La propuesta de un «diálogo constructivo y pragmático» entre empresas mineras, Iglesias y comunidades suele presentarse como un camino prometedor para enfrentar conflictos socioambientales. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta idea reposa sobre presupuestos frágiles y, en muchos casos, desconectados de la realidad concreta de los territorios afectados por la minería.
En primer lugar, se trata de una concepción de diálogo que ignora o minimiza las profundas asimetrías de poder entre los actores involucrados. Parte de un presupuesto no demostrado: el de que existen condiciones reales de simetría, buena fe y convergencia entre empresas mineras, comunidades afectadas e Iglesia. De un lado, están corporaciones transnacionales con enorme capacidad económica, influencia política y control sobre información estratégica. Del otro, comunidades frecuentemente marcadas por violaciones de derechos, pérdida de territorios, contaminación ambiental y, no raras veces, violencia y criminalización. En este escenario, hablar de negociación equilibrada o de «beneficio mutuo» no solo simplifica el problema, sino que oscurece relaciones estructurales de dominación.
Además, la idea de que conflictos de esta naturaleza pueden resolverse mediante metodologías técnicas de negociación parte de una lectura equivocada de su origen. No se trata, en gran medida, de fallas de comunicación o de intereses mal comprendidos, sino de la expresión de un modelo económico que se sustenta en la explotación intensiva de bienes comunes, en la generación de impactos irreversibles y en la concentración de riqueza. Reducir estos conflictos a cuestiones de gestión de intereses o mediación es despolitizarlos, retirando de escena sus causas estructurales.
Otro aspecto crítico atañe al propio origen e intencionalidad de este «diálogo». Existen evidencias consistentes de que el acercamiento entre empresas mineras e instituciones religiosas no surgió prioritariamente como respuesta ética a las injusticias, sino como estrategia de las mineras para enfrentar la pérdida de legitimidad social, la resistencia de las comunidades y los costos crecientes de los conflictos. En este sentido, el diálogo pasa a funcionar como una herramienta de gestión de riesgo y de reconstrucción de imagen, más que como un espacio real de transformación.
La búsqueda de esta propuesta de diálogo por parte del sector mineral no es un fenómeno nuevo. Desde 2013, grandes corporaciones transnacionales vienen estructurando un acercamiento sistemático con las cúpulas de las iglesias Católica, Anglicana y Metodista, promoviendo encuentros conocidos como «Días de Reflexión» (en el Vaticano y en Londres) y articulando proyectos como el Mining in Partnership y la Mining and Faith Reflections Initiative (MFRI). Esta estrategia se remonta a discusiones empresariales iniciadas en 2012 (como en el ámbito de la red Kellogg Innovation Network – KIN), en las cuales el sector minero constató que la pérdida de la «licencia social para operar» y el aumento de los conflictos socioambientales con las comunidades estaban generando retrasos operacionales y pérdidas financieras millonarias, demandando así una nueva narrativa de legitimidad. Estos esfuerzos no tienen como objetivo principal transformar el modelo de minería, sino mejorar la imagen del sector, reducir las resistencias sociales y garantizar la minería en un contexto marcado por el aumento de los conflictos, por la destrucción ambiental y por la creciente oposición de las comunidades afectadas por la minería.
Lejos de producir resultados positivos para las poblaciones afectadas, este proceso acumulado a lo largo de los años no generó cambios estructurales en el comportamiento de las empresas y sirvió prioritariamente como mecanismo de cooptación y gestión de riesgos corporativos. Mientras los ejecutivos buscaban construir consensos en mesas institucionales e imponer agendas favorables a las mineras, la realidad en los territorios permaneció marcada por violaciones sistemáticas de derechos humanos y desastres de grandes proporciones. La historicidad de crímenes impunes y tragedias humanas se articula contemporáneamente con los nuevos y severos impactos provocados por la carrera global por los llamados minerales críticos y tierras raras necesarios para las Transiciones Energética, Digital/IA y Militar.
En este caminar histórico, es fundamental distinguir dos conductas muy diferentes cuando la propia Iglesia está inserta en territorios afectados por la minería.
