Aportes desde la III Caravana por la Ecología Integral

La Red Iglesias y Minería trabaja desde hace 10 años junto a comunidades de base que rechazan el extractivismo en sus territorios. El presente documento recoge algunas de esas voces y da cuenta de un posicionamiento claro sobre la transición energética en el sur de América Latina, en el marco de la Caravana por la Ecología Integral que se realiza en países de Europa.

 

Los molinos de viento de Alemania. Los autos eléctricos de Noruega. Los paneles solares de España. Para que existan esos dispositivos, publicitados como «energías limpias», se arrasan territorios de América Latina y África. Los salares de América del Sur, imprescindibles reservorios de agua, son asechados y destruidos en pos de un supuesto progreso bajo el nombre de la «transición energética». El mineral de moda, aunque no el único, es el litio. «Oro blanco», le dicen.

«Espejos de colores» es un término que los pueblos sudamericanos conocen, referido a los engaños del «descubrimiento» en 1492. Cinco siglos no fueron en vano. Pueblos indígenas, campesinos y organizaciones sociombientales ya no creen las falsas promesas foráneas.

El 54 por ciento de las emisiones de gases y «contribuciones históricas» al cambio climático, según Naciones Unidas, corresponde a cinco países y regiones: Estados Unidos (19 por ciento), Unión Europea (13 por ciento), China (13), Rusia (5) e India (4). Justamente territorios muy lejanos a los reservorios de litio de los países del sur global.

 

Minería de litio desde hace veinte años

La provincia de Catamarca está ubica en el noroeste de Argentina, al límite con Chile, solo separadas por la Cordillera de Los Andes, el cordón montañoso más extenso del Continente. Allí funciona desde 1998 el proyecto minero Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio («recurso no renovable»), sólo deja 1,6 dólar.

La comunidad indígena Atacameños del Altiplano vive desde hace generaciones en el Salar del Hombre Muerto, donde se instaló la minera hace casi tres décadas. La comunidad fue testigo de todo el proceso: las promesas, la instalación, algunos (pocos) puestos de trabajo y, también, la destrucción del ambiente. En más notorio, el río Trapiche se secó: ya no existe. «Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio», remarca el cacique de la comunidad indígena, Román Guitián.

En marzo de 2024, en un hecho histórico, la Corte de Justicia de Catamarca (el máximo tribunal de la provincia) falló a favor de la comunidad indígena. Ordenó que el Gobierno deje de entregar autorizaciones a las mineras hasta tanto no se realice un informe de impacto ambiental con dos características fundamentales (que los anteriores no tuvieron): que sea acumulativo e integral sobre todo el salar y sobre el único río que sobrevive en la zona (Los Patos); y, segundo, que contemple la afectación total de las compañías que han solicitado autorización para el uso y extracción de agua, y su potencialidad de transformar el ambiente en la zona.

Aunque no está dicha la última palabra, la comunidad indígena lo tomó como una victoria, luego de años de lucha.

La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata y plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como «energía limpia», su extracción implica consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

 

El valle para los pueblos o para las mineras

«Valle del litio». Es el nuevo nombre que quieren asignar al histórico Valle de Jequitinhonha, región del estado de Minas Gerais (Brasil). La imposición, hasta de nombres, es una forma más de colonización, acción que suele ir de la mano de un interés económico y que conlleva al padecimiento del colonizado. Es la historia de Abya Yala (ancestral denominación que algunos pueblos indígenas daban a lo que hoy es América).

El Valle de Jequitinhonha está siendo explotado por la minería de litio llevada a cabo por grandes empresas multinacionales, con el apoyo y respaldo de los gobiernos. Una de las empresas presente es Sigma Lithium, de capitales canadienses.

En julio de 2022, el gobierno de Jair Bolsonaro firmó el Decreto 11.120, que desreguló el comercio exterior de litio, una medida para favorecer ese tipo de explotación. En mayo de 2023, el gobierno estadual de Mina Gerais realizó el «lanzamiento mundial del Valle del Litio», para seducir a las corporaciones multinacionales e invitarlas a  Jequitinhonha, donde —según estimaciones privadas— habría el ocho por ciento de las reservas mundiales de litio.

Minas Gerais tiene largo historial respecto a la minería. Dos hechos recientes confirman la catástrofe extractivista: Bento Rodrigues (2015 —19 fallecidos—) y Brumadinho (2019), en las que murieron 291 personas como consecuencia del derrumbe de una presa de residuos mineros. La región es, también, lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Aranã, Maxacali, Pankararu y Pataxó, entre otros.

