Después de 20 meses marcados por la impunidad, el dolor y las constantes exigencias de justicia de su familia, las comunidades, organizaciones sociales y eclesiales, el caso del asesinato del defensor ambiental hondureño Juan López volvió a reactivarse este martes 12 de mayo de 2026, con la captura de tres personas involucradas en el crimen.
Hoy, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Hondruas realizaron seis allanamientos en horas de la madrugada y capturaron a Adán Fúnez Martínez, exalcalde de Tocoa; Héctor Eduardo Méndez Pérez, originario de Sonaguera; y Juan Ángel Ramos Gallegos. En un comunicado la Policía Nacional de Honduras los vincula al asesinato de Juan el 14 de septiembre de 2024.
“Mediante nuevas diligencias técnico-científicas y análisis periciales, se estableció la presunta participación coordinada de otros individuos identificados como supuestos autores intelectuales del hecho”, señala el comunicado oficial.
El asesinato ocurrió en el contexto de la imposición de un megaproyecto minero del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, en la región de Guapinol y Tocoa, departamento de Colón, al norte de Honduras. La compañía minera implicada es Pinares Ecotek, vinculada al conglomerado EMCO Holding, propiedad del empresario hondureño Lenir Pérez.
Comunidades, movimientos sociales y organizaciones eclesiales han luchado durante este tiempo para exigir justicia para Juan López y su familia, insistiendo en la necesidad de investigar no solo a los ejecutores, sino también a las estructuras políticas y empresariales vinculadas al conflicto minero en la región del Aguán.
Juan López, defensor ambiental y agente pastoral
Juan López era padre, hermano, hijo, compañero, pedagogo, líder comunitario, comunicador social, celebrador de la palabra y sobre todo defensor de la vida, dedicando su vida a la defensa de los derechos de las comunidades, el derecho al agua y los derechos de la naturaleza.
Fue integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Miembro de Cáritas de la diócesis de Trujillo y coordinador de la Pastoral de Ecología Integral. También formaba parte de espacios vinculados a la Compañía de Jesús y de procesos articulados con la Red Iglesias y Minería.
Desde el año 2013 acompañó los procesos comunitarios en defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, una reserva natural ubicada en la costa norte de Honduras, amenazado por extractivismo.
Juan luchaba contra el Monstruo de Siete Cabezas. Así es como llaman en Tocoa al megaproyecto minero de Guapinol: dos minas de óxido de hierro, una termoeléctrica que si se enciende robará el agua que los municipios necesitan para vivir del río Guapinol y sus afluentes, una planta peletizadora que funcionará con la energía de la termoeléctrica —a base del contaminante coque de petróleo— y tres pozos de agua que secarían la tierra.
“Juan lopez fue un líder que ha conmovido la conciencia nacional e internacional, ha juan lo asesinaron en 2024, actores mineros que pretendían la destrucción de un parque nacional”, manifiesta Pedro Landa, defensor de derechos humanos y de la Casa Común en Honduras e integrante de la Red Iglesias y Minería
Criminalización y resistencia comunitaria
La violencia minera se intensificó cuando las comunidades de guapinol instalaron el Campamento “Por el Agua y la Vida” para impedir el ingreso de maquinaria de la empresa el 1 de agosto de 2018.
El campamento fue levantado sobre una vía pública y se mantuvo durante 88 días, hasta que las autoridades ordenaron un operativo con alrededor de 1500 efectivos policiales y militares para desalojar a 200 defensoras y defensores ambientales.
Este hecho marcó el inicio de un proceso de criminalización contra defensores ambientales que se oponían al proyecto minero, entre ellos Juan López. Los defensores se presentaron voluntariamente ante la justicia el 21 de febrero de 2019, tras la emisión de órdenes de captura en su contra, bajo acusaciones de usurpación, daños, asociación ilícita y otros delitos.
“Se demostró que todas estas acusaciones eran infundadas, logramos en ese momento que 12 compañeros, incluyendo a Juan, recuperaron su libertad por orden judicial, pero estuvieron 12 días privados de libertad”, relata Pedro.
Las autoridades liberaron a Juan y sus compañeros, sin embargo, capturaron a otros 7 líderes que fueron privados de su libertad injustamente durante 3 años, por las mismas acusaciones.
