Desde los años noventa, cinco transnacionales mineras no han logrado doblegar la resistencia de las comunidades y organizaciones de Intag. Tres de ellas fracasaron solo en Llurimagua, el proyecto que hoy el gobierno de Noboa promete sacar a licitación a inicios de 2027.
La próxima en fracasar podría ser una de las cuatro que, según el gobierno, están interesadas: BHP (que en 2022–2023 no pudo iniciar actividades en Intag), Teck, South32 y Chinalco. Hanrine, filial ecuatoriana de la australiana Hancock Prospecting, sería una quinta pretendiente, aunque desde que adquirió seis concesiones en Intag en 2024 no se la ha visto en la zona. La sexta podría ser Boroo Ptd Ltd. de Singapur, que a mediados de 2026 compró las concesiones de la subsidiaria ecuatoriana de Codelco, la empresa que desde 2013 invirtió en exploración avanzada en la Cordillera de Toisán y que, como sus antecesoras, terminó retirándose. Intag se ha convertido en un cementerio de empresas mineras.
A ninguna le será fácil. En los años noventa, con una sola organización ambientalista (DECOIN) opuesta a la minería, las comunidades lograron expulsar a una poderosa minera japonesa respaldada por el gobierno ecuatoriano. Hoy son más de veinte las organizaciones que rechazan la minería e impulsan actividades económicas sustentables. Llurimagua acumula además tres arbitrajes internacionales, un récord en Ecuador y en América Latina, y su yacimiento, presentado como uno de los más grandes del mundo, jamás ha sido evaluado por una entidad independiente ni bajo estándares como el NI 43–10¹¹. Podría ser otro Bre-X, la célebre estafa que engañó a miles de inversionistas canadienses.
Estas son las 25 razones por las que invertir en Intag es una pésima idea para cualquier empresa minera.
A. Impactos ambientales y sociales
Los impactos de esta sección provienen del Estudio de Impacto Ambiental preliminar para una pequeña mina de cobre (450.000 toneladas), financiado en su totalidad por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)². Es el único estudio de impacto ambiental de un proyecto minero en Ecuador que no ha sido pagado por empresas mineras y, por tanto, el único estudio objetivo realizado en el sitio. Años después, los japoneses sugirieron que el yacimiento podría ser cinco veces mayor, y en 2020 el gobierno estimó hasta once veces más cobre: por tanto, los impactos reales serían mucho mayores.
1. Reubicación. Intag no es el desierto de Atacama, donde Codelco tiene sus minas: además de bosques de enorme biodiversidad, alberga decenas de comunidades agrícolas. El estudio prevé reubicar a cientos de familias de al menos cuatro comunidades, cifra que crecería con un yacimiento mayor. La reubicación de comunidades basta, por sí sola, para frenar casi cualquier proyecto extractivo.
2. Bosques nubosos primarios. Menos del 2,5 % de los bosques tropicales son nubosos. Están entre los ecosistemas más biodiversos y amenazados del planeta, y son indispensables para proteger el agua de los Andes y estabilizar el clima.
3. Deforestación masiva. Así la calificaron los expertos japoneses: la pequeña mina afectaría directamente 4.025 hectáreas y reduciría la capacidad del bosque para mitigar el cambio climático. Una minería industrial en este ecosistema violaría abiertamente los Derechos de la Naturaleza consagrados en la Constitución.
4. Desertificación. Según el mismo estudio, la deforestación secaría el clima local y consecuentemente, afectaría a miles de pequeños agricultores.
5. Especies al borde de la extinción. Los bosques de Intag pertenecen a los Andes Tropicales, el punto crítico de biodiversidad más importante del mundo. En la concesión se han identificado hasta la fecha 104 especies amenazadas, entre ellas el jaguar, el oso andino, el águila andina, el pecarí de collar, ocho especies de orquídeas y tres de monos: el aullador, el capuchino cariblanco y el mono araña de cabeza marrón, uno de los 25 primates más amenazados del planeta. Treinta y cuatro especies de ranas figuran en las listas roja, entre ellas la rana arlequín de hocico largo (Atelopus longirostris), redescubierta en 2016, y una nueva especie del género Ectopoglossus (2019), que solo se han reportado dentro de la zona minera. La bióloga Bitty Roy y otros científicos han identificado más de 200 especies amenazadas en el área (https://bit.ly/2ORqcvV).
6. Agua. La concesión alberga 43 nacimientos de ríos y arroyos. El estudio japonés predijo su contaminación con plomo, arsénico, cromo, cadmio y otras sustancias tóxicas presentes en el yacimiento; estudios recientes han detectado además mercurio en el suelo.
7. Patrimonio arqueológico. Todos los estudios de impacto ambiental realizados por distintas empresas (el más reciente, de 2018) identifican sitios arqueológicos preincaicos inexplorados dentro de la concesión. Su destrucción es un delito en Ecuador.
8. Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Toda la concesión se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de este parque, una de las áreas protegidas con mayor diversidad biológica del mundo según el propio estudio japonés.
