La voz de las comunidades campesinas de Honduras resonó en las Naciones Unidas (ONU) este 19 de junio de 2026, a través de organizaciones internacionales y redes eclesiales que denunciaron la masacre de 20 campesinos ocurrida el pasado 21 de mayo pasado en el sector de Rigores, Trujillo, por defender su territorio contra “operaciones depredadoras de palma aceitera y minería”.
Durante la 62ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, VIVAT International presentó una declaración cofirmada por la Red Iglesias y Minería y otras organizaciones hermanas, exigiendo justicia para los mártires, sus familias y sus comunidades ante la violencia estatal y corporativa que les arrebató sus vidas.
La declaración, realizada por Fabian Andidu, denunció que el Bajo Aguán “se ha convertido en una zona de exterminio”, marcada por la violencia, la criminalización y la impunidad contra las comunidades campesinas e indígenas que resisten al despojo extractivo.
“En lugar de recibir protección, se enfrentan a una violenta desposesión territorial y a una impunidad sistémica del Estado”, denunció el vocero de VIVAT International, organización eclesial internacional con estatus consultivo especial ante la ONU que acompaña a las comunidades en su lucha por los derechos, la justicia social y ambiental.
Las organizaciones denunciantes señalaron que la masacre guarda relación con el asesinato de Juan Antonio López, defensor ambiental hondureño, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, evidenciándose una misma estructura de persecución sistemática contra quienes defienden los bienes comunes.
Además, denunciaron que “las recientes reformas del código penal se utilizan como arma para criminalizar las cooperativas campesinas en lugar de desmantelar las redes criminales que impulsan esta violencia”. Desde la década de los 90 la región del Bajo Aguán se ha sumido en una escalada de violencia producto de reformas estatales que permiten la expansión de la agroindustria en tierras campesinas.
Durante la intervención, las organizaciones instaron al Consejo de la ONU a:
- Exigir una investigación independiente y supervisada internacionalmente sobre estas masacres.
- Instar al Estado hondureño a que detenga la criminalización de los protectores de la tierra y,
- Imponga una reforma agraria inmediata que garantice una restitución transparente de la tierra.
“La verdadera acción climática no puede existir sin derechos humanos y seguridad agraria”, fue su mensaje concluyente ante el organismo internacional.
Desde la Red Iglesias y Minería nos mantenemos vigilantes en la búsqueda de verdad justicia y reparación integral para las víctimas del Bajo Aguán. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante la violencia que enfrentan quienes defienden la vida y la Casa Común.
