Hemos llegado al cuarto aniversario del derrumbe de la presa con pruebas bastante consistentes sobre los asesinatos y delitos medioambientales cometidos, pero nadie responde penalmente por estos crímenes.

La acción penal que se tramitaba desde febrero de 2020 contra 16 personas – 11 empleados de Vale S.A. y 05 de TÜV SÜD – y las 02 empresas fue invalidada por el Tribunal Superior de Justicia en octubre de 2021, al considerar que el proceso se encontraba en una jurisdicción incorrecta. Esta decisión fue confirmada en diciembre pasado por la 2ª Sala del Supremo Tribunal Federal, cuyos miembros, en su mayoría, contradijeron el voto del Magistrado Informante Edson Fachin, las posiciones del MPMG y del MPF y también las manifestaciones de la AVABRUM y de la RENSER. La magistrada Rosa Weber, presidenta del STF, determinó la ejecución inmediata de esta decisión, con la remisión del proceso al Tribunal Federal de Belo Horizonte.

Las pruebas recogidas en la investigación siguen siendo válidas. Ahora corresponde al MPF presentar una nueva acusación. Es importante que los fiscales federales aprovechen la oportunidad para incluir a las 19 personas que fueron declaradas culpables por la Policía Federal y todos los delitos que la investigación determinó que se habían cometido: delitos de doble asesinato, delitos ambientales y los de fraude y uso de documentos falsos relacionados con la declaración de estabilidad de la presa. También es esencial que el Tribunal Federal (TRF de la 6ª Región) trate el caso como una prioridad y asigne los recursos humanos y financieros necesarios para que el proceso se desarrolle sin problemas, prestando especial atención a las maniobras que podrían tomarse para retrasar aún más el avance del proceso.

 

Sin justicia penal no hay reparación

Reparación es una palabra con muchos significados y que implica varias dimensiones. No puede resolverse con una decisión judicial, ni puede tener lugar únicamente en el ámbito individual. Según el concepto de reparación integral, adoptado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación debe ir mucho más allá de la indemnización en dinero. Debe incluir las dimensiones de la verdad, la memoria, la justicia y las garantías de no repetición. No por casualidad, los familiares de las víctimas de Brumadinho suelen repetir: «sin justicia, no hay reparación».

 

Por este motivo, el acuerdo multimillonario firmado entre el Estado de Minas Gerais, las instituciones de justicia y la empresa minera Vale es insuficiente y, en cierta medida, también perverso. Organizaciones como el Instituto Cordilheira han denunciado lo que muchos han denominado la «industria de la reparación», que es un conjunto de negocios en los que muchos actores externos se enriquecen mientras la población local sigue sufriendo daños día tras día.

Garantías de no repetición

La reparación no sólo debe implicar la condena de los criminales, sino también la adopción de nuevas leyes y estrictas políticas de control para evitar que los hechos se repitan. En febrero de 2019, entró en vigor en MG la Ley Estatal nº 23291 («Ley Mar de Lama Nunca Mais»). Sin embargo, las empresas mineras, en la mayoría de los casos, no han cumplido el plazo de 03 años para desclasificar las presas con elevación «aguas arriba», que son las más peligrosas. De las 54 presas que deberían haber sido descaracterizadas, es decir, desmanteladas y reincorporadas al paisaje, sólo cinco lo fueron. Las empresas recibieron una especie de indulto del gobierno de MG, el MPMG y el MPF, que les impusieron multas en metálico pero aumentaron la sensación de impunidad.

Según los boletines de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cerramos el año 2022 con 84 presas de relaves en nivel de alerta o emergencia, siendo 52 sólo en MG. Y lo que es más preocupante: esta cifra ha ido aumentando con el tiempo. Vale S.A. ha declarado que está descargando progresivamente sus presas aguas arriba. Las familias que fueron expulsadas abruptamente de sus hogares llevan más de tres años esperando una decisión sobre su futuro. Los residentes que viven en los alrededores de las minas de Córrego do Feijão y Jangada desconocen los planes de la empresa minera sobre su cierre definitivo o la eventual reanudación del proyecto de ampliación de la extracción de mineral. El contexto es de gran desconfianza, falta de información y angustia.

 

El papel de los defensores

No podemos dejar de destacar la importancia de los líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y ecologistas que trabajan en la región. Son personas que mucho antes de la ruptura de la presa ya venían denunciando los problemas de las explotaciones mineras en Brumadinho y región o que empezaron a ejercer este papel poco después de la tragedia y hoy lideran la lucha por la reparación integral, la justicia, la memoria, la verdad y las garantías de no repetición. Estas personas son esenciales, porque dicen y hacen lo que a muchos les gustaría decir o hacer. Deben ser protegidos y no pueden ser perseguidos, estigmatizados o tachados de enemigos del progreso.

No a la amnistía

En un momento en que crece en la sociedad el coro «¡No a la Amnistía!», en referencia a los graves crímenes vividos en el último período de la historia de Brasil, es fundamental que se establezca la tolerancia cero a la impunidad de los sectores dominantes de la sociedad brasileña y de sus socios extranjeros, cuyos crímenes reiterados han segado cruelmente la vida de muchas personas e impedido la realización de la sociedad justa, fraterna e igualitaria que la redemocratización prometía.

Desde el exterminio de los pueblos indígenas, pasando por la esclavitud, la tortura y la desaparición forzada en nuestra última dictadura, las masacres de la policía y los grupos de exterminio y los recurrentes crímenes de ecocidio en la minería, la historia de Brasil está marcada por la impunidad. Tenemos que superar esta marca de una vez por todas. Crímenes como los ocurridos en Brumadinho no pueden repetirse y la responsabilidad penal de todos los actores implicados es un paso fundamental para ello. Sólo el castigo de los culpables puede evitar la repetición de estos crímenes en el futuro y aliviar el sufrimiento de las personas que siguen traumatizadas por la pérdida de sus familias y por el cambio brusco de sus proyectos vitales. [i]

La responsabilidad penal también debe darse en Alemania

El procesamiento penal de la filial de TÜV SÜD en Brasil y de algunos de sus empleados no elimina la necesidad de exigir responsabilidades penales a quienes cometieron los delitos en el país donde la empresa transnacional tenía su sede. Las investigaciones llevadas a cabo en Brasil demostraron que personas procedentes de Alemania contribuyeron a la tragedia. Por ello, el 15 de octubre de 2019, cinco ciudadanos brasileños, familiares de las víctimas, junto con las organizaciones alemanas Misereor y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), presentaron una denuncia penal en Alemania contra la matriz de la empresa certificadora TÜV SÜD y uno de sus empleados. Actualmente, la Fiscalía de Múnich prosigue sus investigaciones para esclarecer la posible responsabilidad penal de agentes alemanes por delitos relacionados con la rotura de la presa.

[i] Danilo Chammas es abogado y coordinador del Observatorio de Procesos Penales sobre la Tragedia de Brumadinho, una iniciativa de RENSER en colaboración con AVABRUM. Carolina de Moura es periodista y coordinadora de género del Instituto Cordilheira.