Obispos y directivos de la Pastoral Social Cáritas de Ecuador, denuncian la persecución y judicialización que están sufriendo personas humildes que defienden la naturaleza y las fuentes de agua, particularmente en las comunidades de Fierrourco y la parroquia de Gualel, donde empresas mineras amenazan con realizar actividades extractivas.
En comunicado público, firmado por los obispos de Loja y de Puyo, así como por los directivos de Cáritas, la Red Nacional de Pastoral Ecológica (RENAPE) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), dan a conocer su preocupación porque, grupos empresariales, conjuntamente con algunas autoridades se dedican a perseguir y judicializar a personas humildes, pobres y vulnerables, que defienden su territorio y las fuentes de agua.
La Pastoral Social Cáritas y el conjunto de la iglesia católica de Ecuador, animada por el Evangelio y la Encíclica Laudato Sí, ha logrado sensibilizar a muchas personas y comunidades sobre la responsabilidad del cuidado de la naturaleza, el medio ambiente y el conjunto de la Casa Común, indican los religiosos. Pero, en la provincia de Loja, luego de perseguir y judicializar a cuatro hermanos activistas, “lamentablemente hoy se busca relacionar a diez personas más, miembros de las comunidades de Gualel.”
“Ante estos procesos judiciales que son completamente injustos, pedimos urgentemente encontrar soluciones al problema sin perjudicar a nadie. Rechazamos el uso de la fuerza y el amedrentamiento por parte de las empresas mineras, a fin de provocar miedo. Consideramos, ante todo, el respeto al derecho de expresarnos libremente; el manifestar acuerdos y desacuerdos, no es un delito, sobre todo, cuando la comunidad y naturaleza están en riesgo”.
Los pastores católicos llaman también a los medios de comunicación, que repiten lo que las empresas mineras quieren. “les recordamos que su función es informar de manera imparcial los acontecimientos y no de emitir juicios por afinidades”.
“Como cristianos, NO PODEMOS CALLAR FRENTE A LAS INJUSTICIAS QUE SE COMENTEN A NUESTRO PUEBLO Y A LA NATURALEZA. Por lo tanto, desde todos los rincones del país, Costa, Sierra y Amazonía, nos sumamos a los sentimientos de quienes se sienten afectados; y, exigimos soluciones justas, especialmente para las personas que han sido detenidas y esposadas como si fueran criminales. Ante ello, preguntamos a las autoridades: ¿Se considera como un crimen, el defender el ambiente o la Casa Común?»
Finalmente, en el comunicado se exige “al Estado ecuatoriano mediante el Art. 66 de la Constitución del Ecuador, la prohibición de torturas y otros actos degradantes e inhumanos tratos; como lo que está aconteciendo en Gualel, por parte de los grandes intereses financieros”.