El investigador Ricardo Verdum precisa que tres empresas controlan la cadena productiva de litio en la región: la canadiense Sigma Mineração (responsable del 57 por ciento de la producción), la holandesa Advanced Metallurgical Group (AMG) Mineração (con un 34 por ciento) y la Companhia Brasileira de Lítio (nueve por ciento). Los seis principales destinos de óxidos e hidróxidos del litio producido en el mundo fueron Corea del Sur, la Unión Europea, India, Países Bajos, Japón y Estados Unidos.

Verdum, que es integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asociación Brasileña de Antropología y del Grupo Pluralismo Jurídico en América Latina, señala que la extracción de litio en la región del Valle del Río Jequitinhonha abre la discusión sobre los costos humanos y ambientales que implica la producción de minerales para la llamada transición energética. «En Brasil son muy pocos los que se preguntan qué regiones serán sacrificadas para que se puedan extraer e industrializar los minerales necesarios para la transición de la matriz energética capitalista mundial, supuestamente ‘más limpia’. Menos aún se preguntan qué comunidades locales, indígenas y no indígenas, serán destruidas para producir la parafernalia tecnológica que caracteriza ‘el modo de vida moderno’”, destacó en un escrito para el Grupo Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

Cleonice Pankararu, líder indígena del pueblo Pankararu en el Vale do Jequitinhonha, estuvo presente en el  Foro Social Panamozónico (FOSPA 2024) de Bolivia. Allí dejó constancia de que no tiene dudas: «Las economías extractivistas solo dejan destrucción y pobreza».

«Estamos aquí en este intercambio como presencia de lucha en defensa de la Madre Tierra. Ya hemos sufrido mucho con la minería, destruye la esperanza, el amor de las personas, la identidad. No hay tal riqueza, como ellos dicen, no dejan nada, solo dejan la miseria”, advirtió.

 

Bolivia y los salares en riesgo

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) tiene su sede en Cochabamba y desde 1970 trabajo en problemáticas sociales y ambientales. Han publicado numerosos artículos e informes respecto a la explotación de litio en el país, muchos de ellos encabezados por los investigadores Jorge Campanini y Marco Antonio Gandarillas. Afirman que no existe información en Bolivia respecto a la aplicación efectiva de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas. Aseguran que las consultas públicas son meros actos administrativos para dar vía libre a las empresas, denuncian que el acceso a la información (por parte de las comunidades) es muy restringido y es «nula» la fiscalización independiente y control del accionar empresario. «El litio no genera ni generará progreso para Bolivia. Ninguna explotación de materias primas hace eso. Y el litio no es parte de un modelo ‘sustentable ni de energías limpias'», recuerdan.

William Colque es autoridad del Territorio Comunitario Originaria (TCO) de Pisiga, área de influencia del Salar de Coipasa (de unos 70 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho, compartido por Bolivia y Chile). «¿De qué transición energética estamos hablando? ¿De qué cambio cambio climático estamos hablando? Esa transición energética (en base al litio) no va ayudar al cambio climático», afirma el comunero desde Bolivia. Y advirtió que la situación hídrica de la región es «bien preocupante», porque el 98 por ciento del agua es subterránea, agua fósil, en una región de escasas lluvias, «es un recurso estratégico para nosotros, para las comunidades, para la agricultura», definió.

Exigió que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos la consulta previa, y recordó que las comunidades no tiene información sobre lo que implican los proyectos mineros en sus territorios ni, muchos menos, qué impactos provocará. Dada la experiencia de siglos de las comunidades indígenas, Colque no tiene dudas: «La contaminación ambiental que nos va a dejar el litio va a superar los beneficios de la explotación».

 

Amazonía, transición y propuestas

 

«La Amazonía, protagonista milenaria de la diversidad biológica y cultural y la vida en su máxima expresión, se encuentra bajo una amenaza existencial sin precedentes, erigiéndose en un territorio multiafectado. Nos encontramos en un momento crítico de la historia, donde la transición energética, en teoría un paso hacia un futuro más sostenible, se ha convertido en una herramienta de dominio colonial desde el Norte Global», denunció en junio de 2024 el Grupo de Trabajo sobre Minería en Bolivia, en el marco del Foro Social Panamazónico, celebrado en Bolivia el pasado mes de junio y que es uno de los diversos espacios de la región que abordan las propuestas de las comunidades para la defensa del territorio.