B. Obstáculos legales
9. Cantón Ecológico y fallos judiciales. La minería a gran escala violaría la declaratoria vinculante de Cotacachi como Cantón Ecológico (2000), cuya validez solo puede revisar la Corte Constitucional, que no lo ha hecho. Además, el 30 de noviembre de 2021 las comunidades presentaron una acción constitucional por la vulneración de los derechos de la naturaleza y la falta de consulta ambiental previa. En marzo de 2023, la Corte Provincial de Imbabura falló a su favor, ordenó suspender toda actividad minera y revocó la licencia ambiental; en 2024 la Corte Constitucional ratificó el fallo. Desde entonces no se ha realizado ninguna actividad minera.
Tres arbitrajes internacionales: una advertencia para los inversionistas
Codelco presentó dos arbitrajes contra Ecuador por el incumplimiento de la obligación de desarrollar Llurimagua mediante una nueva empresa conjunta con la minera estatal ENAMI. El primero, presentado en 2021 ante la Cámara de Comercio Internacional (París), concluyó en 2025 con una dura derrota para Codelco: de casi 600 millones de dólares reclamados, obtuvo apenas 25,3 millones, y el tribunal resolvió que no estaba obligada a entregar su información geológica de la concesión. El segundo, presentado ante el CIADI en enero de 2022, seguía sin resolverse en septiembre de 2025. A ellos se suma el arbitraje de Copper Mesa contra Ecuador (2013), retratado en la película El Tribunal. La lección es clara: Ecuador es un gran lugar para invertir en minería si no le importa perder toda, o casi toda, su inversión.
10. Derechos de la Naturaleza, Buen Vivir y consulta previa. La Constitución reconoce a la naturaleza el derecho a existir y regenerarse; especies como la rana arlequín de hocico largo serán siempre un obstáculo constitucional para abrir una mina. También garantiza el derecho al Sumak Kawsay o Buen Vivir, y el Código Orgánico del Ambiente considera los bosques nubosos ecosistemas frágiles esenciales para garantizarlo. Por último, las comunidades nunca han sido consultadas legalmente, como exige el artículo 398. Comunidades de Azuay y Sucumbíos y el pueblo waorani de Pastaza ya le han ganado al Estado por falta de consulta previa.
El precedente de Los Cedros. En 2021, la Corte Constitucional falló a favor de los derechos de la naturaleza y de la consulta ambiental frente al proyecto de la canadiense Cornerstone en el Bosque Protector Los Cedros, vecino de Llurimagua y con el mismo hábitat (allí se han identificado 114 especies amenazadas). La empresa tuvo que abandonar el proyecto, y la sentencia sentó jurisprudencia directamente aplicable a Intag.
11. Más capas de protección. En 2019, el Municipio de Cotacachi creó el Área de Conservación y Uso Sostenible Municipal Intag-Toisán (ACUSMIT), que excluye la minería, y ese mismo año la UNESCO declaró a toda la provincia de Imbabura Geoparque Mundial, el primero del Ecuador, gestionado bajo los ejes de conservación, educación y turismo. En 2024, Cotacachi declaró a Intag Santuario de Vida, con nuevas restricciones a la minería. A esto se suman 38 reservas comunitarias de cuencas hidrográficas, que protegen más de 12.000 hectáreas y están en manos de comunidades y gobiernos locales, un modelo impulsado por DECOIN que en 2017 le valió el Premio Ecuatorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
C. Oposición social
12. Más de 30 años de movilización. La amenaza minera ha movilizado a más del 90 % de las organizaciones locales, cantonales y nacionales de la zona. Lo que antes afectaba solo a Junín hoy afecta a toda Intag, por el otorgamiento irresponsable de concesiones en toda la región.
13. Una resistencia experimentada. Tres décadas de lucha han perfeccionado la capacidad jurídica de las comunidades, que no se rinden; el derecho a la resistencia está protegido por la Constitución. Bishimetals (Japón), Copper Mesa (Canadá), Cornerstone (Canadá), BHP (Australia-Reino Unido) y Codelco (Chile), además de la estatal ENAMI, no han podido abrir una sola mina.
14. Un rechazo explícito y documentado. Las principales organizaciones de Intag escribieron en tres ocasiones a los presidentes de Chile advirtiendo que defenderían la zona si Codelco avanzaba. En 2021, la mayoría de ellas entregó una carta a las empresas concesionarias, al presidente Lasso y a los ministros de Ambiente y de Energía sobre los riesgos del proyecto. Seis presidentes de juntas parroquiales se opusieron formalmente ante el Ministerio del Ambiente porque una concesión de Codelco se superponía con la reserva comunitaria Nangulví Bajo. Y en noviembre de 2014 se entregaron 100.000 firmas de ciudadanos de todo el mundo en el Consulado de Chile en Alemania.
Minería y violencia. En 2014, tras fracasar en socializar el proyecto, el gobierno y Codelco desplegaron cerca de 400 policías y militares para imponerlo. El campamento se instaló incluso en el bosque comunitario de Junín destinado al turismo; la exploración taló árboles centenarios, contaminó fuentes de agua y golpeó el turismo comunitario (véanse el Informe de Contraloría de marzo de 2019 y el documental Codelco en Intag).
