La Amazonía, protagonista milenaria de la diversidad biológica y cultural y la vida en su máxima expresión, se encuentra bajo una amenaza existencial sin precedentes, erigiéndose en un territorio multiafectado. Nos encontramos en un momento crítico de la historia, donde la transición energética, en teoría un paso hacia un futuro más sostenible, se ha convertido en una herramienta de dominio colonial desde el Norte Global, de parte de las grandes corporaciones transnacionales, con la complicidad de los Estados nacionales que apoyan el llamado “capitalismo verde”, orientado exclusivamente al mercado y a la explotación de la naturaleza para la extracción de minerales “críticos” para dicha transición, como el cobre, litio, tierras raras, entre otros. Esta carrera frenética por descarbonizar nuestras economías ha desencadenado una vorágine de extracción mineral sin precedentes, con la Amazonía en el epicentro de esta devastación, además de la región andina. Asimismo, la crisis económica y financiera, a nivel global, una vez más impulsa las fiebres del oro a lo largo y ancho de la Amazonía.
Es por ello que buscamos unir esfuerzos para declarar a la Amazonía Libre de Minería. Esta es más que una consigna; es un horizonte político, social y ambiental, y un compromiso inquebrantable con la preservación de la vida en todas sus formas. Desde Mocoa hasta Belén, y en cada rincón de nuestra Amazonía, levantamos nuestra voz para proclamar la soberanía sobre nuestros territorios y rechazar categóricamente el avance depredador de la minería.
Como Red Iglesias y Minería contribuimos a esta construcción colectiva de propuestas, que nos marcan un horizonte posible de caminar en este presente, hacia alternativas que nos permitan un futuro.
Como Grupo de Trabajo de Minería del FOSPA, entendemos que la actividad minera a pequeña escala es ampliamente practicada en la Amazonía, tiene amplios antecedentes históricos y se ha transformado en parte de los medios de vida de algunas poblaciones amazónicas. Sin embargo, al igual que otras actividades extractivas de origen colonial de esta región, es la consecuencia de un modelo de desarrollo predatorio insostenible, desigual y que ha impedido a la Amazonía transitar a otras actividades no dependientes del extractivismo, que no solo permitan proteger la biodiversidad, sino también asegurar oportunidades y bienestar sostenibles para la población.
Además de la minería industrial que busca expandirse en la Amazonía, nos enfrentamos a una amenaza global que exige una respuesta urgente y coordinada: la minería ilegal de oro, a la que las normas mineras en nuestros países le han abierto las puertas (Yanomami en Brasil1, Madre de Dios en Perú2, entre otros).
Desde la colonización, la minería ha estado presente en territorios indígenas y, en los últimos años, ha crecido rápidamente en América Latina debido a la falta de fuentes de empleo, de fiscalización ambiental, la débil institucionalidad ambiental, la corrupción, las alianzas entre grupos corporativos y gobiernos, además de la permisividad de los gobiernos, especialmente en áreas con presencia limitada del Estado y control territorial por grupos criminales, generando incluso el desplazamiento forzoso de los pueblos.
Expertos3 coinciden en la necesidad de fortalecer la debida diligencia corporativa de las empresas que comercializan oro, así como eliminar el uso de mercurio4, utilizado en la extracción de oro, mediante una acción más decidida de los gobiernos para cumplir los compromisos asumidos al suscribir el Convenio de Minamata sobre el uso del mercurio.
Es crucial abordar con seriedad la cuestión de la explotación del oro, tanto ilegal como industrial, en la región; así como sus cadenas de suministro y valor. Sus prácticas actuales están ocasionando un daño significativo al ambiente y en la vida de las personas. Datos recientes5 revelan que la extracción de oro en la Amazonía ha resultado en la deforestación de vastas extensiones de bosque primario de selva, lo que intensifica la crisis climática y la pérdida de biodiversidad; de esta manera, las poblaciones que viven de los ríos están siendo condenadas a sufrir el mismo desenlace que en Minamata a lo largo de la cuenca amazónica.
Resulta innegable que continuar con estas prácticas es insostenible. La explotación de oro legal e ilegal, principalmente destinada a la fabricación de joyas y barras almacenadas en reservas nacionales, no puede justificar la destrucción irreversible de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Es imperativo que tomemos medidas concretas para poner fin a esta situación, preservando así la riqueza natural y cultural de la Amazonía para las generaciones futuras. También es imprescindible prefigurar alternativas económicas, que tomen en cuenta a las comunidades indígenas y locales, para romper con la dependencia de la Amazonía y de sus poblaciones hacia actividades extractivas destructivas, como la minería.
Por este motivo, las organizaciones, movimientos y pueblos que acordamos esta declaración demandamos a los Gobiernos de la Región Amazónica:
1. Cumplir con las obligaciones del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Es deber de los gobiernos de la región cumplir con el Convenio de Minamata, adoptando medidas urgentes para reducir y eliminar el uso del mercurio. Esto implica fortalecer los controles y la fiscalización de las cadenas de suministro y valor del oro y el mercurio, considerándolos como metales interconectados. En ese sentido, se deben implementar mecanismos de debida diligencia frente a la conducta de las empresas, y establecer responsabilidad penal en caso de daños graves a ecosistemas biodiversos como la Amazonía.
