La masacre en Pataz, noreste peruano, refleja el nivel de violencia, negligencia y abandono en el que impera el crimen organizado y las bandas delincuenciales. Los 13 asesinados, eras guardias de seguridad miembros de un emprendimiento artesanal que provee servicios a la mega empresa minera La Poderosa.
Familiares y allegados de las 13 víctimas denunciaron en días anteriores que fueron secuestrados, pero ni la policía, ni las autoridades dieron crédito a su denuncia y acompañaron el caso.
La insistencia de las familias obligó a la fuerza pública a realizar labores de búsqueda que terminaron en el desenlace fue fatal y encontraron a los 13 trabajadores torturados y ejecutados. Los hechos están muy relacionados con lo que a su vez sucede en el congreso, normas, ajustes y vacíos legales en el proceso de formalización, que beneficia a la ilegalidad e informalidad, así como a la acción extractivista denominada como «formal o legal» que se beneficia de este proceso viciado y donde se lavan los beneficios económicos de lo que es hecho con una clara intención.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social – CEAS, miembro de la Red Iglesias y Minería en Perú, ha emitido un comunicado contundente denunciando las situaciones y contextos que han llevado al extremo esta situación. Señalan que declarar estado de Emergencia a territorios dominados por estos actores ilegales, no solucionan el problema de fondo.
«El proceso de formalización minera, amparado por el Congreso de la República con la indefinida prórroga del Registro Integral de Formalización minera (REINFO), permite la presencia de mineros artesanales en un permanente proceso de formalización que nunca culmina, que en la práctica lo que hace es “legalizar” una situación ilegal, que además está vinculada en muchos casos con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilegales.»
«Este círculo vicioso de la minería ilegal, en la práctica ocurre que es mantenido también por parte de las grandes empresas formales que, para ahorrar costos, por un lado, permiten a los mineros en proceso de formalización realizar operaciones en sus concesiones y, por otro lado, les compran su producción, limitando así su responsabilidad sobre los derechos de sus trabajadores y los impactos ambientales que sus operaciones pueden generar.»
En su comunicado señalan que es urgente pensar formas concretas y a la largo plazo de enfrentar esta violencia por la disputa de los recursos, y ello solo es posible desmontando un sistema que bajo la premisa de desarrollo y progreso extermina todo a su paso. Ofrecer colectivamente y reforzar formas de vida para las comunidades que se asientan sobre los disputados minerales, es una forma detener esta ola de muerte.
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