Llegó el día. Por primera vez un mandatario ecuatoriano intervino en la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá. Como los tres gobernantes anteriores, el presidente se suma a la danza del atraco minero. Como parte del discurso a favor de la megaminería, para convencer a la sociedad, se ofrece un paquete de múltiples beneficios. Se prometen grandes ingresos para el Estado, la generación de muchísimos puestos de trabajo, el uso de tecnología de punta, la desaparición de la minería ilegal, en suma, el desarrollo.
Todo como parte de una falacia muy bien montada. En términos económicos, la minería es una gran estafa. El grueso de los ingresos totales de la megaminería terminará en cuantiosas utilidades de un puñado de grandes mineras y sus intermediarios, e inclusive “desaparecerá” a través de sus inflados costos de operación. Los ingresos efectivos para el Estado son muchísimos menores de lo que reza el discurso del poder minero-gubernamental; eso se puede demostrar -incluso con las cifras oficiales- para todos y cada uno de los proyectos existentes y propuestos. Además, ningún proyecto minero cumple con la disposición constitucional que determina, en el artículo 408, que el Estado participará. en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota, descontando todos los costos socio-ambientales, se entiende. A esto se añaden los pasivos ambientales, que incluyen, entre otros, miles de millones de toneladas de lodos contaminados en las relaveras y de desechos sólidos acumulados en escombreras, cuya reparación y menos aún su restauración, no se consideran en los cálculos oficiales. A lo anterior se suman los múltiples subsidios que reciben las empresas mineras, sea por el suministro de electricidad o de infraestructura construida por el Estado para sus operaciones o incluso a través de diversos beneficios e incentivos tributarios.
Y todo cargando con una actividad que tiene una débil capacidad de generar empleo. El cuento de las tecnologías de punta en el Ecuador, a la postre esos pasivos ambientales quedarán como un doloroso y oneroso activo para la sociedad, particularmente para las comunidades en los territorios directamente afectados, las que por décadas tendrán que lidiar con esta herencia de destrucción mayúscula. Y eso sin considerar los impactos y costos de eventuales roturas de los diques de cola (relaveras), el drenaje ácido de mina de las escombreras u otras afectaciones comunes en esta actividad extractivista y la consecuente limpieza de la contaminación asociada, a más de los graves impactos sicosociales a las comunidades que están condenadas a vivir con esta amenaza. Bien sabemos que por definición no hay minería sustentable y que tampoco hay la tal tecnología de punta que evitaría tremendos impactos socio-ambientales, tal como se constata casi a diario en todo el planeta.
Lo hemos dicho, una y otra vez, asumir que hay tecnologías de punta que pueden prevenir o incluso remediar los impactos socio-ambientales, es como creer que Drácula se volvió vegetariano le podemos encargar el cuidado del banco de sangre. Toda la minería en Ecuador, sin excepción, es ilegal.
La vigente Ley de Minería, impuesta en el año 2009, tiene en su génesis una estructural vulneración de la Constitución. No se dio paso a la consulta previa a los pueblos y nacionalidades, según lo establecido en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución. Pese a que la Corte Constitucional de Transición reconoció este hecho, eso no le impidió declararla como constitucional en 2010. Además, con esta Ley (de carácter ordinario), se atropelló lo dispuesto en una Ley orgánica como lo fue el Mandato Constituyente número 6, conocido como Mandato Minero, del 18 de abril de 2008.
Igualmente, cabría mencionar que no se han dado las consultas previas libres e informadas a los pueblos y nacionalidades (artículo 57,7), así como tampoco las consultas ambientales al resto de las comunidades (artículo 398), tal como se establece en la Constitución. Este irrespeto continuado a la normativa legal vigente, que viene de la mano de imposiciones violentas por parte de los sucesivos gobiernos desde el año 2009 -recordemos la imposición a “sangre y fuego de la minería” en la Cordillera del Cóndor o en Intag-, ha desatado una larga fila de reclamos, muchos de ellos ya con sentencia y otros en pleno proceso de resolución, así como de resistencias múltiples, las que -tal como van las cosas- configuran el camino democrático más potente para enfrentar tanto atropello desatado por el poder minero-gubernamental.