Una conducta es aquella en la que la Iglesia camina junto a las comunidades afectadas, construyendo de forma colectiva, transparente y participativa procesos de organización, escucha y definición de pautas comunes. Este camino fortalece la cohesión entre los afectados, evita privilegios y dificulta prácticas de cooptación frecuentemente utilizadas por las empresas, como acuerdos diferenciados, promesas particulares y negociaciones fragmentadas que generan divisiones internas. El diálogo transparente entre los afectados fortalece la solidaridad, establece criterios y objetivos comunes y crea mejores condiciones para la defensa colectiva de derechos dentro de los marcos legales e institucionales.
Otra conducta ocurre cuando sectores de la propia Iglesia, aun participando de los espacios colectivos, establecen paralelamente negociaciones particulares y hasta sigilosas con las mineras. Este tipo de práctica debilita la confianza comunitaria, genera desconfianzas y desigualdades, fragmenta a los afectados y debilita la fuerza colectiva necesaria para presionar a los organismos públicos y al sistema de justicia. Además, negociaciones paralelas fuera de los procesos construidos colectivamente pueden comprometer la búsqueda de soluciones justas, transparentes y capaces de contribuir al perfeccionamiento de las propias leyes y mecanismos de protección de los derechos de las comunidades, protección y derechos de la naturaleza.
Así, el papel atribuido a las Iglesias como mediadoras neutras también necesita ser cuestionado. La neutralidad, cuando se ejerce en situaciones de injusticia estructural, puede convertirse en una forma de omisión o incluso de legitimación indirecta de las violaciones. Al participar en espacios distantes de los territorios y de las experiencias concretas de las comunidades, se corre el riesgo de reforzar una dinámica en la que las voces más afectadas son marginalizadas, mientras las decisiones son moldeadas en instancias de poder ya consolidadas. La neutralidad, en este caso, no es una virtud: puede convertirse en complicidad.
Existe además una premisa implícita, ampliamente difundida, de que la minería sería un imperativo inevitable e incuestionable, restándole a la sociedad únicamente el papel de buscar formas de hacerla más aceptable. En esta perspectiva, la simple adición de adjetivos y calificadores como minería «sostenible», «verde», «justa», «responsable» o «ética» funciona como un mero artificio semántico que en nada altera la esencia predatoria del extractivismo. Lejos de transformar las bases del modelo, la aposición de estos atributos opera para ocultar la violencia estructural inherente al sector, bloqueando un cuestionamiento más profundo sobre la real necesidad de la continua expansión mineral y sobre la insostenibilidad de sus consecuencias territoriales.
Experiencias históricas y contemporáneas demuestran que los gravísimos daños socioambientales, incluyendo crímenes-desastres perpetrados por mineras, de proporciones cataclísmicas como los ocurridos en Mariana y Brumadinho, no constituyen fallas operacionales o desvíos ocasionales del sistema. Se trata, en verdad, de manifestaciones constitutivas de una lógica orientada umbilicalmente por la maximización de beneficios en detrimento de la salvaguardia de la vida. En este arreglo, la fusión entre ciencia y tecnología (tecnociencia) es despojada de cualquier compromiso con el bienestar social, con la emancipación humana o con la protección ecológica, pasando a funcionar estrictamente como engranaje intelectual al servicio de la eficiencia corporativa, del control operacional y del aumento de la productividad.
En este contexto, el poder económico dicta soberanamente las reglas del juego, reduciendo la naturaleza, los territorios y las propias vidas humanas a meras variables matemáticas y costos contables ajustables en balances financieros. Así, en lugar de representar una ruptura o una solución ecológica, las innovaciones tecnológicas y las narrativas de responsabilidad corporativa actúan como herramientas refinadas de reproducción y acumulación del capital. Al optimizar los procesos de extracción y proyectar la falsa ilusión de que el sistema es capaz de autocorregirse, hoy ideológicamente reconfigurada bajo la bandera de las «transiciones verdes», estas estrategias enmascaran la espoliación continua de los pueblos y mantienen rigurosamente intactas las estructuras fundantes de desigualdad, explotación y degradación.
