En articulación con la Plataforma por la Empresa Responsable (PER), organizaciones de América Latina, se han organizado para contribuir con adhesiones, para enviar el pedido al gobierno español para impulsar la aprobación de la directiva europea de debida diligencia.
Este comunicado insiste en la urgencia de que las empresas que actúan en América Latina sean responsabilizadas en sus países de origen de cualquier impacto o daño causado fuera de su sede. Esto implica una gran disputa de intereses económicos y del sistema extractivista, pero son las realidades de las familias y comunidades afectadas en sus derechos humanos y en sus hábitats, las que están exigiendo a través de esta plataforma el cese de los abusos.
La Plataforma por Empresas Responsables es un conjunto de 20 organizaciones españolas de sociedad civil, que representan a más de 530 entidades y que suman esfuerzos para lograr la adopción en España de una ley vinculante de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales.
Como Red Iglesias y Minería nos sumamos a esta «minga» y compartimos el contenido de la carta en anexo.
“Recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y del caribe para la presidencia española del consejo de la unión europea (julio-diciembre 2023)” – 3 de julio de 2023-
…La Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022, representa una oportunidad para proteger y prevenir los abusos a los derechos humanos y los daños medioambientales cometidos por las empresas. El Consejo de la Unión Europea se posicionó al respecto el pasado mes de diciembre y el Parlamento lo hizo en junio de este año. De este modo, las negociaciones del texto entrarán en su fase final durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea… Recomendaciones de la sociedad civil latinoamericana y caribeña a la presidencia española de la UE: 1.- Cubrir la cadena global de valor en su totalidad… 2.- Incluir al sector financiero en la lista de sectores de alto riesgo… 3.- Considerar de manera específica los riesgos sobre los derechos de los pueblos indígenas y originarios… 4.- Protección de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente… 5.- Responsabilidad civil y acceso a la justicia… 6.- Incorporar como elemento transversal y nuclear la perspectiva de género… 7.- Ampliar los derechos protegidos… 8.- Ampliar la definición de impactos ambientales y climáticos… 9.- Establecer mecanismos de participación activa con personas titulares de derechos y partes interesadas…
