Representantes de comunidades tradicionales, indígenas, quilombolas y organizaciones socioambientales brasileñas han intensificado sus denuncias contra el megaproyecto logístico Grão-Pará Maranhão (GPM), que amenaza territorios, biodiversidad y derechos humanos a lo largo de más de 500 kilómetros en Maranhão. Además de realizar encuentros locales en Maranhão, miembros de organizaciones como la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Justicia nos Trilhos (JnT) y el Consejo Pastoral de los Pescadores (CPP) llevaron las denuncias a Europa, con agendas en Bruselas, Ginebra y París, para alertar sobre los impactos devastadores del proyecto. Estas actividades se desarrollaron del 18 al 28 de noviembre, incluyendo espacios en el Foro de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reuniones con eurodiputados y organizaciones europeas, con la articulación directa de Salva la Selva (Rettet den Regenwald e.V.), Entraide & Fraternité y CCFD – Terre Solidaire.  

 

Mikael Carvalho, coordinador de Justicia nos Trilhos, destacó: «Tras analizar la documentación a la que tuvimos acceso, llegamos a la conclusión de que el proyecto GPM es inviable desde el punto de vista ambiental y social. Muchas comunidades con las que trabajamos serían severamente impactadas, pero descubrimos que la mayoría nunca había oído hablar del proyecto». La región oeste de Maranhão, donde se planea instalar el ferrocarril y el puerto, forma parte de la Amazonía y abarca las Reentrâncias Maranhenses, una zona de protección ambiental reconocida internacionalmente por la Convención de Ramsar. Es hogar del mayor manglar intacto del mundo y de especies amenazadas como el ibis escarlata. «Además de impactar a los seres humanos, el proyecto destruye toda la fauna y flora de la región», alertó Mikael.  

 

La resistencia de las comunidades locales  

Durante un encuentro en São Luís, representantes de comunidades indígenas, quilombolas y tradicionales discutieron estrategias para enfrentar el proyecto. En 2017, la GPM intentó negociar directamente con comunidades quilombolas, prometiendo viviendas y participación en los beneficios. Sin embargo, Hilton Araújo de Melo, procurador del Ministerio Público Federal, afirmó que dichos acuerdos carecen de validez legal sin un proceso de consulta libre, previa e informada, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

Kumtum Akroá Gamella, líder indígena, resaltó que el discurso de «desarrollo» esconde una lógica de violencia y explotación: «Dicen que es para el desarrollo, pero lo que vemos es un proceso de ‘des-envolvimiento’, que rompe nuestras relaciones con la tierra, las aguas y el bosque. Cuando hablamos de estas violencias, hablamos de nuestras vidas».  

 

Gilberto Lima, de la coordinación del CPP, también destacó el impacto sobre las comunidades pesqueras y el medio ambiente: «Maranhão, con su litoral profundo, ha sido transformado en una zona de sacrificio para puertos e industrias que contaminan ríos y manglares, acabando con la pesca artesanal y la biodiversidad».  

 

Denuncias llevadas a Europa

En Europa, las organizaciones reforzaron la denuncia sobre la posible participación del gobierno alemán, a través de Deutsche Bahn (DB), en la financiación del GPM mediante el programa Global Gateway. «Estamos aquí para pedir que los gobiernos y empresas europeas no financien proyectos de destrucción», enfatizó Mikael. La delegación destacó que Brasil se encuentra entre los países con mayor número de defensores de territorios asesinados, reflejando la violencia estructural asociada a estos emprendimientos.  

 

El programa Global Gateway, lanzado por la Unión Europea en 2023, fue concebido para posicionar a la UE como un actor principal en el desarrollo económico de sus países socios. La Comisión Europea y la Alta Representante de la UE definieron el «GG» como una nueva estrategia europea destinada a desarrollar y reforzar conexiones inteligentes, limpias y seguras en los ámbitos de la tecnología digital, energía, transporte, educación e investigación. Sin embargo, Fernanda Souto, asesora jurídica de JnT, cuestiona el modelo de transición energética adoptado por Brasil y su relación directa con financiaciones europeas en estos proyectos: «Es urgente una transición energética, pero no a costa de expulsar comunidades y destruir territorios. No existe selva sin personas. Quienes mantienen la selva en pie son los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales».  

 

Según el informe ¿Quién se beneficia del Global Gateway?, de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), el marco político del GG se ha utilizado cada vez más para reorientar el presupuesto de desarrollo de la UE, dirigiéndolo explícitamente hacia el apoyo a proyectos lucrativos para empresas europeas y para los intereses geopolíticos de la Unión, en lugar de atender los objetivos fundamentales de desarrollo establecidos en tratados y políticas, como la erradicación de la pobreza y el fin de las desigualdades. «El GG promueve la privatización de infraestructuras y servicios públicos en el sector energético en los países del Sur y corre el riesgo de aumentar la carga de deuda de los países socios», afirma el informe.  

