Franciscans International y la Red Iglesias y Minería, denuncian en las Naciones Unidas el alarmante retroceso de las leyes y normas de protección ambiental, especialmente con respecto a los procesos de concesión de licencias en el sector extractivo.
El religioso franciscano Fray Rodrigo Péret, en la sesión de apertura del 7° período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental Abierto para la redacción de un Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Corporaciones Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos, señaló en Ginebra, que se requieren acciones de justicia y reparación urgentes: “Ha llegado el momento de actuar: las distracciones, incluidos los pretextos relacionados con las iniciativas nacionales o regionales, y los llamados a otras opciones no sirven a las personas y comunidades que necesitan justicia ahora”.
Compartimos el breve texto de su intervención:
Muchas Gracias.
Esta declaración es en nombre de Franciscans International, en asociación con Iglesias y Minería, una red comprometida con la defensa de las comunidades afectadas por la minería en los países de América Latina.
En primer lugar, nos gustaría felicitarle, señor Presidente, por la presentación del tercer proyecto de LBI. Consideramos que ha habido avances en este proyecto, incluso en lo que respecta a la inclusión de la justicia ambiental. Sin embargo, el proyecto aún puede mejorarse para abordar mejor los desafíos, aun ampliamente prevalecientes, para el acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a recursos efectivos, incluidas las reparaciones.
Desafortunadamente, he sido testigo de repetidos desastres mineros, donde las comunidades quedaron devastadas y con muy pocos recursos. Sin embargo, en muchos casos, en lugar de proteger a las comunidades, las autoridades de los países a menudo dejan de responsabilizar a las empresas cuando sus operaciones afectan el medio ambiente o los derechos humanos.
Los últimos meses han sacado a relucir otras cuestiones relacionadas con las obligaciones empresariales. Uno de ellos es el retroceso de las leyes y normas de protección ambiental, especialmente con respecto a los procesos de concesión de licencias en el sector extractivo, como se observa en varios países, y la regulación de las actividades comerciales que contribuyen directa o indirectamente al cambio climático en este contexto es cuestionable. supervivencia para todos nosotros.
Instamos a todos los Estados a que participen activamente y participen constructivamente en el proceso. Ha llegado el momento de actuar: las distracciones, incluidos los pretextos relacionados con las iniciativas nacionales o regionales, y los llamados a otras opciones no sirven a las personas y comunidades que necesitan justicia ahora.
