El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, frente a las denuncias recibidas por parte del Gobierno Autónomo de la Nación Wampis y de comunidades y poblaciones andinas que sufren el avance desmedido y sin ningún control de parte del Estado, de la minería ilegal, en las cuencas de los ríos Santiago y Marañón en Jaén y Amazonas; el río Nanay en Iquitos; Pataz, Huamachuco y Quiruvilca en la sierra de La Libertad; Rinconada en Puno; Suyo, Sapillica y Paimas en Piura, Chumbivilcas en Cusco, y en las más de 25 millones de hectáreas en total que ocupa la minería informal e ilegal en el 20% del territorio nacional, se une al clamor de los pueblos y poblaciones, acompañándoles en sus demandas y exigencias al Estado Peruano ausente frente a las mafias que vienen siendo fortalecidas en su acción, con normas y políticas que garantizan y formalizan sus actividades económicas con total impunidad.
No es posible que nos encontremos en un país en que las instituciones públicas, como el Ministerio Público, estén a merced de los criminales dedicados a la minería ilegal como ha acontecido en Huamachuco (provincia de Sánchez Carrión), que los modelos criminales se exporten entre las propias localidades cercanas, como ha sucedido con Pataz y Huamachuco, todo ello en un marco de un Estado con instituciones ambientales muy debilitadas por los propios intereses empresariales, y con administradores de justicia, Congresistas de la República y funcionarios del Gobierno Central, cuyos niveles de corrupción se traslapan con las diversas facilidades que brindan a las actividades económicas ilegales en el país.
Por ello, exigimos que el Estado Peruano asuma su rol garante de derechos, no sólo con la intervención de la Policía Nacional para brindar protección en particular a los/as defensores/as de los territorios, sino priorizando el impulso de actividades económicas alternativas, desde un diálogo con escucha intercultural crítica, que reconozca los conocimientos ancestrales y potencialidades de los territorios indígenas para buscar la mejora en la calidad de vida, desde el respeto a medios y modos de vida de las comunidades, impulsando un ordenamiento territorial comunitario, no imponiendo otras formas de vida, niveles de consumo e ingresos que no condicen con las culturas y saberes ancestrales de los pueblos.
