ELABORADO POR
Las redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo REGCHAG, REMAM, REPAM, PAX CHRISTI y la Red Iglesias y Minería.
Introducción
Estamos viviendo un momento de extrema gravedad para nuestro planeta y para toda la comunidad de vida. Como afirma el Llamado por la Justicia Climática y la Casa Común, suscrito por las conferencias y consejos episcopales católicos de África, Asia, América Latina y el Caribe, nos encontramos peligrosamente cerca de puntos de no retorno en la crisis climática y ambiental.
Hay una convergencia de intereses y necesidades voraces que buscan preservar y ampliar las actuales estructuras de poder económico y financiero, alimentar una creciente demanda de energía y de los bienes de la tierra a cualquier costo, y sostener un vigoroso sistema militar que, con frecuencia, acompaña dinámicas de agresión, despojo y saqueo.
El Papa León XIV reconoce en el símbolo bíblico de Babel una imagen elocuente de esta lógica tecnocrática del poder: “Babel revela así el límite de toda construcción que, por grandiosa que sea, surge de la absolutización de lo humano y de su pretensión de autosuficiencia, sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia y aspira a alcanzar el cielo sin la bendición de Dios”[1].
Si la humanidad no logra impulsar con urgencia transformaciones profundas, el deterioro de las condiciones que hacen posible la vida seguirá acelerándose, con consecuencias cada vez más graves para las generaciones presentes y futuras.
Ante un escenario de esta magnitud, parecería natural concentrar todos los esfuerzos en influir sobre quienes hoy poseen mayor capacidad de decisión política, económica y financiera. Sin embargo, el Evangelio y la tradición social de la Iglesia nos invitan a reconocer otro camino, igualmente realista y profundamente transformador: comenzar por escuchar a quienes padecen las consecuencias de este modelo y descubrir en ellos un lugar privilegiado de discernimiento, esperanza y renovación histórica. Entonces, esta escucha podrá proyectarse hacia las esferas de decisión, incidiendo en las mismas desde la lógica de la debilidad, de acuerdo al axioma paulino “cuando soy débil, entonces soy fuerte» (1 Cor 12,10).
Recientemente, en un videomensaje dirigido a la comunidad de Lampedusa, preparando su visita, el Papa León XIV afirmaba: “La historia es devastada por los poderosos, pero es salvada por los humildes, los justos y los mártires, en quienes brilla el bien y la auténtica humanidad resiste y se renueva”[2].
Por eso, a partir de una iniciativa de las redes y organismos eclesiales latinoamericanos CBJP, Iglesias y Minería, Pax Christi, REGCHAG, REMAM y REPAM [3], a través de sus obispos presidentes o consultores, este documento busca ofrecer una reflexión más profunda sobre el diálogo y el compromiso sociotransformador de la Iglesia.
Se trata de una contribución realizada en un espíritu de comunión, discernimiento y colaboración, desde una perspectiva sinodal que busca escuchar e integrar las voces de las periferias, permaneciendo abierta al encuentro con otras experiencias y miradas. Este texto nace, sobre todo, del acompañamiento a comunidades afectadas por el extractivismo, una realidad que continúa generando contaminación, desplazamientos, conflictos, vulneración de derechos y diversas formas de violencia en nuestra Patria Grande.
En esos territorios resuenan con frecuencia preguntas que interpelan también a la Iglesia: ¿de dónde provienen tantas agresiones contra nuestros territorios? ¿Quiénes las financian? ¿Qué intereses sostienen las amenazas contra quienes defienden la vida, los bienes comunes y los derechos de las comunidades?
Intentamos dialogar con las comunidades afectadas, dejándonos orientar por su propia experiencia y por el ejemplo de sus procesos de resistencia noviolenta y organización. Estamos convencidos de que los cambios más profundos no pueden acontecer únicamente dentro de la gramática, las reglas y los hábitos del poder, que tiende siempre a justificarse y reproducirse a sí mismo.
Por ello, se requieren decisiones valientes y transformaciones profundas en los modelos de desarrollo, producción y consumo, así como en las estructuras de poder que hoy condicionan la vida de los pueblos y de la Casa Común. En esta perspectiva, resuena con particular actualidad el llamado recogido por el Papa Francisco en Laudato Si’ (n. 5), retomando a san Juan Pablo II, a promover «cambios profundos [ .] en las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad».