De esta forma, el llamado «diálogo» tiende a operar como un mecanismo de adaptación del sistema, y no de su transformación. Al desplazar el foco de la justicia a la negociación, de los derechos a los intereses y de las comunidades a las mesas institucionales, se crea una apariencia de consenso que, en la práctica, puede servir para viabilizar la continuidad de proyectos contestados.
En síntesis, lo que se revela es que el llamado «diálogo constructivo y pragmático», cuando se realiza sin el reconocimiento de las asimetrías de poder y sin la centralidad de las comunidades afectadas, tiende a funcionar como:
• Instrumento de legitimación de las corporaciones y de reconstrucción de su credibilidad social;
• estrategia de administración y reducción de conflictos para garantizar la continuidad de los proyectos mineros;
• mecanismo de cooptación y fragmentación de las comunidades afectadas, por medio de acuerdos diferenciados, privilegios y negociaciones paralelas;
• forma de captura o neutralización de instituciones con credibilidad social, como las Iglesias;
• instrumento de debilitamiento de la organización colectiva y de la presión legítima sobre los órganos públicos y el sistema de justicia;
• mecanismo de desplazamiento del debate sobre derechos, justicia y modelo de desarrollo hacia la esfera técnica de los mecanismos y de la gestión de intereses.
Un diálogo verdadero, si es que puede existir en este contexto, exigiría condiciones mucho más rigurosas: el reconocimiento de las asimetrías de poder, la centralidad de las comunidades afectadas, el respeto al derecho de decir «no», y la disposición real de cuestionar el modelo de desarrollo vigente. Fuera de eso, el riesgo es que el diálogo se convierta solo en un lenguaje sofisticado para administrar conflictos, sin enfrentar sus causas, perpetuando las mismas injusticias bajo una nueva narrativa.
Además, es necesario reconocer que determinados formatos de «diálogo» promovidos directamente entre corporaciones, sectores institucionales y actores aislados también pueden debilitar instancias nacionales e internacionales legítimas del sistema multilateral, construidas históricamente a partir de las luchas de los pueblos, movimientos sociales, Iglesias comprometidas y defensores de derechos humanos. Al privilegiar negociaciones privadas, acuerdos paralelos y mecanismos informales controlados por las propias empresas, se debilita el papel de espacios colectivos y públicos de mediación, responsabilización y justicia.
Entre estos espacios se incluyen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; las Relatorías Especiales de la ONU (como, por ejemplo, sobre Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y Sustancias Tóxicas); el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, en el proceso de construcción del Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos; el Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos; los mecanismos de queja de la OCDE; los mecanismos independientes de accountability de bancos multilaterales, como el MICI, además de los propios sistemas públicos nacionales de justicia, defensorías, ministerios públicos, comités de cuencas hidrográficas, consejos participativos y demás instancias democráticas de control social.
Estos espacios no son meramente burocráticos: representan conquistas históricas de la sociedad civil internacional y de los pueblos afectados para enfrentar las profundas asimetrías de poder entre corporaciones y comunidades. Cuando el diálogo es desplazado hacia arenas privadas y desiguales, se reduce la presión por cambios estructurales, se debilita la construcción de marcos regulatorios más rigurosos y se limita la capacidad colectiva de los afectados para buscar justicia, reparación y reconocimiento de derechos en instancias legítimamente constituidas para ese fin.
Fray Rodrigo de Castro Amédée Péret, OFM
AUTOR
Fray Rodrigo de Castro Amédée Péret, es fraile franciscano, formado en Ingeniería Civil. Trabaja desde hace 37 años directamente en cuestiones relacionadas con conflictos por la tierra, en la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Es asesor de la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, miembro ejecutivo del Servicio Interfranciscano de Justicia, Paz y Ecología (SINFRAJUPE), de la Conferencia de la Familia Franciscana de Brasil (CFFB), miembro del grupo impulsor de la Red Iglesias y Minería y de la coordinación de la Red Diálogo de los Pueblos – América Latina / África.
