La mortandad masiva de truchas registrada la madrugada del 27 de abril en la cuenca del río Yuracyacu, en el distrito de Pariahuanca (Junín), no fue producto de causas naturales ni de una enfermedad. Un informe pericial de la Policía Nacional del Perú confirmó que el evento fue consecuencia de contaminación con cianuro.
El Informe Químico-Toxicológico N.° 9802-9815/2026, elaborado por la Dirección de Criminalística de Junín y entregado el 9 de mayo a la Municipalidad de Pariahuanca, detectó la presencia de ácido cianhídrico en las 12 muestras analizadas: seis correspondientes a órganos de trucha y seis a agua de los pozos de crianza. El análisis descartó otros agentes tóxicos como pesticidas o raticidas.
Las muestras fueron recogidas el mismo día del evento bajo cadena de custodia y analizadas en un laboratorio especializado. En todos los casos se confirmó la presencia de cianuro, una sustancia altamente tóxica que afecta directamente el sistema respiratorio celular y puede provocar la muerte en corto tiempo.
De acuerdo con información difundida por Huanca York Times, RPP Noticias y Infobae, la emergencia afectó al menos siete piscigranjas y provocó la muerte de entre 2 y 2.5 millones de truchas, lo que equivale a aproximadamente 120 toneladas de producción. Este impacto representa pérdidas económicas significativas para las familias que dependen de la actividad piscícola en la zona.
Ante la confirmación del contaminante, la Municipalidad de Pariahuanca dispuso medidas urgentes: suspensión del uso del agua del río para consumo humano y riego, prohibición de consumo de peces provenientes de las áreas afectadas, paralización temporal de la piscicultura y restricción del acceso del ganado a las fuentes de agua contaminadas.
Las investigaciones continúan para determinar el origen del cianuro. Desde el inicio de la emergencia, la atención se ha centrado en actividades mineras ubicadas en la parte alta de la cuenca, entre ellas la unidad minera Oro Negro, registrada en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). No obstante, hasta el momento no existe una atribución oficial de responsabilidad.
En las acciones de fiscalización participan el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Junín. Durante las inspecciones se identificaron afloramientos de agua provenientes de bofedales que atraviesan zonas de actividad minera y desembocan en el río Yuracyacu. La Autoridad Local del Agua (ALA) Mantaro ha tomado muestras adicionales que serán analizadas en laboratorios acreditados por INACAL; sus resultados aún están pendientes.
Por ahora, el peritaje policial constituye la evidencia más sólida al confirmar la presencia de cianuro en la zona afectada. La situación mantiene en alerta a la población debido a los riesgos sanitarios y al impacto sobre las actividades productivas locales.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de preocupación ambiental en el Perú. El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la Naciones Unidas, Marcos Orellana, advirtió tras su visita oficial al país en 2023 que alrededor de 10 millones de personas —estimada entre el 30% de la población peruana— en 13 regiones están expuestas a metales pesados como plomo, mercurio, arsénico y cadmio, especialmente en zonas cercanas a actividades extractivas. Estas conclusiones fueron recogidas en su informe oficial presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.
Frente a esta realidad, comunidades y organizaciones sociales han intensificado la vigilancia ciudadana y la exigencia de controles más estrictos sobre las actividades mineras. Al mismo tiempo, se cuestiona con mayor fuerza el extractivismo como modelo de desarrollo, señalando sus impactos en la salud, el ambiente y los medios de vida locales. Pese a ello, persisten brechas en la respuesta institucional y en los procesos de remediación de los territorios afectados.
La situación en el río Yuracyacu evidencia no solo la fragilidad de los ecosistemas, sino también los riesgos directos para las familias. La pérdida masiva de vida, sumada a los posibles impactos en la salud humana, interpela sobre la responsabilidad de proteger la creación, que requiere cuidado, límites, reflexión profunda y un compromiso real con la vida en todas sus formas.
Fotografías de Huanca York Times, Infobae y Mongabay.