Precisaron quiénes son los responsables: «Las grandes corporaciones transnacionales, con la complicidad de los Estados nacionales que apoyan el llamado ‘capitalismo verde’, orientado exclusivamente al mercado y a la explotación de la naturaleza para la extracción de minerales ‘críticos’ para dicha transición». Señalan que además de litio se trata del cobre y las llamadas tierras raras, entre otros elementos. «Esta carrera frenética por descarbonizar nuestras economías ha desencadenado una vorágine de extracción mineral sin precedentes, con la Amazonía en el epicentro de esta devastación, además de la región andina», advierten.

 

Conflictos, derechos y democracia

«A más extractivismo, menos democracia», es una consigna que recorre los territorios latinoamericanos que rechazan la megaminería, la explotación petrolera, los monocultivos de árboles, el agronegocio transgénico y las megarepesas, entre otras actividades que impactan, negativamente, en los pueblos y el ambiente.

Solo en Brasil, el Informe 2022 sobre la Violencia contra los Pueblos Indígenas, realizado por el CIMI (Consejo Indigenista Misionero), registró 309 casos de invasiones de posesión, explotación ilegal de recursos naturales y diversos daños a activos en todo el Brasil. Los casos afectaron a 218 tierras indígenas en 25 estados.

Amnistía Internacional, organización global de derechos humanos, contabilizó en Argentina al menos 183 casos de conflictos graves de avance de industrias extractivas y gobiernos sobre territorios de comunidades originarias. “Los pueblos indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, resaltó Amnistía.

Justamente, los propios Estados aprobaron leyes que debieran proteger la vida de los pueblos indígenas. Entre la cantidad de normativas, dos que sobresalen son la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se establece el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada para cualquier acción que pudiera afectar a las comunidad. Traducido: si una empresa quisiera ingresar a un territorio indígena, debe contar con la aceptación de las comunidades locales. Esa consulta no se trata de un simple llamado telefónico ni de la firma de una autorización, sino de todo un proceso —que puede ser de hasta años— que respetará los tiempos y formas del pueblo indígena afectado.

Los que vulneran ese derecho básico son los propios gobiernos y las empresas, siempre con la complicidad del Poder Judicial.

«Consideraciones para una transición transición energética», es el nombre de una publicación del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (Suecia), fechada en 2022. Firmado por Miquel Muñoz Cabré y José Vega-Araújo, la página siete tiene un gráfico muy ilustrativo titulado: «Denuncias de derechos humanos relacionadas con minerales críticos por continentes». Contempla litio, cobre, cobalto, zinc, manganesio y níquel. Lo visual siempre es muy práctico. Y se observa que Europa casi no tiene denuncias. En el otro extremo, primero en el ranking, se encuentra América del Sur, con vulneración de derechos por la explotación de cobre, zinc y litio. Segundo en el listado está África, con denuncias por la extracción de cobalto y litio.

«Si se quiere que la transición a un sistema basado en las energías renovables sea justa y equitativa, los derechos humanos deben ser una prioridad (…) Una transición justa supondría que las empresas, los inversores y los gobiernos respeten y garanticen los derechos de los pueblos indígenas mediante, por ejemplo, el Consentimiento Libre, Previo e Informado consagrado en el Convenio 169 de la OIT», señala la investigación.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó, en 2011, los «Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos». No solo implica que las empresas deben abstenerse de infringir tales derechos (algo que debiera ser obvio), sino también regirse por la «debida diligencia», en términos de Naciones Unidas implica un continuo proceso para identificar, prevenir, mitigar las consecuencias negativos del accionar privado sobre las comunidades. Es todo un debate, al menos dentro de las organizaciones sociales de América Latina, cuán realmente útil son estos instrumentos de la diplomacia global, pero de lo que no hay dudas es que debe existir un vínculo directo entre estos Principios y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, única manera de asegurar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En la Unión Europea, la directiva de Debida Diligencia fue aprobada recientemente, luego de una largo proceso de debate y exigencias en las que participaron de manera muy comprometida organizaciones de fe, vinculadas a la iglesia católica. Al finalizar el proceso, la directiva aprobada se “suavizó” a favor de las empresas que tendrán muchas facilidades para cumplir estándares, aún, mínimos. La deuda con los derechos humanos y ambientales en las comunidades impactadas es aún muy grande y sin un acceso real a a la justicia. Aún así se rescatan los avances que esta directiva implica en la responsabilidad de las empresas, en el seguimiento de los estados, y sobre todo en que abre la posibilidad de acciones civiles para personas afectadas.

