150.000 firmas recopiló la Iglesia Católica de ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas, para pedir al congreso la derogatoria de la ley  que reactiva la actividad minera, en el único país que tenía una ley que la prohibía.

«Lo que pedimos es la derogación de la ley de la minería metálica», dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, a periodistas

Organizaciones sociales como ADES de Santa Marta han emprendido más de 15 años de lucha, por proteger los territorios, fuentes de agua, agricultura familiar y seguridad alimentaria en El Salvador exigiendo al estado precautelar la vida, frente a la minería.
Esta gran movilización social, terminó en la aprobación de la única ley en el mundo que prohibía la minería metálica. Esta ley, fue derogada el año pasado, 2024, con una mayoría oficialista que impulsa el discurso de la minería y el desarrollo, la inversión extranjera y otras narrativas engañosas que no transparentan los impactos reales de la actividad minera.

Las organizaciones campesinas, sociales, activistas y la Iglesia Católica nuevamente han emprendido una gran convocatoria nacional, para impedir que la minería genere severos impactos en la salud, las tierras y el futuro del pueblo salvadoreño.

La actividad minera podría afectar hasta el 70% de las fuentes de agua de la capital del país y ciudades aledañas. El presidente Bukele  ha expresado, sin revelar las fuentes de esta información, que en el país existen reservas de oro que superan el 300% del PIB. Organización como ADES de la comunidad Santa Marta, con la líder Vidalina Morales a la cabeza, se han organizado desde hace más de una década, para enfrentar los estragos de la minería, su interés es desentrañar el discurso engañoso del gobierno y las empresas mineras, de que el dinero de esa explotación será para la mejora de las condiciones de vida del pueblo. «Sí a la vida, no a los proyectos de muerte», expresa en las calles, donde miles de ciudadanos se han apostado, ya por varias jornadas.

Las firmas «son la voz del pueblo que clama por la derogación de la Ley de Minería, por ser altamente nociva contra la vida humana y contra el medio ambiente», señala la carta de la Conferencia Episcopal.

Los críticos de la minería temen que con su reactivación se contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero y abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital San Salvador y ciudades aledañas.

Para el domingo 23 de marzo, se está realizando una gran convocatoria por parte de las juventudes salvadoreñas, para velar porque la voluntad popular sea escuchada.