Punto 5: Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.
Qué proponemos las mujeres:
La propuesta de la Conaie es la moratoria a la frontera extractiva minera y petrolera que afecta a la naturaleza, a las comunidades y a la posibilidad de reproducción de la vida. Para ello se propone la derogatoria del decreto 95 y 151 que amplían la explotación de petróleo y minería respectivamente. Las mujeres hemos sido actoras fundamentales de las luchas anti extractivas. Proponemos:
- Detener las concesiones que hayan sido otorgadas a las empresas mineras en territorios indígenas y afrodescendientes, fuentes de agua, áreas naturales protegidas, bosques protectores y áreas de conservación comunitarias y en sitios de importancia cultural y espiritual para comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes.
- Detener las concesiones petroleras y mineras que no cuenten con procesos de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la base de la normativa internacional y de la Constitución ecuatoriana, cuando se trata de comunidades y pueblos indígenas o afrodescendientes; así como a aquellas concesiones que no cuenten con Consulta Ambiental a poblaciones afectadas en zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos, siempre asegurando la participación de las mujeres.
- Respetar la voluntad popular respecto a los resultados de las Consultas Populares efectuadas en Quimsacocha y Cuenca, terminando cualquier actividad de exploración o explotación en las zonas que fueron incluidas en las consultas con efecto inmediato y definitivo. Establecer un compromiso nacional con veeduría internacional de respeto a las Consultas Populares, garantizando condiciones, procedimientos y respeto a las decisiones ciudadanas, democratizando así las relaciones con la naturaleza con participación equitativa de hombres y mujeres.
- Auditorías ambientales independientes en las que se incluya de los proyectos en ejecución con plena participación de las mujeres de los territorios afectados.
- Generar un proceso de sanación y recuperación de la tierra y de la relación entre pueblos y naturaleza, con plena participación de las mujeres en territorios degradados e intervenidos por proyectos extractivos.
- Cese de la criminalización y judicialización de las y los defensores de la Naturaleza, garantizándoles su derecho a la resistencia.
- Generar incentivos y financiamiento directo para impulsar las cadenas de producción agroecológica, bioemprendimientos sustentables y producción no maderable con asociaciones y organizaciones de mujeres productoras, como alternativa económica en las zonas de explotación o potencial explotación minera.
- Respeto al autogobierno colectivo y la autodeterminacion de los territorios ancestrales incluyendo la autodeterminación económica en el marco de la plurinacionalidad.
- Generar políticas y estrategias para la protección y prevención de la violencia basada en género, trata y explotación sexual de las mujeres en las zonas de explotación petrolera y minera
Representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador, han sido muy claros en el diálogo de este martes 28. «No queremos reforma, exigimos derogatoria del decreto 151, que busca viabilizar la implementación de un modelo económico de extracción minera con altísimos costos sociales y ambientales».
Los 10 puntos que plantea el Movimientos Indígena de Ecuador, representan una búsqueda de justicia social urgente, como una deuda histórica para todo el pueblo, y que no requieren solo palabras o afirmaciones por parte del Estado, sino respuestas técnicas, contundentes que repercutan en la dignidad cotidiana de millones de familias.