En consonancia con lo expuesto por la abogada, Gilberto Lima denunció la perspectiva colonial de un proyecto de transición energética que crea nuevas zonas de sacrificio y que, en gran medida, está impulsado por el Norte Global:

«Una de las amenazas que enfrentan muchas comunidades pesqueras proviene de este modelo de transición energética impuesto. Reconocemos la urgencia de una transición, pero el modelo implementado en Brasil está marcado por la explotación, la violencia y la expulsión de diversas comunidades. Muchos parques eólicos, especialmente en Maranhão y Bahía, se instalan de manera que destruyen la fauna, provocan enfermedades, alteran los hábitats e impactan directamente en la vida de tortugas y peces. Además, estos proyectos limitan el derecho de libre circulación de las comunidades pesqueras. En algunas regiones, el agua del mar comienza a invadir las comunidades debido a la salinización provocada por estas intervenciones.»

Para Guilherme Cavalli, coordinador de la Campaña de Desinversión en Minería, las financiaciones público-privadas captadas por el programa Global Gateway podrían ampliar las injusticias socioambientales en el Sur Global. «Al centrarse en áreas que violan directamente los territorios, como áreas logísticas, energía y minería, la iniciativa de la Unión Europea seguirá imponiendo una lógica extractivista primario exportadora a los países, con el objetivo de abastecer la cadena de materia prima europea. Además, no se trata de inversiones con principios democráticos y transparentes, como se percibe en la falta de información y consulta sobre la posible participación en el proyecto Grão-Pará Maranhão».  

 

Demandas y movilización:

Las comunidades exigen la cancelación del proyecto GPM y la garantía de sus derechos territoriales, además de una transición energética justa e inclusiva. También apelan a la aceleración de la demarcación de tierras indígenas y quilombolas, históricamente atrasada. «La lucha por nuestros territorios es la lucha por nuestras vidas y por la preservación de toda la biodiversidad. No hemos venido aquí de paseo, hemos venido a exigir justicia», concluyó Kuntum.  

Entre las demandas presentadas, las agendas resaltaron la necesidad de consultas directas y previas con las poblaciones y comunidades potencialmente afectadas por proyectos de desarrollo. Esta exigencia está alineada con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre las medidas que los afecten directamente.

En relación con el financiamiento directo de la Unión Europea, las lideranzas exigieron, en reuniones con eurodiputados y senadores en Ginebra y París, que el programa Global Gateway no se vincule con emprendimientos que promuevan violaciones de derechos humanos y ambientales o que sean implementados sin consultas legítimas y abarcadoras. “Ya tenemos una experiencia negativa con un ferrocarril, y ahora surge la posibilidad de un nuevo proyecto. Vinimos precisamente a denunciar este proyecto, que causa la expulsión de pueblos ancestrales de sus territorios y perjudicará áreas que están en proceso de titulación, afectando directamente la demarcación de territorios indígenas y quilombolas”, destacó Carvalho.

Las lideranzas enfatizaron que el respeto a los mecanismos de consulta, como lo prevé el Convenio 169 de la OIT, es fundamental para garantizar que los proyectos de infraestructura y desarrollo se implementen de manera justa, respetando los derechos culturales, sociales y ambientales de las comunidades involucradas. Además, subrayaron que este respeto también debe sustentar el derecho a rechazar proyectos que impacten negativamente los territorios tradicionales.

La movilización nacional e internacional continúa, con las comunidades reafirmando su posición contra un modelo de desarrollo que privilegia las ganancias extranjeras a costa de la vida y el medio ambiente en Brasil. En mayo, una primera delegación estuvo en Berlín para dialogar con el gobierno alemán sobre el involucramiento de la estatal del país en el proyecto. En esa ocasión, el grupo buscó dialogar con la propia DB, que no respondió a la solicitud de reunión. Una carta firmada por las organizaciones de Maranhão que alertaba sobre los posibles riesgos del proyecto y la negativa de las comunidades fue entregada en la sede de la empresa.  

 

Ver el video: Los territorios no son negociables: Alemania debe revisar su asociación con el proyecto Grão-Pará Maranhão:
[https://www.youtube.com/watch?v=B41duTApAuk ]  

 

La Articulación Anti-GPM está compuesta por organizaciones y movimientos como Justicia nos Trilhos, CPT, CIMI, CPP, MABE, MOMTRA, MOQBEQ, MOQUIBOM, MAM, MST, CONFREM MA, UNICQUITA, Centro de Formación Saberes Ka’apor, Foro Carajás, Justicia Global, Fundación Rosa Luxemburgo, Articulación Internacional de Afectados por Vale y Salva la Selva.