 

Responsables, narrativas y realidades 

Las mineras Albemarle Corporation, SQM, Tianqi Lithium, Jiangxi Ganfeng Lithium, Pilbara Minerals, Ganfeng, Mineral Resources, Allkem y Livent. Las automotrices Volkswagen, Tesla, Toyota, Mitsubishi. Las corporaciones de la especulación financiera global como BlackRock, Vanguard y Deutsche Bank. Son solo algunos nombres propios de sectores que impulsan la actividad extractiva.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo ( provincia de Catamarca), que camina junto a las asambleas socioambientales, explica que hay un «fiebre del litio», como en su momento fue del oro, que tiene como motor «un discurso colonial-desarrolliesta» que promete mejoras a partir de la explotación de recursos naturales.

«La minería de litio se enmarca dentro de la misma matriz neoliberal de los ’90, de cobre y oro, con rasgos coloniales y de rapiña. Hay toda una lectura reduccionista y sesgada de quienes dicen que el único problema es el cambio climático, que se va a resolver con una ‘transición energética’ cambiando la matriz de hidrocarburos por energías limpias y renovables, donde estaría el litio. Esos discursos son sumamente peligroso porque contiene falacias montados sobre un elemento indiscutible que es el calentamiento global y la quema de hidrocarburos», explica.

Machado Aráoz, que integra el Equipo de Ecología Política del Sur, plantea que es necesario abordar la insustentabilidad e injusticia energética estructural del modelo, y cuestionar el nivel de consumo de los países centrales, elemento central de la crisis climática. «Es una simplificación y una falacia plantear que se puede dejar todo igual y que con la extracciones del litio se avanza en una transición de una matriz energética que deje de quemar combustibles fósiles y pasar a energías supuestamente verdes», remarca. Alerta que detrás de un discurso ecologista de «transición energética» lo que se hace es profundizar viejas posiciones de dependencia respecto de los países más poderosos e industrializados. «Con el ‘boom’ del litio nosotros estamos poniendo los territorios que subsidian la transición energética de otras sociedades», explica.

En respuesta a algunos sectores progresistas, llama «ficción industrialista» creer que el litio se puede industrializar en los países donde se extrae y transformar en batería. Recordó que hay un control oligopólico de empresas transnacionales que impide que los países de la región cumplan esa función. Sumado a la histórica y conocida «división internacional del trabajo», con países dependientes-subordinados (proveedores de materias primas) y países desarrollados que industrializan y agregan valor.

Guillermo Folguera, investigador argentino de la Universidad de Buenos Aires y que acompaña a las asambleas socioambientales, tiene un postura que interpela: «La transición energética, de la manera en la cual está configurada, no puede ser bajo ningún punto de vista prioridad hoy de aquellas personas y comunidades que estamos buscando justicia social y ambiental en nuestros territorios».

Plantea que la famosa «transición energética» es un tema impuesto desde los mismos sectores que provocaron la crisis climática y que, ahora, intentan nuevos negocios con el desastre. Enumero cinco aspectos en su fundamentación: el planteo hegemónico actual de transición energética es reduccionista (enfoca solo en «combatir» la emisión de gases de calentamiento global y deja de lado otras causas), prioriza el carácter técnico (donde se deja en segundo plano a las comunidades afectadas), no se cuestiona los altos niveles de consumos de algunas regiones (Estados Unidos, Unión Europea y China) ni a los sectores responsables (mineras, automotrices, fondos especulativos). Y, no menor, «otra vez, en términos geopolíticos, está ‘transición’ ubica a América Latina y África en un lugar de profundización de los ya profundos saqueos», denuncia.

 

Las baterías o el agua

«No comemos baterías. Sin agua no hay vida», es una bandera de lucha de los pueblos indígenas Kolla y Atacama, de las Salinas Grandes del norte de Argentina (provincias de Jujuy y Salta). Allí se unieron 33 comunidades para luchar contra la avanzada de las mineras y los gobiernos.

Iniciaron una causa judicial que tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma», alertó Clemente Flores, uno de los voceros.

Mariela Alancay es parte de la comunidad indígena de Aguas Blancas (en las Salinas Grandes de Argentina). En agosto de 2023 visitó por primera vez Buenos Aires (la capital del país), distante 1500 kilómetros de su casa. Y lo hizo, junto a otros indígenas, en una histórica marcha que reclamó el respeto a los territorios comunitarios: «Tienen que entender estos señores, de gobiernos y empresas, que tenemos derechos, que nosotros vivimos en ese territorio y, entiendan por favor, que el agua vale más que el litio. Por eso, vamos a seguir firmes con nuestra decisión: ¡Fuera las mineras!».

 

Textos: 

Dario Aranda – periodista e investigador y docente argentino, especializado en extractivismo y pueblos indígenas, ha sido por años y acompañado los temas comunidades afectadas por la minería, parte del colectivo periodístico Tierra Viva