D. Riesgos técnicos y económicos
15. Un yacimiento inflado. En 2007, Micon International, contratada por Ascendant Copper (luego Copper Mesa) para evaluar el yacimiento, entonces llamado Junín, declaró que no podía confirmar las estimaciones previas por la degradación de las muestras. Copper Mesa afirmaba que había cuatro veces más cobre del que los japoneses dedujeron tras años de exploración: 2,26 millones de toneladas inferidas y nunca verificadas, muy por debajo de una décima parte del consumo mundial anual. Los recursos inferidos son la categoría menos fiable; aun así, el gobierno habla de 5,4 millones de toneladas y Codelco manejó cifras propias sin estudios independientes. Mientras no exista una evaluación independiente de las perforaciones, ninguna de estas cifras debe considerarse válida.
16. Lluvias extremas y relaves. La zona recibe entre 2.000 y 5.000 mm de lluvia al año. Las lluvias intensas, el agua subterránea abundante y los metales pesados del yacimiento son una combinación peligrosa que encarece cualquier proyecto y multiplica el riesgo de deslizamientos y de rupturas de piscinas de relaves, como las que en Brasil (2015 y 2019) mataron a casi 300 personas. Tras visitar Llurimagua, el ingeniero Steven Emerman, de Malach Consulting, concluyó que el riesgo de ruptura de relaves allí era «el peor de los peores» que conocía.
17. Contaminación a perpetuidad. El yacimiento es de tipo pórfido y contiene arsénico y otros metales pesados, lo que generaría drenaje ácido de mina, una contaminación que no se detiene nunca.
18. Exceso de agua subterránea. El estudio japonés lo documenta: eleva considerablemente los costos de la minería y causa enormes problemas ambientales.
19. Topografía extremadamente accidentada. Aumenta los costos de la minería a gran escala y el riesgo de colapsos de relaves, deslizamientos y, por ende, contaminación del agua.
20. Un yacimiento profundo. Según el informe japonés de 1998, el cobre se encuentra a gran profundidad, lo que hace la minería más destructiva y menos rentable.
21. Riesgo sísmico. La Cordillera de Toisán está atravesada por numerosas fallas geológicas. La minería ya es peligrosa; en zonas sísmicas, lo es mucho más.
E. Riesgos legales y de reputación
22. Informes de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo. En marzo de 2019, la Contraloría General del Estado documentó decenas de graves violaciones cometidas por la empresa y por funcionarios públicos durante los más de cuatro años de presencia de Codelco en el bosque de Junín, y llamó la atención a los entes reguladores por no exigir la cancelación del proyecto. En mayo de 2019, la Defensoría del Pueblo denunció graves violaciones a los derechos humanos y colectivos. Ambos informes pueden sustentar futuras acciones legales.
23. Cobre letal. Cuando los países ricos crean mecanismos para excluir de la transición energética los materiales con graves impactos ambientales o sociales, ninguna empresa podrá vender el cobre de la Cordillera de Toisán como responsable. Las organizaciones se encargarán de que sea visto como lo que es: cobre letal, ligado a violaciones de derechos humanos, a la devastación de uno de los bosques más biodiversos del planeta, a la extinción de especies, a la destrucción del patrimonio cultural y al desplazamiento de comunidades campesinas.
24. Apoyo internacional. Desde el inicio, la resistencia ha contado con el respaldo de entidades internacionales de gran prestigio; incluso el actor Leonardo DiCaprio se ha sumado a la alerta mundial sobre este proyecto.
25. Nuevas consultas obligatorias. Toda esta oposición legal y social ha surgido en la fase de exploración. Pasar a la explotación, de impactos mucho mayores, exigiría nuevos procesos de consulta previa, y es prácticamente imposible que las comunidades, o los tribunales, aprueben la apertura de la mina. Lo único seguro es que la oposición se intensificará en todos los niveles.
Conclusión
Hay más de 25 razones para que las empresas se mantengan alejadas de Intag, pero estas bastan para advertir a cualquier inversionista que se atreva con Llurimagua: será considerado cómplice de una devastación ambiental sin precedentes, de la extinción de especies y de graves abusos contra los derechos humanos, en un sitio tan socialmente conflictivo y ecológicamente frágil que ya ha expulsado a cinco transnacionales.
¹ En 1998 los japoneses infirieron la presencia de 2,26 millones de toneladas de cobre, pero nunca terminaron la exploración y, hasta la fecha, el yacimiento no ha sido comprobado.
² Informe final de exploración mineral de cooperación técnica en las áreas de Junín y Cuellaje, marzo de 1996, JICA y Metal Mining Agency of Japan. https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11282761_01.pdf (consultado en noviembre de 2026).
Autor: Carlos Zorrilla, activista, agricultor, escritor y residente de Intag, Ecuador
Publicado originalmente en: https://carloszorrilla-21574.medium.com/llurimagua-la-concesi%C3%B3n-problem%C3%A1tica-del-ecuador-y-las-25-razones-por-las-que-no-se-debe-minar-en-19757e8ece1e
