De cada diez personas muertas por COVID-19 en el mundo, una es de Brasil. El grito de auxilio es más fuerte en la Amazonía, donde la ola de contaminación está dibujando escenarios de indecible degradación y total falta de respeto a la dignidad humana, afirman las iglesias y organizaciones sociales.
Esta denuncia fue presentada el 29 de enero ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por parte de entidades religiosas, obispos y organizaciones sociales de Brasil.
Bajo el argumento de “salvar la economía”, no existieron medidas efectivas para contener la propagación del Covid-19 en la región amazónica. Fruto de esta firme elección para la economía fueron las 945 muertes por coronavirus en Manaos en los primeros 20 días de enero de 2021, casi la misma cantidad que el número de muertos por COVID-19 entre agosto (inicio de la segunda ola) y diciembre de 2020. Sostiene la denuncia presentada en la ONU por este grupo de organizaciones religiosas y sociales.
Dom Leonardo Steiner, Obispo de Manaos
La denuncia afirma también que “la emergencia de hoy se deriva de las decisiones políticas de ayer”. Explica que La Ley de Límite de Gastos, por ejemplo, obstaculiza la inversión pública y contribuye a aumentar las desigualdades al privatizar servicios esenciales para el desarrollo económico, como el saneamiento básico, la educación y la salud. “Consecuentemente las poblaciones más afectadas por esta opción política son las personas negras e indígenas, fortaleciendo así el racismo estructural de nuestra sociedad”, asegura.
Refiere, que una investigación de la Facultad de Salud Pública de la USP y Conectas Derechos Humanos demuestra que “bajo el argumento de la reanudación de la actividad económica a toda costa, existe el compromiso a favor de la propagación del virus en territorio nacional”.
Según otro estudio reciente, publicado en la revista científica The Lancet Respiratory Medicine2, se puede comprobar que “la proporción general de muertes hospitalarias es mayor entre los analfabetos (63%), negros (43%) e indígenas (42%). Las disparidades regionales también son marcadas. En el norte y noreste y las tasas de mortalidad hospitalaria son del 50% y 48%.”
Las iglesias y organizaciones sociales denuncian el descuido de las autoridades públicas, a nivel federal, estatal y municipal, por los hechos presentados y exigen investigaciones y rendición de cuentas.
También hacen un llamado a la acción y denuncia de actores internacionales en la región amazónica, vinculados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) y otros mecanismos de derechos humanos. de Naciones Unidas, considerando que no hay transparencia en la información y menos confianza en las decisiones tomadas por las representaciones políticas en relación a la contención del COVID-19.
Lea la denuncia presentada en la ONU, en Portugués: Discriminação racial no Brasil no contexto da emergência Covid
