El día 27 de febrero, la Sra. Joselma de Oliveira, una mujer brasileña que representa a más de 300 familias de la comunidad de Piquiá de Baixo, víctimas de la contaminación ambiental producida por los proyectos mineros y las empresas siderúrgicas edificadas en Açailândia (MA, Brasil) veinte años atrás, presentó nuevas informaciones y actualizaciones sobre esta situación al equipo de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que actúa en el caso y a la Misión Permanente de Brasil en la ONU.
La Sra. Joselma señaló la falta de medidas concretas orientadas a reducir los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud de la comunidad y habló también de la falta de avances en las medidas de reparación que son parte del proyecto de reasentamiento colectivo pactado entre el Estado, la comunidad afectada y las empresas responsables. Durante su testimonio ha sido asesorada por representantes de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y por el Misionero Comboniano p. Dário Bossi, Misionero Comboniano, miembro de la red “Iglesias y Minería”.
Después de esta reunión, la señora Joselma y el P. Dário continuarán su viaje de advocacy en Europa con otras dos actividades. Primeramente tratarán de las consecuencias de la producción de arrabio sobre la salud con el Istituto dei Tumori, institución europea que realiza investigaciones sobre las enfermedades provocadas por la contaminación ambiental. La Asociación Comunitaria de los Habitantes de Pequiá solicitó la colaboración del Istituto, que llevó a la publicación de este estudio sobre la salud de los habitantes del barrio.
Posteriormente está programado un encuentro en el Vaticano con el Card. Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, sobre la necesidad de apoyo a todas las comunidades que sufren los violentos impactos de la minería en América Latina.
Más informaciones sobre el caso:
Piquiá de Baixo es una localidad donde viven cerca de 1.100 personas, en el Estado de Maranhão, donde altos niveles de emisiones gaseosas y aguas contaminadas son liberadas por empresas de producción de arrabio y acero que operan muy cerca de las casas.
Desde más de veinte años los habitantes son víctimas de enfermedades respiratorias, de los ojos y de la piel, canceres de diferentes tipos y accidentes provocados por las actividades industriales que no respetan medidas de seguridad y de respecto para la salud.
Durante los últimos diez años la comunidad ha luchado para obtener una inmediata reparación de los daños sufridos, la mitigación de la contaminación ambiental y el reasentamiento colectivo en un área limpia y que ofrezca buenas condiciones de salud.
Las organizaciones FIDH, Justicia Global y Justiça nos Trilhos han publicado en 2011 un Informe sobre el caso de Piquiá de Baixo y desde entonces están apoyando a la comunidad para que sean atribuidas las responsabilidades de los causantes de esa situación y para la reparación de las violaciones identificadas.
En 2014, Procedimientos Especiales de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Transnacionales y otras empresas enviaron una Comunicación Oficial al Gobierno de Brasil pidiendo informaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos que afectan la comunidad.
Para informaciones y contactos: Dário Bossi / Whatsapp: +55 99 99195.5952
