Crecen las manifestaciones populares en Chubut, en contra de la prepotencia de sus autoridades que de manera arbitraria buscan imponer una ley de zonificación a favor de las empresas mineras.

Al rechazo de la población de la provincia, se suman diversas voces de instituciones académicas, científicas, sindicales, religiosas y movimientos sociales que defienden el medio ambiente y la democracia.

La población chubutense considera que el gobernador Arcioni les ha traicionado, dado que dicho gobernador triunfó en las elecciones identificado con su pueblo en defensa del hábitat chubutense y contra la megaminería, pero a poco de asumir comenzó a modificar su discurso y ahora defiende la ley pro minería de las multinacionales.

El Nodo Argentino de la Red Iglesias y Minería, que acompaña las movilizaciones en Chubut, nos comparte los pronunciamientos públicos y las muestras de las movilizaciones que rechazan la zonificación que favorece a las mineras. Reclaman igualmente el cese a la represión y piden la solidaridad nacional e internacional para defender el agua, la vida, la naturaleza y el derecho de las comunidades a decidir su futuro.

También el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen -ENDEPA- junto a la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), abraza al Pueblo Chubutense y de manera especial al Pueblo Mapuche Tehuelche que a partir de esta ley de zonificación minera que la legislatura de la provincia ha votado, vuelve a sufrir una vez más, el despojo, el ultraje y la violación de sus territorios, de su cosmovisión y el derecho a su autodeterminación.

Somos testigos, lamentablemente , de demasiados ejemplos en nuestro país que demostraron que la minería a cielo abierto no es sustentable, ni responsable; no trae desarrollo ni progreso sino despojo para los pueblos, y sólo beneficia a las empresas multinacionales que dejando delitos ambientales a su paso por los países donde llevan adelante sus proyectos, buscan instalarse en países como los nuestros donde la corrupción y complicidad política les permite avanzar y atropellar derechos adquiridos.

Nos preguntamos una vez más, señalan desde ENDEPA y CEPA:

– ¿A quién benefician estas leyes, que se aprueban “entre gallos y medianoche”, y a espaldas de dos iniciativas populares presentadas por el pueblo chubutense que exigen el NO a la MINA?

– ¿Cómo pueden 14 diputados decidir sobre un tema donde se juega la VIDA, la SALUD, el AGUA, la SOBERANIA, el FUTURO de las próximas generaciones, por encima de la firme decisión del Pueblo Chubutense que desde hace casi 20 años viene manifestando su disconformidad con la zonificación y dio probadas razones de su rechazo?

– “No hay Paz sin Justicia”… (Juan Pablo II)… Si las leyes son contrarias a la voluntad de los Pueblos, se vuelven inmorales e inconstitucionales; y el acto de mayor justicia es derogarlas y no darle la espalda a los Pueblos.

– El Estado está siendo responsable de todo lo que pasa y seguirá pasando en Chubut.

Por su parte, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) reclamó el «cese inmediato de la represión» en la provincia de Chubut y criticó al gobierno patagónico al señalar que el proyecto de zonificación minera que votó la Legislatura «carece de todo y cualquier consenso social».

La CTA exige el inmediato cese de la represión en Chubut y que el gobierno provincial asuma que el proyecto de zonificación minera que votó la Legislatura carece de todo y cualquier consenso social».

Los Cuidadores de la Casa Común rechazaron también la aprobación de la zonificación minera que abre las puertas al desarrollo megaminero en la meseta intermedia de la provincia de Chubut. “Y condenamos y repudiamos la represión sobre los que allí se manifiestan en defensa de nuestra Casa Común”.

La ley de zonificación minera, indican, es un proyecto inconsulto, dado a espaldas del pueblo. “Condenamos la falta de ética y moral de aquellos legisladores y legisladoras, que en un acto traición al pueblo que les confió su representación para garantizar el bienestar de la comunidad y el futuro de nuestra sociedad y que hace apenas unos días se expresaban en contra de la aprobación de esta Ley”

“A pesar de este lamentable momento que nos toca vivir resistiremos, y siendo conscientes de las consecuencias irreparables del avance de este proyecto sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra madre tierra, sobre el futuro de nuestra sociedad y en la comunidad en su conjunto, desde “Cuidadores de la Casa Común” seguiremos apostando por una vida digna de nuestra gente, al desarrollo de las personas a través de la generación de trabajo digno con conciencia plena del respeto por nuestro ambiente” .

Por su parte la Federación Argentina de Medicina General FAMG, indica en su comunicado de solidaridad con la lucha del pueblo chubutense, que la ley que se quiere imponer favorece directamente a la multinacional Pan American Silver y que no se ha querido escuchar a la sociedad y a la comunidad científica.

Esta ley, señala la FAMG, afecta a los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a la consulta previa, libre e informada como se desprende del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT, siendo esta instancia incumplida antes de la presentación del proyecto. Además, es violatorio del Acuerdo Escazú, acuerdo regional de protección ambiental, ratificado por el Congreso Nacional y que entró en vigencia en abril de este año y que garantiza a las y los habitantes tener acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones que puedan afectarles, como el acceso a la justicia ambiental. A todo esto, se suman las constantes represiones a los pueblos mapuches en recuperación territorial y la criminalización de sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Son los pueblos originarios quienes son un obstáculo para las grandes corporaciones y sus negocios”.

Los obispos de la provincia de Chubut, también fueron muy enfáticos al manifestar su cercanía y compromiso con la población: “Queremos acompañar a nuestro Pueblo en su reclamo. Entendemos que ante este atropello sólo es posible la movilización popular, pero les pedimos encarecidamente que sea pacífica. Evitemos que el lógico enojo ante lo que se percibe, como acuerdos fuera de los ámbitos razonables de debate democrático, redunde en respuestas que comprometan patrimonio público/privado o atenten contra la vida y salud de otros… También urgimos a las autoridades que cese la represión a las manifestaciones populares. El amedrentamiento con el uso de la fuerza es ilícito o roza la ilegalidad y enfrenta a unos con otros”.