Reflexiones sobre el diálogo
Diversos actores suelen afirmar que el diálogo constituye la vía más adecuada para solucionar los conflictos y construir consensos. Desde el sector empresarial y los actores gubernamentales hasta las comunidades afectadas y los movimientos sociales, todos reconocen su importancia. Sin embargo, el término “diálogo” suele adquirir significados distintos según la experiencia y la posición que cada actor ocupa en la realidad social.
La comprensión del diálogo por parte de una empresa no necesariamente coincide con la de una comunidad afectada por un proyecto extractivo. Las expectativas, las necesidades y las posibilidades de incidencia suelen ser muy diferentes. Por ello, más que afirmar de manera genérica la necesidad del diálogo, resulta importante discernir las condiciones que permiten que éste contribuya efectivamente a la justicia, la reconciliación y la transformación de los conflictos.
Desde nuestra experiencia pastoral y social, quisiéramos destacar seis dimensiones que consideramos fundamentales para un diálogo auténticamente transformador.
1. Reconocer las asimetrías de poder
Un diálogo justo requiere interpretar adecuadamente la realidad y las relaciones de fuerza existentes entre los distintos actores, sin relativizar las asimetrías de poder.
Existe un uso ilegítimo del poder cuando determinados actores pueden influir de manera desproporcionada en las decisiones que afectan la vida de otros grupos sociales. En numerosos conflictos socioambientales, la cuestión central puesta a las comunidades no es si un determinado proyecto económico debe realizarse o no, sino bajo qué condiciones las comunidades deberán aceptarlo. Cuando esto ocurre, el punto de partida mismo del diálogo resulta problemático, pues las alternativas ya han sido previamente limitadas por poderes nacionales y locales, con la injerencia o influencia de poderes corporativos transnacionales.
Con frecuencia, en nombre del diálogo, se reúnen en un mismo espacio actores que poseen responsabilidades, capacidades de decisión, acceso a la información y recursos profundamente desiguales. Se desvirtúa, así, una participación más justa y significativa.
Asimismo, las decisiones corporativas suelen responder a dinámicas institucionales, financieras y regulatorias que exceden la capacidad de decisión de las personas que las representan en espacios de diálogo. Por ello, resulta importante considerar no solo a los interlocutores presentes, sino también las estructuras y condicionamientos que influyen en las decisiones que posteriormente deberán adoptarse.
2. La Iglesia garante de la voz de las víctimas
La Iglesia no puede ser considerada una observadora y mediadora neutral en contextos de conflicto. Su compromiso con el diálogo nace de la opción preferencial por los empobrecidos y de la convicción evangélica de que la dignidad de las personas más vulnerables constituye un criterio fundamental para el discernimiento social y pastoral.
Desde la Sagrada Escritura, donde se relevan las audaces acciones noviolentas de Jesús en un contexto de opresión y dominio sobre su pueblo, pasando por la tradición de los Padres de la Iglesia y llegando al magisterio contemporáneo, encontramos una constante invitación a escuchar el clamor de quienes sufren. Esta orientación aparece claramente en documentos recientes como Laudato Si’, Dilexi Te y Magnifica Humanitas[4].
Del mismo modo, diversas corrientes de educación popular, entre ellas la propuesta de Paulo Freire[5], recuerdan que los procesos de transformación social requieren reconocer el protagonismo de quienes experimentan situaciones de exclusión, vulnerabilidad o injusticia.
El Papa León XIV reafirma la importancia del diálogo (MH 219-223) y de una cultura de la negociación orientada al encuentro y la convergencia, en el contexto de la diplomacia entre los Estados. Sin embargo, previamente subraya una condición esencial para todo proceso de reconciliación: asumir la mirada de las víctimas. Como señala la encíclica: “No podemos quedarnos a nivel de análisis abstractos. Como recordó el Papa Francisco, debemos ‘tocar la carne’ de quienes sufren: mirar los rostros, escuchar las historias, reconocer las heridas” (MH 216).
Por ello, el diálogo promovido por la Iglesia no puede prescindir de la escucha prioritaria de quienes padecen las consecuencias de los conflictos que se buscan abordar.
