““No es sano que nos habituemos al mal,
no nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social mientras
«una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región […]
pone en peligro la vida de millones de personas y
en especial el hábitat de los campesinos e indígenas»” (QA 15)
Quienes formamos parte de la Red Nacional de Pastoral Ecológica rechazamos enérgicamente la militarización acaecida en días anteriores en comunidades campesinas de Palo Quemado – Cotopaxi, ya que “el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia de algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros” (LS 95) y acciones como la militarización en pro de intereses empresariales niegan esa existencia y son acciones provocativas que van en contra de la paz social, afectando gravemente la integridad psicológica de los niños y mujeres vulnerables. La fuerza y las actitudes prepotentes nunca serán la solución para favorecer a las empresas mineras, que destruyen el medio ambiente, causan deforestación, contaminación, pérdida de biodiversidad y ruptura del tejido social. Además, toda minería eleva el costo de la canasta básica, trae prostitución y aumenta la violencia, como ya lo estamos viendo.
La paz y el buen vivir se construyen tomando en cuenta las decisiones de los pueblos y eso se menciona en el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho que es clara al manifestar que tienen derecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad que sean necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, a utilizarlos de manera sostenible y a participar en la gestión de esos recursos y que el estado solo puede autorizar el uso de eso esos recursos siempre que se haya garantizado como mínimo, una evaluación del impacto social y ambiental; se haya celebrado consultas de buena fe de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, de esa declaración y se hayan establecido las modalidades para repartir de manera justa y equitativa los beneficios de la explotación de común acuerdo entre quienes explotan los recursos naturales a los campesinos a otras personas que trabajan en las zonas rurales y en esta zona nada de eso ha sucedido, además que el artículo 71 de la Constitución del Ecuador establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Estos argumentos legales refuerzan nuestra postura y nos llaman a exigir el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de nuestras comunidades y nos sumamos a las voces de personas, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y de la naturaleza que en el país y en el mundo solicitan que se garantice la consulta previa libre e informada de los pueblos y exigimos que hechos como la militarización de estos días en las comunidades de Palo Quemado – Las Pampas no vuelva a suceder recordando que la misión del estado es proteger a la comunidad y no a las empresas extractivas.
Desde la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, nos sumamos a este comunicado rechazando la violencia ejercida sobre este territorio y exigiendo que se detenga la imposición minera en contra de la voluntad de las comunidades de la hermana Madre Tierra.
“LA LUCHA POR LA VIDA CONTINUA”