2. Mecanismos de participación reales y vinculantes en espacios nacionales e internacionales, que requieren una articulación amazónico-andina. Los pueblos indígenas, comunidades campesinas y locales que habitan la Amazonía y la región andina han tenido un rol fundamental en su resguardo gracias a sus conocimientos ancestrales, especialmente de las mujeres, vitales para la conservación de ecosistemas y biodiversidad. Por ello, es crucial reconocer, valorar y proteger estos saberes, promoviendo el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, una participación efectiva en la toma de decisiones, mediante su derecho a la consulta libre, previa e informada, como aplicación de la autodeterminación de los pueblos , para ejercer el respeto de sus territorios.
Defendemos el respeto irrestricto al derecho a la autodeterminación y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades originarias.
Demandamos una amplia participación de la sociedad civil panamazónica en las reuniones de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para garantizar la protección de la Amazonía y sus pueblos frente a la voracidad extractivista. Además, subrayamos la importancia de su participación activa en eventos y foros internacionales como la COP de la Biodiversidad en Colombia, el G20 y la COP30 en Brasil, para exigir medidas concretas de parte de los Estados amazónicos.
Todos los mecanismos de participación e incidencia nacional e internacional requieren de un necesario proceso de articulación amazónico-andino, que fortalezca la lucha por la defensa de sus derechos y territorios.
3. Ratificación y efectiva implementación del Acuerdo de Escazú. Exigimos a los Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú que lo hagan sin demora y, a aquellos que ya lo han ratificado, los exhortamos a implementarlo de manera efectiva para garantizar entornos seguros para defensores y defensoras ambientales y sus familias frente a los asesinatos de que son objeto, y que se promuevan políticas para garantizar el acceso a la justicia y reparación, así como mecanismos de protección, investigación, acceso a la información, participación, y respuesta en caso de sufrir ataques por actores públicos o privados.
4. Implementar acciones para que el bioma amazónico sea reconocido y protegido según las normativas del derecho internacional ambiental. Los Estados amazónicos deben hacer cumplir internamente las obligaciones internacionales que les imponen el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar, el Acuerdo de París, la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, entre otros. Esto implica la creación y aplicación de políticas, leyes y regulaciones que promuevan la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas acuáticos, la mitigación del cambio climático, así como la preservación y promoción del patrimonio cultural de la región amazónica.
5. Lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal. Demandamos acciones enérgicas para combatir el crimen organizado vinculado a la minería ilegal, que socava la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades . Lamentamos que las normas mineras en nuestros países contrariamente la faciliten, por ello deben ser modificadas, y ejercerse una acción decidida contra la corrupción en los niveles de decisión del Estado.
Es importante recordar el vínculo entre economías legales e ilegales, dado que gran parte de la minería formal también puede considerarse ilegal, especialmente cuando no cumplen las normas legales necesarias y/o cuando violan derechos de forma recurrente, y además porque los insumos y maquinarias utilizados por la minería ilegal provienen de empresas formales, que además procesan y comercializan la producción ilegal.
En gran parte la minería ilegal opera con fondos que provienen del “lavado” de dinero del narcotráfico. Consideramos que para ello son fundamentales enfoques integrales que centren los derechos y la gobernanza territorial comunitaria como elemento fundamental para contener el crimen organizado, reconociendo y fortaleciendo a las guardias indígenas que ejercen la vigilancia en sus territorios ante la falta de Estado y como parte del derecho a la autodeterminación.
6. Reparación de daños a ecosistemas, territorios y la salud de las comunidades. Urge que los Estados de la región amazónica y también de la zona andina establezcan mecanismos para la restauración de los ecosistemas degradados por la minería y la remediación de los pasivos ambientales, que dejan irreparables impactos a perpetuidad en los ecosistemas, y exijan a los órganos y actores competentes la reparación integral de comunidades afectadas por los impactos mineros, incluyendo atención especializada a la salud de aquellas personas expuestas a metales pesados tóxicos y otros contaminantes que no están vinculados a las actividades mineras, pero que también generan impactos. De igual manera, urge que los Estados empiecen a trabajar normas que hagan frente a los varios impactos que ocasiona la minería al ambiente.
7. Adoptar un enfoque de cuenca para abordar los impactos acumulativos y a perpetuidad de la actividad minera en la Amazonía. La extracción minera, al ser una actividad que impacta de manera irreversible los ecosistemas, conlleva consecuencias a largo plazo que trascienden las fronteras temporales y geográficas. Los impactos a perpetuidad de la actividad minera en la región amazónica, y también en la región andina, se manifiestan en la alteración de la calidad del agua, del aire, la propagación de ruido por las maquinarias, la erosión de suelos, la liberación a las fuentes hídricas de mercurio como otros tipos de metales pesados, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por metales pesados como el mercurio, generando condiciones que pueden llegar a ser insoportables tanto para las comunidades, como para toda la fauna de la Amazonía.