“Los capturaron por el delito de defender una montaña y defender los ríos de los cuales sus comunidades subsistían”, aclara.
Denuncias previas al asesinato
Semanas antes de su asesinato, Juan López denunció públicamente al entonces alcalde Adán Fúnez tras la alteración de actas de cabildos abiertos realizados en comunidades afectadas por el proyecto, donde más de 4000 personas expresaron su rechazo a la actividad minera, pero los documentos presentaron un supuesto apoyo ciudadano a la minería. Frente a ello, López exigió públicamente la renuncia del alcalde y pidió que el Ministerio Público investigara los hechos.
En medio de la creciente conflictividad, comenzaron a registrarse hechos de violencia que luego eran utilizados para responsabilizar a integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Juan contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023 por amenazas contra él y otros líderes de Tocoa, sin embargo, fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024, después de salir de la iglesia de su comunidad en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, atacado con arma de fuego.
Vigilancia del caso ante las detenciones
Dentro de las organizaciones que han acompañado el caso existe también una preocupación de fondo: que las recientes capturas, aunque importantes, traten de limitar la investigación y no alcancen a las estructuras económicas y empresariales detrás del proyecto minero y el modelo extractivo que se pretende imponer en Honduras.
“La captura de Adán Funez es un paso importante en todo el proceso de Justicia para nuestro hermano Delegado de la Palabra de Dios: «Juan Antonio López», el Ministerio Público tiene esa gran obligación, darle a todo este proceso la seriedad, celeridad y transparencia que requiere, para establecer las responsabilidades intermedias y a los actores intelectuales de un entramado más grande de corrupción y de crimen organizado, que toca negocios mineros y políticos”, manifestó Jenry Orlando Ruiz, obispo de la diócesis de Trujillo y una de las principales voces de la Iglesia católica hondureña en la denuncia de la violencia extractiva.
Las comunidades exigen que la investigación incluya a los beneficiarios del proyecto extractivo, particularmente el empresario Lenir Pérez, concesionario del proyecto en cuestión y vinculado al conglomerado empresarial detrás de Inversiones Los Pinares y Ecotek.
“Esperamos que se aplique justicia pero que se siga con la investigación hasta llegar al círculo mayor que son los que ordenaron, financiaron y estructuraron el asesinato de Juan López”, expresa Pedro.
La inquietud se produce en un momento clave: a finales de este mes está previsto un proceso judicial contra Lenir Perez, que actualmente enfrenta procesos penales por presuntos delitos ambientales por la explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados al ambiente en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
En ese contexto, las comunidades esperan que la detención de Funez no sea una cortina de humo. Enfatizan que ambos procesos no pueden analizarse de forma separada, ya que consideran que la violencia contra defensores ambientales está directamente ligada a la imposición del proyecto extractivo de la compañía Pinares Ecotek.
Iglesia y defensa de la Casa Común
Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y los bienes comunes frente al extractivismo. En el país se registran en promedio entre 20 y 25 asesinatos de defensores ambientales cada año y según Global Witness ha sido durante años uno de los países más letales per cápita para quienes defienden el ambiente.
En este contexto, el papel de la Iglesia hondureña en el acompañamiento de comunidades afectadas por el extractivismo es crucial.
En la región del Aguán, comunidades jesuitas, agentes pastorales y obispos han acompañado la defensa del territorio y la exigencia de justicia. La diócesis de Trujillo, con Henry Ruiz, ha mantenido una denuncia constante sobre la violencia proveniente de los intereses extractivos y ha exigido justicia para Juan López, como hoy lo ha ratificado el Obispo Henry Ruiz.
“La justicia para Juan es también Justicia para el parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, que ha sido secuestrado por la compañía minera Pinares Ecotek. Animamos a la fiscalía a cumplir con su misión. !Justicia para Juan López!”, manifestó.
Desde la Red Iglesias y Minería expresamos nuestra solidaridad con la familia de Juan López, las comunidades de Guapinol, las iglesias de Honduras y quienes continúan defendiendo el agua y los territorios. Esperamos que las autoridades garanticen una investigación transparente, independiente y sin impunidad. Reiteramos nuestro respaldo y acompañamiento a las comunidades y su exigencia de justicia ambiental y social para Honduras.