Falsa disyuntiva: minería legal o ilegal
Se dice -con un desparpajo propio de la ignorancia o de la mala fe- que la minería ilegal sería destructiva y condenable, mientras que la minería “legal”, que bien sabemos no es legal, sería portadora de “desarrollo” y del respeto a la institucionalidad del Estado. La minería “legal” también provoca impactos sociales y ambientales que —ya solo por su gigantismo— pueden ser incluso peores que en la minería “ilegal”. Con el agravante de que las grandes mineras “legales” tienen el poder incluso para doblegar los intereses de los Estados nacionales. De hecho, recordemos que vivimos en un país en donde no solo hay inoperancia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes y la Constitución, sino que la corrupción es inocultable; basta ver cómo —vía “puertas giratorias”— funcionarios públicos y empresarios mineros deambulan del sector estatal al sector privado sin vergüenza alguna. Es más, se sabe con certeza dónde hay minería ilegal, incluso vinculada a las bandas criminales, y los gobiernos no han hecho ni hacen nada para impedirlo.
Incluso el argumento de que surgirá la ilegalidad si no hay actividades legales se derrumba en varios lugares por las propias condiciones geológicas, y sobre todo, por la resistencia de muchas comunidades a las que el poder les atropella en forma sistemática. Es más, resulta inocultable la coexistencia de actividades de las mineras “legales” con las mineras propiamente ilegales; y de todas, directa o indirectamente, con los capitales del crimen organizado. Sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso las mineras “legales” alientan la actividad ilegal, quizás aprovechando los trabajos de prospección de los mineros ilegales o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales a esos mineros, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica.
El presidente Noboa desprecia el mandato popular No hay duda alguna, el presidente Noboa desprecia los mandatos populares expresados en las urnas en el Distrito Metropolitano de Quito (2023), así como en los cantones Cuenca (2021) y Girón (2019), estos dos últimos en la provincia del Azuay. Consultas populares que confluyen con el mandato popular a nivel nacional que ordena suspender la actividad petrolera en el ITT-#Yasuni. Estos mandatos configuran un reclamo democrático potente para transitar hacia una economía post-extractivista. Mandato que desprecia el gobierno de Noboa, que pretende acelerar el ritmo extractivista. En resumen, todo hace pensar que, al Ecuador, con el presidente Daniel Noboa le espera un nuevo capítulo del festín minero del siglo XXI (1), protagonizado por los capitales transnacionales, en contubernio con los grandes medios de comunicación y otros instrumentos de los grupos poder locales.
El saldo de estos será más dependencia, frustración y atropellos. Eso no es nada extraño si consideramos todo el andamiaje institucional favorable a las empresas transnacionales, cuya práctica muchas veces se caracteriza por el autoritarismo y la corrupción. Y tampoco nos olvidemos que los extractivismos no solo que provocan violencias, sino que tienen en ella una condición necesaria para su existencia.-
Las organizaciones sociales reafirman su rechazo y se declaran en defensa de su territorio, CONAIE, CONFENIAE, el Pueblo Shuar Arutam y el Comité Interfederacional Shuar-Achuar para expresar la defensa del territorio ancestral, el rechazo a la participación del Presidente Daniel Noboa Azin en la convención minera PDAC, así como la negociación con la empresa Solaris Resources Inc. para el desarrollo del proyecto minero Warintza.
Texto: Alberto Acosta – Analísta político
Alberto Acosta (2) 4 de marzo del 2024 (1) Consultar en Alberto Alberto, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera, Abya-Yala, Quito. Disponible en pachamama.org.ec/wp-content/upl (2) Economista ecuatoriano. Ministro de Energía y Minas 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008.