Al adoptar un enfoque de cuenca, se reconoce la interconexión y la interdependencia de los sistemas naturales en la Amazonía y en la región andina, lo que permite una comprensión más integral de los impactos acumulativos de la actividad minera en la región. En este sentido, es esencial promover la cooperación entre los estados amazónicos y adoptar estrategias de gestión integrada de cuencas, que consideren tanto los impactos acumulativos y a perpetuidad, locales como regionales, de la actividad minera.
8. Aplicación del principio de prevención y precaución en la toma de decisiones. El principio de precaución tiene una estrecha relación con la regla de “in dubio pro natura”, esto es que, ante la duda sobre los posibles daños que pueda causar una actividad al medio ambiente, se le debe dar prioridad a la protección de este último. Los Estados deben aplicar este principio para tomar decisiones informadas y cautelosas, priorizando la conservación de los ecosistemas amazónicos y andinos, y la protección de las comunidades que dependen de ellos. Los impactos en el ecosistema a razón de la minería son, a menudo, difíciles de cuantificar y prever en su totalidad; en este contexto, se exige que se adopten medidas proactivas para prevenir, precautelar y mitigar los posibles daños ambientales, incluso en ausencia de certeza científica absoluta.
9. Declaración de la Amazonía como Zona Prohibida (No Go Zone) a la industria minera. Las áreas protegidas han sido creadas para conservar la biodiversidad y los territorios indígenas para conservar la cultura y forma de vida de esos pueblos; pero la minería ha comprobado ser contraria a ambos objetivos. Por ello, los gobiernos deben coordinar un consenso regional por la declaración de la región Amazónica –sobre todo territorios indígenas y áreas protegidas– como Zonas Prohibidas (No Go Zones) a la industria minera, ya que su explotación no solo daña el subsuelo y el medio ambiente, pero sobre todo los medios de subsistencia locales, como la agricultura y la pesca. Además, es vital reconocer el carácter expansionista e imperialista de la industria minera, que transforma territorios en zonas de sacrificio, destruyendo ecosistemas y desplazando comunidades. Por todo ello, se deben garantizar los modos de vida tradicionales y ancestrales de las comunidades indígenas y locales para mantener la armonía entre la conservación ambiental y la preservación cultural.
10. Respeto a los derechos de la Naturaleza y Madre Tierra. La Naturaleza, nuestra Madre Tierra, está herida de muerte por los impactos que sufre por la contaminación y los impactos sufridos por la actividad minera, por ello es necesaria su protección. La Madre Tierra está primero que el dinero. En nuestros países amazónicos ya se ha logrado avances en el reconocimiento de sus derechos, como en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, lo que es prioritario que pueda afianzarse a nivel Constitucional y sea efectivo su cumplimiento.
11. Cumplir e implementar las sentencias y fallos internacionales en favor de los pueblos y la naturaleza. A nivel de instancias internacionales, se han logrado sentencias emblemáticas en casos en diversos países de nuestra América Latina en la defensa de la Naturaleza y los pueblos afectados, que favorecen a los pueblos en sus derechos, para lo cual exigimos sean cumplidos e implementados de parte de los Estados.
12. Alternativas socioproductivas para hacer frente a la minería. La minería es una actividad que, muchas veces, se plantea como la única alternativa para generar ingresos rápidos para poblaciones vulnerables en una región que no ofrece muchas más oportunidades materiales y de bienestar, o que estas no reciben apoyo de los Estados. Es imprescindible promover alternativas económicas que no dependan de la explotación minera, que respeten la integridad de nuestros ecosistemas y tradiciones.
13. Reconocer que son las mujeres las que sufren los mayores impactos de la minería. Se debe evidenciar que, por el rol de cuidado que asumen en la familia, son las mujeres las que soportan las mayores consecuencias de los impactos generados por la actividad minera.
Superemos el actual sistema moderno-colonial-capitalista que se fundamenta en el extractivismo de cuerpos y territorios. Defendamos modos de vida que no estén basados en la explotación predatoria de bienes comunes y de la Naturaleza, priorizando el buen vivir y el respeto a los territorios, la soberanía popular, modos de vida ancestrales y derechos de la Naturaleza. Asimismo, es necesario considerar las expectativas y aspiraciones materiales de las poblaciones amazónicas, para planificar alternativas socioproductivas que les permitan alcanzarlas.
Reiteramos la importancia de la construcción de un modo de vida equilibrado, sostenible e integrado en la Amazonía y en la zona andina, acompañada de la creación de nuevos instrumentos de participación social en los procesos de decisión de las actividades económicas con impacto socioambiental, como la minería.
Desde el Grupo de Trabajo (GT) de Minería del FOSPA, instamos a los gobiernos, instituciones nacionales e internacionales y la sociedad en su conjunto a movilizarse por una Amazonía libre de minería –la industrial e ilegal– y que se prioricen alternativas económicas viables en armonía con la Naturaleza, en donde la vida y la biodiversidad sean prioridad absoluta sobre los intereses económicos y corporativos. Es tiempo de proteger nuestra casa común y construir un futuro en armonía con la Naturaleza y las comunidades que la habitan.
