de 25 años, para poner fin a la contaminación ambiental causada por las industrias siderúrgicas ubicadas junto a sus viviendas. Entre estas empresas minero metalúrgicas contaminantes se encuentra la poderosa Vale.
Este 27 de febrero en Ginebra, representantes de la comunidad de Piquía de Baixo, sostuvieron un encuentro con los Relatores Especiales de la ONU para analizar este caso. Uno de los documentos presentados en esta reunión fue el que elaboraron la Federación Internacional de Derechos Humanos, Justicia Global y la Red Justicia en los Rieles (Justiça nos Trilhos): «Cuánto valen los derechos humanos? Los impactos sobre los derechos humanos con relación a la industria minero-siderúrgica en Açailândia», que analiza los daños causados por las actividades de Vale y empresas vinculadas en materia de salud en las comunidades de Piquiá de Baixo y del asentamiento California en el estado Maranhāo y le insta, así como a sus socios, a poner fin a la contaminación ambiental en la zona.
Joselma Alves de Oliveira, dirigente de Piquiá de Baixo, nos narra que «muchas de las familias afectadas viven en su pueblo desde los años ’60, mientras las empresas se instalaron en sus tierras al final de los años ’80. Desde esa fecha, afirma, el humo tóxico, toneladas de residuos candentes de los minerales, polución sonora, polvo, diversas enfermedades que afectan la piel, las vías respiratorias y toda la salud de los comuneros pasaron a formar parte de nuestra vida cotidiana. El territorio de nuestra región cambió profundamente, las madres con sus hijos pequeños y los ancianos son los que más sufren los efectos de la contaminación. Los que pueden abandonan el barrio, pero eso implica en la fragmentación de las familias y comunidad».
Por parte, el padre Dário Bossi, miembro de la “Red Justicia en los Rieles” y de la red continental “Iglesias y Minería”, indica que como producto de la movilización permanente de las comunidades afectadas por la contaminación, actualmente está en marcha un proceso de reubicación de cerca de unas 300 familias de la comunidad de Piquiá de Baixo, hacia una nueva zona de residencia. Sin embargo, las familias afectadas consideran que no basta con la reubicación física, es necesario que se garanticen indemnizaciones adecuadas, y que en la nueva localidad los comuneros cuenten con las garantías de salud, educación, recreación y vida sana.
