“El fracking contamina el agua y no existe ningún método en el mundo que permita eliminar los tóxicos y radioactivos de las aguas residuales.”
40 organizaciones ambientalistas y sindicales, sectores académicos y procesos sociales de defensa del territorio articuladas en La Alianza Colombia Libre de Fracking, han solicitado al presidente de Colombia Juan Manuel Santos declare la moratoria a la técnica de fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, más conocida como fracking con el objetivo de prohibirla definitivamente y suspender los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que actualmente utilizan esta técnica.
En la carta enviada el martes 21 de marzo, las organizaciones aseveran que “A pesar de todos los potenciales daños que pueden ser causados por el fracking, el panorama en Colombia es desalentador. Actualmente, al menos, trescientos (300) municipios del país están en riesgo potencial en por lo no menos 43 bloques destinados para exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Varios de estos bloques están ubicados en las cercanías a Bogotá, algunos de ellos en los alrededores de los páramos de Chingaza y Sumapaz”, advirtieron las organizaciones ambientalistas.
“Esta técnica genera la contaminación del agua potable, tanto subterráneos como superficiales, debido a la gran concentración de sustancias químicas que se utilizan en la perforación. Y que no existe ningún método en el mundo que permita eliminar los agentes tóxicos y radioactivos de las aguas residuales”, señalaron.
A pesar de esta advertencia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció la futura explotación de varios bloques petroleros alrededor del páramo de Sumapaz y en el Parque Natural Chingaza, el ecosistema que suministra la mayor parte del agua que consume Bogotá. Asegurando que a pesar de los riesgos que conlleva, el fracking parece ser el futuro de la industria petrolera en Colombia. Se estima que el gobierno tiene dispuestos ya 43 bloques para explotar hidrocarburos, mediante esa controvertida técnica de asimilación hidráulica, según informa aimdigital.com.ar
La situación es alarmante -comentó contagioradio.com- debido a que si se practica esa polémica técnica se pone en grave peligro el Páramo de Sumapáz, el más grande del mundo, una de las fuentes hídricas más importantes del país y la despensa agrícola de la capital. A su vez, la amenaza sobre el Páramo de Chingaza pone en riesgo el 80% del agua potable de Bogotá.
En una breve pero contundente demostración, las organizaciones ambientalistas demuestran el impacto en la salud pública que podría generar la técnica del fracking en Colombia, además de alertar al gobierno del aumento de los conflictos socio-ambientales, poniendo en riesgo la gobernanza del agua en el país.
La carta dirigida al presidente de Colombia Juan Manuel Santos, le recuerda que la obligación del Estado colombiano es garantizar el acceso al agua, así como atender los compromisos internacionales sobre la protección de fuentes hídricas, que se encuentran en instrumentos como la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, la jurisprudencia de tribunales como la Corte Internacional de Justicia y los principios del derecho internacional ambiental.
El texto enviado por las organizaciones recuerda al presidente que “Los cambios en el acceso y la vocación productiva del suelo, derivados de los proyectos de fracking, van en contravía de la Reforma Rural Integral que forma parte del Acuerdo de Paz y que actualmente está en proceso de implementación, y de principios como la participación de las comunidades y el desarrollo sostenible para proteger y promover el acceso al agua”.
Las 40 organizaciones que integran La Alianza Colombia Libre de Fracking, entre las cuales está la Red Iglesias y Minería, urgen al Gobierno “a tomar en serio las obligaciones legales y constitucionales de protección del ambiente, que se estarían incumpliendo si se adelantan las actividades mencionadas”.
Finalmente le recuerdan al gobierno colombiano que es importante considerar alternativas menos contaminantes para generar energía, así como estrategias diferentes para revitalizar realmente el crecimiento económico en el campo colombiano, que no implican prácticas agresivas como el fracking.
