El nodo Perú de la Red Iglesias y Minería señala en pronunciamiento público que frente a la pandemia del COVID 19 y a la promocionada «reactivación económica» es ejemplar el comportamiento solidario de las y los peruanos, que «pese a no encontrar las respuestas que necesitan de parte del Estado, han salido adelante practicando el verdadero sentido de la solidaridad que es “la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde” (EG 189); articulándose, uniéndose para resolver sus problemas, con ollas comunes y comedores, con la agricultura familiar en nuestras comunidades campesinas para la seguridad alimentaria, poniendo todo en común como nuestras primeras comunidades cristianas “con alegría y generosidad”(Hch 2, 46-47), además de lograr los fondos para adquirir las plantas de oxígeno necesarias ante la pandemia».

Haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, señalan que las personas son más importantes que la economía. «Por ello, nos preocupa que en estas circunstancias de pandemia, se estén dictando diversas normas que flexibilizan la actividad minera, entre ellas, el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera y el Reglamento de Procedimientos Mineros, eliminando exigencias ambientales, aplicando el silencio administrativo positivo para las fichas técnicas ambientales (FTA) en favor de las empresas, evitando el ejercicio del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, facilitando la ampliación de procesos de exploración sin fiscalización ambiental previa y sin considerar los impactos acumulativos en proyectos otorgados en una misma área de influencia».

Finalmente subrayan:  “creemos que Dios nos llama a ponernos del lado de las víctimas de la injusticia”, “a rendir cuentas de la esperanza”, como cita la Confesión de Accra, priorizando la búsqueda del bien común, no en el sentido de un sistema económico que comparte lo que “chorrea” luego de aportar a grandes intereses económicos, sino en la perspectiva de la doctrina social, que prioriza la dignidad humana, que la encontramos en el respeto a los derecho de todas/os, pero en particular en la opción por los pobres, que es lo que define al bien común:

PRONUNCIAMIENTO:

POR UNA VIDA PLENA PARA TODOS
“Vivimos bajo la promesa de que Jesucristo vino para que todos
tengan plenitud de vida” (Jn. 10,10)

A 50 días del desconfinamiento iniciado en el Perú, lamentamos haber llegado a ser el segundo país en el mundo con mayor cantidad de fallecidos por número de habitantes.

Ante esa realidad, saludamos desde el Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería que, luego de la crisis política, el gobierno a través del Premier Walter Martos haya priorizado ante todo resolver la crisis sanitaria que está produciendo el COVID-19 en el Perú, indicando que, frente a la reactivación económica y el aumento de la pandemia, “no podemos intensificar más los contagios”.

Saludamos también como las y los peruanos, pese a no encontrar las respuestas que necesitan de parte del Estado, han salido adelante practicando el verdadero sentido de la solidaridad que es “la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde” (EG 189); articulándose, uniéndose para resolver sus problemas, con ollas comunes y comedores, con la agricultura familiar en nuestras comunidades campesinas para la seguridad alimentaria, poniendo todo en común como nuestras primeras comunidades cristianas “con alegría y generosidad”(Hch 2, 46-47), además de lograr los fondos para adquirir las plantas de oxígeno necesarias ante la pandemia.

Consideramos que este momento es fundamental para volver a centrar la preocupación del gobierno en la salud, como ha dicho Papa Francisco al respecto: “Las personas somos más importantes que la economía”. No se podía avanzar en la fase 4 de la reactivación económica en estas condiciones. Resaltamos en ese sentido la iniciativa “Resucita Perú Ahora” de la Conferencia Episcopal que convoca a las Iglesias, universidades y sociedad civil para unir esfuerzos desde la fe y la ciencia para priorizar la atención de la salud integral, alimentación y medios de vida en particular de los más pobres, excluidos y vulnerables.

Es importante también generar ingresos para la población, pero con protocolos adecuados, que tengan una debida fiscalización en su aplicación, respetando y garantizando los derechos de nuestros pueblos sin ponerlos en riesgo, como ha ocurrido con la minería, que al mes de agosto ya contaría con más de 10000 contagiados, según información de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú, afectando en particular a comunidades y poblaciones de zonas rurales ubicadas en zonas mineras.

Por ello, nos preocupa que en estas circunstancias de pandemia, se estén dictando diversas normas que flexibilizan la actividad minera, entre ellas, el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera y el Reglamento de Procedimientos Mineros, eliminando exigencias ambientales, aplicando el silencio administrativo positivo para las fichas técnicas ambientales (FTA) en favor de las empresas, evitando el ejercicio del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, facilitando la ampliación de procesos de exploración sin fiscalización ambiental previa y sin considerar los impactos acumulativos en proyectos otorgados en una misma área de influencia.

Frente a ésta situación y al previsible incremento de la conflictividad social, consideramos fundamental la ratificación en el Congreso de la República del “Acuerdo de Escazú”, por la necesidad de generación de información adecuada y oportuna, participación y consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en materia ambiental, y la necesaria garantía de derechos para las defensoras y defensores de derechos ambientales, que en muchos casos han fallecido o han resultado heridos o criminalizados por el solo hecho de defender los derechos de sus pueblos.

Finalmente, “creemos que Dios nos llama a ponernos del lado de las víctimas de la injusticia”, “a rendir cuentas de la esperanza”, como cita la Confesión de Accra, priorizando la búsqueda del bien común, no en el sentido de un sistema económico que comparte lo que “chorrea” luego de aportar a grandes intereses económicos, sino en la perspectiva de la doctrina social, que prioriza la dignidad humana, que la encontramos en el respeto a los derecho de todas/os, pero en particular en la opción por los pobres, que es lo que define al bien común.

Lima, 18 de agosto de 2020

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) / RED MUQUI Perú / Red Uniendo Manos Perú / Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA) / Instituto Bartolomé de las Casas (IBC) / Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) / Asociación Marianista de Acción Social (AMAS Otuzco) / Parroquia de San Mateo (Diócesis de Chosica) / Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF Cusco) / Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES Cajamarca) / Proyecto Amigo (Huamachuco) / Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier (Jaén) / Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo / Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú (CONFER) / Comisión de Justicia Social – Diócesis de Chimbote / Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú (AGEUP) / Paz y Esperanza / Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado / Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú / Área de Justicia y Paz – Diócesis de Chulucanas / Pastoral Social de Dignidad Humana – Arzobispado de Huancayo / Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV).