Organizaciones de fe en Panamá emiten un comunicado, expresando su preocupación por la situación de cientos de familias, que se ven afectadas por la acción minera.
En el comunicado, denuncian la imposibilidad de transitar libremente por el territorios que han ocupado desde hace muchos años, y que la empresa minera Minera Panamá sigue actuando en el país, aunque la actividad minera, ya ha sido sancionada por las leyes panameñas.
Es preciso recordar en el año pasado, la Corte Constitucional de Panamá declaró inconstitucional la ronda del contrato minero, por lo que se ordenó el cese de actividades mineras de manera organizada y en concordancia con el marco jurídico.
Las organizaciones firmantes llaman a la unidad en la defensa de la vida y de la creación, al respeto de la legalidad y a la investigación profunda de los impactos ocasionados por la empresa Minera Panamá.
Compartimos el comunicado integro:
Ante la urgencia del Evangelio (Jn 10:10) y la gravísima situación de las comunidades originarias y campesinas que viven en el territorio de minera Panamá, las organizaciones y grupos religiosos firmantes nos pronunciamos.
Considerando:
1] Que, desde hace varios meses, nueve comunidades de mayoría ngäbe, que viven en el área (desde hace unos 30 años), han venido sufriendo discriminación, robo de sus herramientas, acoso, presiones, amenazas, golpes, insultos, quema de casas, muertes de niños y adultos;
2] Que esta población vive en el área como si no fueran panameños porque les impiden el libre tránsito, condicionándolo a un permiso, y también tienen problemas para sembrar y trabajar la tierra;
3] Que hay testimonios orales, visuales y documentales sobre todas estas denuncias, pero -hasta ahora- no ha habido medidas que corrijan estas situaciones.
4] Que hay fuertes sospechas de que los fallecidos lo han sido por contaminación del agua y que es necesario encontrar las causas reales de dicha contaminación;
5] Que es nuestro deber como cristianos defender la vida de la gente por encima de todo;
6] Que el contrato de “minera Panamá” fue declarado inconstitucional y se ordenó el cierre de esa mina y, hasta ahora, pocos pasos se han dado en esa dirección y, más bien, se siguen dando problemas y estos aumentan;
Declaramos:
1) “Nuestra posición es con los campesinos y la madre tierra”, todo lo que vaya en su contra, nosotros tenemos que rechazarlo;
2) Demandamos una investigación exhaustiva de los hechos denunciados y que se tomen las medidas punitivas;
3) Igualmente requerimos que se respete el derecho de estos panameños al libre tránsito en el territorio;
4) También reclamamos que se inicie -cuanto antes- el desmantelamiento de la mina y se detenga -desde ya- el actuar de la “policía minera” contra la población;
5) Que se inicie un proceso de búsqueda de alternativas económicas, sociales, laborales, ecológicas, para la población del área y del país, siempre en armonía con el desarrollo integral de la Casa Común.
Esperamos seguir colaborando en el mejoramiento de nuestra tierra y de la convivencia social en beneficio de un Panamá más cristiano.
Panamá, 16 de julio de 2024.
Firmado:
Pastoral Social-Cáritas,
Comisión de Justicia y Paz Panamá,
Red Eclesial Ecológica Mesoamericana Panamá,
Confederación Panameña de Religiosos,
Coordinadora Nacional Pastoral Indígena,
Red Iglesias y Minería Panamá,
Centro Pastoral Red Vida.
