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l Estado brasileño será cobrado por las violaciones de derechos acontecidas en Piquiá de Baixo (Açailândia/MA). Recomendaciones serán presentadas en informe, en la 45ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos (CDH), este viernes (18/09) a las 10h, en la en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, con la transmisión al vivo a través de la UN TV. Baskut Tuncak, relator especial en el área de “Implicaciones de la gestión y la eliminación ambientalmente racional de substancias y residuos peligrosos” hasta julio de 2020, estuvo en Brasil en diciembre de 2019, visitando comunidades impactadas, entre ellas, Piquiá de Baixo.
El informe completo de la visita será presentado por el chileno Marcos Orellana, actualmente relator de la ONU sobre gestión de substancias y residuos peligrosos, que presentará el análisis y las recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con base en el levantamiento de Baskut. Además del caso de Piquiá de Baixo, el Gobierno de Brasil también será demandado por las medidas tomadas en relación a los crímenes ambientales en las comunidades mineras de Brumadinho y Mariana y la utilización indiscriminada de agro-tóxicos en el país.
Piquiá sufre hace más de treinta años por la contaminación incesante provocada por las empresas de minería y siderurgia instaladas en la región a través del Programa Grande Carajás, implementado por la de entonces Compañía Vale do Rio Doce, hoy Vale S.A. El caso de la comunidad es emblemático y ya fue tema otras dos veces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) interpeló formalmente al Gobierno Brasileño, sobre las violaciones de los derechos en la comunidad, por medio de una carta de cuatro Relatores Especiales con diez preguntas solicitando informaciones sobre “contaminación y envenenamiento” en Piquiá de Baixo. Por la segunda vez, el Gobierno de Brasil, será demandando por la forma en que ha tratado las violaciones de derechos humanos en la comunidad.
El Consejo de Derechos Humanos es el órgano creado por Estados- Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de reforzar la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el planeta. La 45ª Sesión Ordinaria del Consejo acontecerá entre los días 14 de septiembre y 06 de octubre de 2020. A consecuencia de la pandemia de COVID-19, acontecerá en formato híbrido: El Consejo de Derechos Humanos dialogará y deliberará por medio de videoconferencia y por vídeos grabados. La sesión será transmitida en directo a través de la UN TV.
Foto: Marcelo Cruz
En visita a Brasil, el relator Baskut Tuncak estuvo en el barrio de Piquiá de Baixo y escuchó a los residentes sobre los impactos y violaciones causados por las siderúrgicas y por la empresa Vale en la comunidad marañense. Al final de su estancia en el país, participó de una conferencia de prensa en Brasilia, donde compartió observaciones preliminares de su visita a Piquiá de Baixo y demás comunidades.
“Las dificultades del pueblo de Piquiá de Baixo, sufriendo los impactos del transporte y del procesamiento del mineral de hierro, literalmente en sus patios de atrás, representa uno de los casos más audaces de un grupo empresarial que opera en total falta de respeto a los derechos humanos y, al mismo tiempo, la increíble historia de una comunidad que continua luchando por sus derechos humanos”, afirmó.
En lucha hace más de 10 años para el reasentamiento lejos de la contaminación, la comunidad pudo ver el nuevo barrio “Piquiá de la Conquista” ganar forma a partir de noviembre de 2018. Sin embargo, las obras ya iniciaron amenazadas: hubo cortes significativos en el programa federal Mi Casa Mi Vida, del cual proviene la mayor parte del recurso para la construcción del reasentamiento de la comunidad. Sobre el asunto, Tuncak puntuó: “La toma de acciones urgentes por parte del gobierno brasileño es necesaria para garantizar la continuación del programa Mi Casa Mi Vida, bien como contribuciones consistentes y rápidas del gobierno y de las empresas involucradas, para atender los deseos de los miembros de la comunidad que optaron por ser removidos de las condiciones de vida incuestionablemente tóxicas y a las cuales fueron forzados a aguantar durante décadas”.
El nuevo relator, Marcos Orellana, estuvo presente de forma remota en el V Fórum Regional de Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, realizado en el último jueves, 10 de septiembre, que reunió líderes comunitarios de cuatro países de América Latina, entre ellos Brasil, con la participación de la comunidad de Piquiá de Baixo. La sesión paralela do Fórum tenía como tema “Estrategias de la Sociedad Civil para responder los impactos de las actividades extractivas sobre Derechos Humanos en el contexto de la pandemia”.
Foto: Marcelo Cruz
Wanderberg Menezes de Oliveira, educador social y residente de Piquiá de Baixo, trajo el relato sobre los impactos durante el Fórum e hizo un apelo al relator: “El 7 de diciembre del año pasado, en su visita a Brasil, el relator especial de residuos tóxicos Baskut Tuncak estuvo en nuestra comunidad para conocer nuestra lucha […] nosotros, vecinos de Piquiá de Baixo y todas las familias que esperan por sus casas, pedimos que la preocupación del relator que nos conoce personalmente también sea la preocupación del señor Marcos Orellana. Esperamos que el relator especial de la ONU nos apoye en nuestra lucha”.
Sobre la 45ª Sesión Ordinaria del Consejo
Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDHs) que no estuvieron presentes en Ginebra participarán a través de vídeos previamente grabados. De esta forma, la 45ª Sesión funcionará en modo reducido, sin la realización de eventos paralelos físicos y sin los importantes espacios de reuniones bilaterales y consultas informales con diplomáticos, ONGSs, INDHs y representantes de la propia ONU.
