Este 14 de septiembre se cumplen dos años del asesinato de Juan Antonio López, defensor de la naturaleza, líder comunitario y Delegado de la Palabra de Dios en Tocoa, Honduras. Dos años después, su familia, su pueblo y su Iglesia honran su vida y su legado, con diversas actividades comunitarias en su territorio.
La noche del 14 de septiembre de 2024, Juan salía de la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa, en Tocoa, Honduras, después de presidir la liturgia de la palabra. Minutos después, fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba dentro de su vehículo. Tenía 46 años y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido por su labor de defensa del territorio.
Su asesinato ocurrió en una región marcada por años de conflicto alrededor del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, ante la imposición de proyectos mineros y energéticos desarrollados por Inversiones Los Pinares y Ecotek, empresas vinculadas al grupo EMCO, propiedad del empresario millonario Lenir Pérez, propietario de los proyectos.
Pérez, esposo de Ana Facussé, integrante de una familia vinculada históricamente a la agroindustria en Tocoa, ha sido además señalado por organizaciones campesinas y comunidades de la región por su presunta participación en múltiples asesinatos de campesinos en procesos de despojo de sus tierras.
Un hombre de Iglesia, comunidad y territorio
Juan López nació en El Paraíso, Copán, en 1978. Siendo todavía niño, su familia se trasladó a una comunidad de Tocoa, en el departamento de Colón. Su vida estuvo vinculada a la Iglesia católica y, con los años, asumió el servicio como Delegado de la Palabra de Dios.
Fue padre, hermano, compañero, pedagogo, comunicador social y dirigente comunitario. Integró el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, fue miembro de Cáritas de la Diócesis de Trujillo y coordinó la Pastoral de Ecología Integral. También participó activamente en procesos articulados con comunidades eclesiales y con la Red Iglesias y Minería.
Desde 2013 acompañó a las comunidades que denunciaban los impactos del proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, siendo uno de los principales voceros en defensa del agua, los bosques, los ríos y la tierra, exigiendo justicia para la naturaleza y para las comunidades.
Ese vínculo entre fe y territorio es su mayor legado. Para Juan, el cuidado de la creación no estaba separado de la defensa de las personas y de las comunidades. La protección de la Casa Común implicaba también cuestionar las decisiones políticas y económicas que podían ponerla en riesgo.
“Juan nos sigue inspirando, nos sigue moviendo para que no desmayemos y que luchemos hasta obtener justicia para el para el Parque, para su familia y para las organizaciones aquí en Honduras y fuera de Honduras”, expresa Esli Vanegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
“Juan era una persona que fue muy cercana, muy entregado a las personas y para mí era como un amigo confidente, en el que confiábamos muchas cosas, un gran hombre que estaba atento a la comunicación”, expresa Aida Rodríguez, del Comité Municipal.
“Para mí el compañero Juan significa la solidaridad entre entre los pueblos y la coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos, el amor a compañeros y compañeras, el amor a la naturaleza, el compromiso permanente para construir una apuesta por la vida y por la dignidad”, dice Bertha Zúñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN).
Más de una década de conflicto por el territorio
La confrontación en Tocoa se remonta al menos a 2013, cuando comunidades comenzaron a denunciar la instalación de proyectos mineros y energéticos en el entorno del Parque Nacional Carlos Escaleras.
En 2018, las comunidades instalaron el Campamento “Por el Agua y la Vida” para impedir el ingreso de maquinaria vinculada al proyecto. El campamento permaneció durante 88 días y terminó desalojado mediante un operativo en el que participaron alrededor de 1.500 policías y militares. Posteriormente, varios defensores fueron procesados judicialmente. Juan López estuvo entre quienes se presentaron voluntariamente ante las autoridades en 2019 y permaneció 12 días privado de libertad antes de recuperar su libertad. Otros siete defensores permanecieron detenidos durante años.
En los años siguientes, el Comité Municipal continuó denunciando decisiones que, según las comunidades, favorecían intereses empresariales por encima de la protección de los bienes comunes.
En 2024, Juan también cuestionó públicamente actuaciones de la municipalidad de Tocoa. Denunció presuntas alteraciones de actas de cabildos abiertos en los que miles de personas habían expresado su rechazo a la actividad minera. Días antes de su asesinato pidió públicamente la renuncia del entonces alcalde Adán Fúnez y reclamó una investigación del Ministerio Público.
El riesgo que enfrentaba era conocido. Juan y otros integrantes del Comité contaban con medidas cautelares de la CIDH. Sin embargo, las medidas de protección no evitaron su asesinato.
Dos años después, la justicia avanza, pero no llega al final
El 4 de octubre de 2024, fueron detenidos Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, señalados por el Ministerio Público como autores materiales del asesinato. Los tres permanecen procesados por su presunta participación en el crimen.
Después de 20 meses, el 12 de mayo de 2026, fueron capturados los presuntos autores intelectuales: el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez; Héctor Eduardo Méndez Pérez y Juan Ángel Ramos Gallegos. La Fiscalía los señala como presuntos responsables de distintos niveles de participación en la planificación del asesinato.
Hoy, 24 meses después del asesinato, seis personas están procesadas por el crimen, pero el proceso judicial todavía no alcanza una sentencia. Las capturas de mayo representaron un cambio respecto de los primeros 20 meses del caso. Sin embargo, el proceso volvió a enfrentar obstáculos.
