El Nodo peruano de la Red Iglesias y Minería realizó un balance de la grave crisis por la que atraviesan los pobres, sectores populares y los trabajadores de dicho país frente a las medidas que las empresas y el gobierno implementan frente a la pandemia del COVID 19.
En el pronunciamiento: Abandonemos la tentación de volver a la normalidad, recuperemos «la armonía entre creador, la humanidad y todo lo creado», exige no volver a la normalidad que nos ha conducido a la crisis en que nos encontramos. Recalca que las decisiones actuales respecto a la economía conllevan a ello. Debemos mirar nuestro futuro “a través de los ojos de los pobres y de los que sufren”, y “escuchar el clamor de la gente que sufre y las heridas causadas a la naturaleza misma, sobre-consumida y sub-valorizada por la economía global actual”:
ABANDONEMOS LA TENTACIÓN DE VOLVER A LA NORMALIDAD, RECUPEREMOS “LA ARMONÍA ENTRE CREADOR, LA HUMANIDAD Y TODO LO CREADO[1]”
El mundo vive una situación de crisis social y económica por la pandemia del COVID 19 y en particular nuestro país, con más de 200 mil casos positivos y 5903 fallecidos al día 87 de la emergencia sanitaria. Lamentablemente la “meseta” en la que la pandemia habría entrado según el gobierno, fue desmentida por la situación de colapso en que aún se encuentran los centros de salud a nivel nacional.
“Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro”[2] ha dicho Papa Francisco sin ser escuchado. A la crisis que vivimos en Perú, se han sumado 821 casos positivos “oficiales” que se han producido en el sector minero sólo en la etapa de funcionamiento de “actividades esenciales” y en la primera fase de la “reactivación económica”, según lo que ha reportado el Ministerio de Energía y Minas, y pese a la existencia de protocolos para dicha actividad extractiva.
Pese a ésta grave situación que compromete la salud de trabajadores, deben suscribir declaraciones juradas que restan responsabilidad a las empresas mineras al retornar a sus labores, y que afecta a poblaciones y comunidades locales, cuyos casos de COVID 19 se habrían presentado por el contacto con trabajadores, el gobierno ha decidido iniciar la segunda fase de la “reactivación económica” que incluye todas las actividades mineras pendientes, de la gran, mediana y pequeña minería, en particular la exploración minera.
Respecto de ello, la Confesión de Accra proclama que “Dios ha sellado un pacto con la creación en base de una visión de justicia y de paz”. “El pacto es un don de gracia que no se vende en el mercado”[3]. Se trata de “un pacto incluyente en el cuál los pobres y los marginados son las partes preferentes, y en éste caso se incluye a toda la creación[4]”
Sin considerar éstas proféticas expresiones, en la primera fase de la reactivación se autorizaron 40 proyectos mineros, y en la segunda se anuncian 340 ya habilitados en un momento en que, además de las preocupación por el COVID 19, hay denuncias de Comités de Monitoreo y Vigilancia y de Comunidades Campesinas y Nativas de impactos ambientales en sus ríos y en el ambiente, generados ante la falta de fiscalización ambiental de las actividades mineras autorizadas por el gobierno, lo que se agudiza con la resolución de OEFA que increíblemente aplaza la exigibilidad del pago de multas impuestas por éste organismo.
En particular mostramos nuestra preocupación, por la decisión del gobierno de avanzar con la exploración minera en la fase 2 de la “reactivación económica”, más aún cuando el Ministerio de Energía y Minas ha propuesto un decreto supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, en el que plantea una “flexibilización” de los marcos establecidos, eliminando la “calicata” como componente de dicha etapa incluyéndola como parte del proceso de cateo y prospección, que no requiere permisos ni de la población ni de las comunidades según nuestro ordenamiento, con el riesgo de afectar el derecho a la tierras y territorios de propiedad o en posesión ancestral de nuestras comunidades y pueblos originarios, afectado derechos colectivos como la consulta previa agudizando la posibilidad de desatar mayor conflictividad social.
La norma también, entre otras medidas, facilita el “otorgamiento de autorizaciones de exploración por fases”, lo que no tiene sustento legal, y restringe las exigencias ambientales a las operaciones de exploraciòn minera, estableciendo como “mínimo” lo recogido en esta norma que solo es un Reglamento, y las adecua según las exigencias de cada proyecto de exploración, restando rigurosidad y certidumbre cuando hablamos de instrumentos de Gestión Ambiental.
Estas decisiones son seriamente interpeladas por la Encíclica Laudato Si de Papa Francisco que ha cumplido su 5to aniversario, y por los Obispos de América Latina a quienes preocupa “la lógica economicista que impone este paradigma tecnocrático que se sostiene en el principio de que toda actividad humana no tiene otra finalidad que la de producir y consumir, fijar un precio y obtener beneficios monetarios; desplazando a un segundo plano el derecho de toda persona a una vida digna”[5] (DMCCC N° 29).
Por todo ello demandamos no volver a la normalidad que nos ha conducido a la crisis en que nos encontramos. Las decisiones respecto a nuestra economía conllevan a ello. Debemos mirar nuestro futuro “a través de los ojos de los pobres y de los que sufren”, y “escuchar el clamor de la gente que sufre y las heridas causadas a la naturaleza misma, sobre-consumida y sub valorizada por la economía global actual”, “que permite un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza política y militar[6]”, señala la Confesión de Accra.
En ese sentido, hacemos un llamado a nuestras Iglesias a asumir la exigencia de fortalecer nuestro rol profético de denuncia ante la coyuntura, ser verdaderas “Iglesia en salida[7]” que acompañen a sus pueblos hacia un cambio de paradigmas donde el amor a los demás sea el centro, y al gobierno que asuma su rol garante de derechos con transparencia en la información, apoyando a las organizaciones sociales y populares y agricultores familiares locales, en su rol de afrontar el COVID 19, y fortalecer la seguridad alimentaria ante la crisis que se avecina, priorizando la vida humana y la naturaleza desde la ecología integral, y evitando tomar decisiones que ponen por encima al dinero y los intereses económicos que presionan para ello.
Lima, 10 de Junio de 2020
[1] Encíclica Laudato Sí N° 66, Papa Francisco. Roma, Junio 2015.
[2] Mensaje de Papa Francisco a los Movimientos y Organizaciones Populares. Roma, Abril 2020.
[3] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.
[4] Os 2, 18 y ss.
[5] Carta Pastoral “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común” (DMCCC) N° 29. Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Bogotá, Enero 2018.
[6] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.
[7] Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Papa Francisco. Vaticano, Noviembre 2013. N° 20
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