Las negociaciones de los proyectos de resoluciones serán también reducidas, una vez que algunas delegaciones decidieron presentar sus proyectos en sesiones futuras.
Comunidades de la Grande Isla de São Luís: Taim, Cajueiro y estudiosos de Maranhão fueron escuchadas
Baskut Tuncak estuvo en São Luís, el día 09 de diciembre y escuchó investigadores y representantes de los movimientos populares y comunidades impactadas por la cadena de producción de la minería. En la ocasión, residentes de la zona rural de la capital, que sufren con el alto índice de contaminación, relataron cómo los contaminantes han afectado la vida humana, fauna y flora en la Gran Isla de São Luís. Los saberes y relatos de las dificultades para sobrevivir en estas áreas, junto con los estudios de los especialistas ilustraron la realidad de las regiones impactadas.
Un breve histórico sobre el reasentamiento de Piquiá de Baixo
Piquiá de Baixo es uno de los barrios más antiguos del municipio de Açailândia (Estado de Maranhão), su ocupación remonta a la década de 1950. A final de los años 80, a partir de la instalación de siderúrgicas y de la Ferrovía de Carajás, sus residentes pasaron a convivir con la polución causada por las operaciones de minería de la Vale S.A. y de la producción de arrabio, acero, cemento y energía termoeléctrica de las empresas siderúrgicas que se instalaron en la comunidad en el contexto del Programa Grande Carajás. A partir de 2008, organizados en asociación, los vecinos optaron por el reasentamiento colectivo e por reivindicar otras medidas de reparación integral por los daños sufridos.
A partir de una inmensa movilización popular, con ocupaciones de la autopista BR222, en las entradas de las siderúrgicas, denuncias a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Piquiá alcanzó visibilidad y apoyo a nivel nacional e internacional, la Asociación Comunitaria de Vecinos de Piquiá (ACMP)consiguió llevar las empresas, consideradas responsables por las violaciones socioambientales, a una mesa de larga negociación extrajudicial, mediada por el Ministerio Público Estatal y la Defensoría Pública Estatal de Maranhão.
Entre 2007 y 2012, la lucha de la comunidad fue para conformar una mesa de negociaciones donde estuvieran presentes las empresas siderúrgicas, Vale S.A., el Municipio y el Estado. Se firmaron algunos convenios, pero sólo en 2013 la Asociación tuvo las condiciones técnicas y financieras para presentar el proyecto del reasentamiento para la aprobación del Ayuntamiento local. En 2014, el proyecto básico fue presentado y aprobado por la Caixa Econômica Federal; en 2015 fue seleccionado por el Ministerio de Ciudades que garantizó alrededor del 60% de los recursos (públicos) necesarios para construir el nuevo barrio, que ya tiene nombre registrado: Piquiá de la Conquista.
El terreno para el reasentamiento se obtuvo después de una larga batalla en una acción judicial de expropiación, concluida en 2015. El nuevo espacio deberá recibir toda la infraestructura a la que tienen derecho las familias; El costo total de la obra se estimó en más de 29 millones de Reales Brasileños, de los cuales solo 2 millones y 130 mil (7,5%) fueron aportados por empresas siderúrgicas, a través de la Unión de Industrias del Hierro del Estado de Maranhão (SIFEMA). Está siendo todavía aportado un valor de la Vale S.A. y Fundación Vale, por el monto total de 6 millones y 240 mil Reales(22%).
A finales de 2018 se iniciaron las obras del nuevo barrio, que se espera albergue 312 familias. Debido a la demora y burocracia en la aprobación del proyecto ejecutivo del nuevo barrio, las obras ya se iniciaron con un desfase de recursos de alrededor de 3 millones de Reales, ya que entre el período de cálculo de los valores materiales y el inicio de las obras los materiales de construcción habían subido de precio, pero la transferencia de valores por parte del programa Mi Casa Mi Vida del gobierno federal no se actualizaron estos aumentos.
Para cubrir este desfase en las obras, la Asociación Comunitaria de Vecinos presentó varias demandas de compromiso por parte del poder público municipal y el Gobierno del Estado, entendiendo que son corresponsables de las violaciones de derechos en la comunidad, ya que la licencia de operación de las empresas y la inspección la llevan a cabo las autoridades públicas. A fines de 2019, el municipio de Açailândia realizó una inversión de 1 millón de Reales, referente a un recurso CFEM (Compensación Financiera por la Exploración de Recursos Minerales). Ya el gobierno estatal siempre ha alegado falta de recursos. La Asociación también presentó una demanda a la empresa Vale para cubrir la diferencia en los costos de las obras, pero hasta el momento no se ha hecho ninguna contribución al respecto.
En marzo de 2020, la comunidad de Piquiá sufrió una inundación que desalojó a 253 personas y destruyó 25 viviendas, en paralelo a la llegada de la nueva pandemia de coronavirus, haciendo con que las obras quedasen paralizadas durante más de 100 días. Con la paralización y el aumento constante de los materiales de construcción (según una encuesta de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción – CBIC- la mayoría de los ítems subieron hasta un 10%), la obra de Piquiá da Conquista debe cubrir ahora también los gastos relacionados con los impactos de la pandemia con un móntate total de otros 315.817,82 Reales. Los moradores esperan que el informe presentado el próximo viernes refuerce junto con las autoridades públicas la necesidad de atención al proceso de reasentamiento de la comunidad.