3. Dar autoridad, voz y oportunidad de propuestas a las víctimas
Las víctimas no pueden ser consideradas únicamente como personas invitadas a la mesa de nuestros diálogos, ni mucho menos como referencias lejanas o meramente consultadas de manera indirecta. Es necesario que ocupen un lugar de reconocimiento y autoridad en los procesos de escucha promovidos por la Iglesia, así como espacios reales de expresión directa en los diálogos convocados.
La Iglesia está llamada a dar una prioridad especial a los procesos de escucha, comunión e intercambio entre las propias comunidades afectadas y los sectores empobrecidos, antes que a los espacios de diálogo ampliados a otros actores sociales.
Desde la perspectiva de la ecología integral, esta escucha debe abrirse también a las víctimas no humanas de la crisis socioambiental, reconociendo que la devastación de ecosistemas, especies y territorios forma parte de una misma lógica de violencia que afecta simultáneamente a los pueblos y a la Casa Común. Como recuerda Laudato Si’, María “se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano” (LS 241). La escucha eclesial está llamada, por tanto, a acoger tanto el clamor de los empobrecidos como el clamor de las demás criaturas heridas por los actuales modelos de producción y consumo.
Valoramos el diálogo cuando constituye una oportunidad efectiva de transformación de las relaciones sociales y de debilitación de las asimetrías existentes. En este sentido, puede hablarse de un “diálogo orientado a la transformación”, o “diálogo emancipador”, en cuanto contribuye a una mayor justicia y equidad en las relaciones y en la distribución del poder.
4. Garantizar la transparencia y el acceso universal a la información
Con frecuencia, uno de los principales obstáculos para que las comunidades puedan defender sus derechos frente a grandes proyectos corporativos es la falta de información adecuada, oportuna y accesible sobre lo que se proyecta en sus territorios.
En diversas ocasiones, las alianzas entre actores políticos y corporativos generan acuerdos previos que luego son presentados a las comunidades ya en fase de implementación, solicitando procesos de diálogo que buscan más la legitimación instrumental mediante la aceptación, que la deliberación real. En este sentido, la transparencia y el acceso equitativo a la información deben ser garantizados antes de cualquier proceso de negociación o decisión.
El marco jurídico internacional ofrece diversas herramientas que buscan proteger a las comunidades potencialmente afectadas por proyectos de gran impacto, entre ellas el principio de precaución, la inversión de la carga de la prueba y el consentimiento libre, previo e informado.
5. Situar el diálogo en los territorios en conflicto
Diversos informes elaborados por comunidades afectadas y equipos independientes de investigación han mostrado, en numerosos casos, las limitaciones o inconsistencias de ciertos reportes corporativos, lo que refuerza la necesidad de criterios de verificación externa y participación local.
En esta misma línea, el Mensaje de las Conferencias y Consejos Episcopales católicos de África, América Latina y el Caribe y Asia con vistas a la COP30 advierte sobre el riesgo de falsas soluciones promovidas por actores económicos y políticos frente a la crisis socioambiental. Entre ellas, mencionan la financiarización de la naturaleza, la expansión de la minería en nombre de la transición energética y distintas formas de monocultivo energético. Según el documento, estas iniciativas, concebidas con frecuencia lejos de los territorios e impuestas a las comunidades locales, “perpetúan el sistema de explotación, ignorando la necesidad de un cambio estructural”[6].
Por ello, el verdadero diálogo debe situarse también en los territorios donde los conflictos se hacen visibles, donde los impactos se experimentan cotidianamente y donde las comunidades resisten y cuidan de sus territorios y su cultura, formulando demandas concretas de prevención, reparación, mitigación o, en algunos casos, de revisión y reconsideración de los propios proyectos.
Como señala el documento Visión católica de la minería, elaborado por la Universidad de Notre Dame en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y Caritas Internationalis: “Las decisiones sobre la minería que afectan a las poblaciones locales no deben ser impuestas por autoridades lejanas sin el consentimiento y la participación de quienes son directamente afectados”[7].
La realización de encuentros de diálogo alejados de los territorios puede contribuir a la reflexión general, pero puede quedarse desconectada de la realidad concreta, y no incidir efectivamente en la transformación de los conflictos, ni en la protección de los ecosistemas afectados por la industria extractiva.