En julio, una jueza sustituyó la prisión preventiva de Adán Fúnez por arresto domiciliario, decisión sustentada por su edad y condiciones de salud, generando preocupación sobre los riesgos de impunidad. La Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, manifestaron el 19 de agosto de 2026 una declaración en la que expresaron preocupación por la sustitución de la prisión preventivn. La organización pidió a la Corte de Apelaciones revocar esa resolución.
A esto se suma otro retraso: el juicio contra los tres acusados como presuntos autores materiales, inicialmente previsto para junio de 2026, fue reprogramado para enero de 2027. El proceso permanece pendiente.
Para las organizaciones que acompañan el caso, la exigencia no se limita a determinar quién disparó. Piden esclarecer les estructura económica que está detrás y planificó, financió y facilitó el asesinato.
La Iglesia hondureña también ha insistido en esta dimensión. El obispo de la Diócesis de Trujillo, monseñor Jenry Ruiz, ha señalado que hacer justicia por Juan implica “establecer las responsabilidades intermedias y a los actores intelectuales de un entramado más grande de corrupción y de crimen organizado, que toca negocios mineros y políticos”.
La memoria como acción comunitaria
A dos años del crimen, Tocoa no ha optado por el silencio. La Diócesis de Trujillo, junto con comunidades y organizaciones sociales, organizaron una jornada de varios días para honrar la memoria de Juan.
El 10 de septiembre se presentó en el Centro Cultural Padre Guadalupe Carney el documental “Yo quiero vida”, dirigido por Ramón Hernández, que reúne historias de comunidades hondureñas que enfrentan distintos proyectos extractivos. Uno de sus capítulos está dedicado a Guapinol y a la lucha que Juan López sostuvo hasta su asesinato.
La conmemoración también incluyó el reconocimiento a quienes mantienen la defensa del territorio. El 12 de septiembre se realizó la 2da edición del Premio Juan López, impulsado por la Iglesia hondureña para reconocer el compromiso con la justicia, la paz y el cuidado de la Creación, donde se reconoció la labor del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, del cual Juan era miembro.
“El testimonio firme y luminoso de Juan López por el Reino de Dios, permanece vivo y presente, interpelándonos en medio de un mundo marcado por estructuras de injusticia e iniquidad. Juan nos enseñó que el testimonio adquiera su verdadera fuerza cuando se traduce en compromiso, en la valentía de vivir ay anunciar aquello en lo que creemos”, fueron las palabras del P. Francisco Hernández Rojas, durante su intervención en esta ceremonia.
La jornada más significativa fue este 14 de septiembre, que inició con al cementerio donde está la tumba de Juan, la inauguración de un monumento en su memoria, una peregrinación para reivindicar su nombre y la celebración de la Eucaristía.
“La verdad que ahora lo estamos recordando con mucho cariño, con mucha ternura, por supuesto que hay lágrimas, al dolor, hay tristeza, porque nos lo quitaron, pero hoy siento como una gratitud enorme por Juan López, por el compromiso y el testimonio de fe y de justicia”, expresó el Padre Carlos Orellana, párroco de la Iglesia San isidro Labrador.
“Estamos aquí en el cementerio donde reposan los restos del compañero Juan, es como si estuviéramos viviendo ese momento, como si el tiempo se detiene y no ha pasado estos dos años, que el sigue vivo ahí, orientándonos, guiándonos, él sigue estando en cada una y cada uno de nosotros que lo conocimos y compartimos luchas”, agrega Esli Vanegas.
La Diócesis de Trujillo convocó estas actividades como una jornada para exigir justicia para Juan y todos los defensores, así como también para el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Desde las redes las redes eclesiales de América Latina y el Caribe también honramos su memoria. Este 12 de septiembre, junto a REPAM, REMAM y REGCHAG, entregamos al papa León XIV, el documento “Mártires de la Creación”, una memoria que recoge los nombres y las historias de personas y territorios martirizados por defender la Casa Común. Juan López forma parte de esta memoria, que busca mantener vivos sus nombres y convertir su legado en un llamado a la justicia, la defensa de los territorios y la defensa de quienes continúan alzando su voz frente al extractivismo.
Dos años después, Juan sigue presente
Dos años después de su asesinato, la causa de Juan López permanece abierta en dos sentidos.
En los tribunales, porque todavía falta establecer toda la cadena de responsabilidades por su muerte.
Y en las comunidades, porque el conflicto por el agua, el bosque y el territorio sigue vigente, la amenaza extractiva sigue allí.
Por eso su memoria no se reduce a una fecha. Se expresa en quienes siguen caminando por Tocoa, en las comunidades que continúan defendiendo los ríos Guapinol y San Pedro, en quienes reclaman la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras y en una Iglesia que ha decidido acompañar esas luchas.
La justicia que reclaman su familia, las comunidades y la Iglesia no consiste solamente en una sentencia. También implica garantizar que ninguna otra persona tenga que perder su vida por defender el agua, el bosque o el derecho de un pueblo a decidir sobre su territorio.
A dos años de su asesinato, desde la Red Iglesias y Minería, recordamos a Juan como un hermano que orienta nuestro camino. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Juan López, las comunidades de Guapinol, las iglesias de Honduras y quienes continúan defendiendo el agua y los territorios. Esperamos que las autoridades garanticen una investigación transparente, independiente y sin impunidad. Que la memoria de Juan siga siendo semilla de justicia y compromiso para quienes continúan defendiendo la vida en los territorios.