Las Orientaciones pastorales de las Iglesias católicas frente a la minería del CELAM, así como el documento Visión católica de la minería, subrayan la importancia del consentimiento libre, previo e informado y de las evaluaciones de impacto como elementos centrales de cualquier proceso de discernimiento.
6. Monitoreo y control de las acciones empresariales a través de las leyes e instituciones públicas
La sostenibilidad y el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas no pueden depender exclusivamente de iniciativas voluntarias o de la buena voluntad corporativa. Es fundamental que la regulación de las actividades económicas en los territorios esté sustentada en el cumplimiento efectivo de las leyes, así como en marcos normativos capaces de responder a la urgencia de la crisis socioambiental actual.
Entre estas iniciativas, nuestras redes impulsan desde hace años, junto con organizaciones aliadas de distintos continentes, la adopción en el ámbito de las Naciones Unidas de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, así como el desarrollo y fortalecimiento de marcos de Debida Diligencia corporativa en los países y regiones donde operan e invierten las empresas.
Es necesario fortalecer las instituciones responsables de supervisar, evaluar y hacer cumplir estas normas, así como identificar con claridad a los actores con competencia en estos procesos. En este sentido, el papel del Estado democrático y de las instituciones de justicia resulta insustituible.
Asimismo, el papel de la Iglesia en el acompañamiento pastoral de las comunidades en sus territorios resulta fundamental. En diversos contextos, las comunidades enfrentan situaciones de corrupción política, captura institucional o connivencia entre actores políticos y económicos[8]. En este sentido, la Iglesia acompaña y respalda las legítimas reivindicaciones de las comunidades por políticas públicas justas, una mayor transparencia institucional y el respeto efectivo de los derechos humanos y socioambientales.
El Papa Francisco, en su magisterio, insiste en la importancia de los “grandes caminos de diálogo”, pero vinculándolos siempre a procesos políticos responsables en los niveles internacional, nacional y local[9].
Conclusión
En estos últimos años, la Iglesia ha emprendido importantes caminos de escucha, discernimiento y diálogo, con un notable potencial para abrirse evangélicamente a nuevas intuiciones y prácticas pastorales frente a los desafíos cada vez más complejos de nuestro tiempo. El camino sinodal que estamos recorriendo ha permitido encuentros poco habituales y, en muchos casos, profundamente desafiantes, renovando la convicción de que el Espíritu continúa guiando a la Iglesia allí donde existe una disposición sincera para escuchar, aprender y caminar juntos.
Desde este mismo espíritu de comunión y corresponsabilidad, ofrecemos estas reflexiones como una contribución al discernimiento eclesial. Las consideraciones aquí presentadas no pretenden limitar los procesos de diálogo promovidos por la Iglesia, sino ayudar a que éstos respondan cada vez más plenamente a su vocación evangélica, prestando especial atención a las asimetrías de poder, a la centralidad de las víctimas humanas y no humanas y a la escucha de las comunidades que viven cotidianamente los conflictos socioambientales.
En este sentido, valoramos particularmente las iniciativas que pueden contribuir a lo que el Papa Francisco denominó “multilateralismo desde abajo”[10], entendido como la construcción de procesos de diálogo y de toma de decisiones más próximos a las realidades concretas de los territorios y al protagonismo de quienes los habitan y los cuidan.
Confiamos en que, caminando por esta senda, la Iglesia profética seguirá ofreciendo al mundo un testimonio creíble de esperanza, promoviendo una cultura del encuentro que no eluda los conflictos, sino que contribuya a transformarlos desde la verdad, la justicia, la dignidad de las personas y el cuidado de la Casa Común.
En Cristo,
Septiembre 2026.
Notas.-
1. Papa León XIV, Magnifica Humanitas, n. 7.
3. CBJP: Comisión Brasileña Justicia y Paz; REGCHAG: Red Gran Chaco y Acuífero Guaraní; REMAM: Red Eclesial Mesoamericana; REPAM: Red Eclesial Panamazónica.
4. Cf. LS 158; DT 16–23; MH 216.
5. Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido (2.ª ed.). Siglo XXI Editores.
8. Czerny, M., Colacino, L., The Church and Pastoral Theology in Conflicts over Natural Resources: The Case Study of Juan Antonio López, Religions 2026, 17, 636.
9. Papa Francisco, Laudato Si’, n. 164-198.
10. Papa Francisco, Laudate Deum, n. 38.
