La nueva guerra por los minerales
No se trata solo de oro, sino también de cobre, litio, níquel, plata, cobalto, grafito, titanio, uranio y tierras raras. La gran carrera por las materias primas estratégicas se ha reanudado, y a gran escala. Multinacionales, gobiernos, canales diplomáticos paralelos y empresas de mercenarios compiten por asegurarse los yacimientos existentes y descubrir otros nuevos. El panorama geopolítico está cambiando rápidamente; los conflictos bélicos —especialmente en Ucrania y Oriente Medio— intensifican unas tensiones internacionales ya de por sí crispadas por la rivalidad fragmentada entre Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Estos conflictos también están transformando las materias primas extraídas en activos estratégicos de seguridad nacional. ¿Un indicador claro e inmediato de esta tendencia? La carrera de los inversores mundiales por adquirir el «metal amarillo», el activo refugio por excelencia. El Consejo Mundial del Oro —organismo internacional que representa a las principales empresas mineras de oro del mundo— informó que la demanda de oro siguió aumentando en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras asombrosas, sumadas a unos precios récord que rondan los 4.000 dólares por onza, han llevado a las empresas mineras de todo el mundo a aumentar la producción. Esto es especialmente cierto en América Latina, donde el renovado interés por estos recursos ha generado una profunda inquietud entre las comunidades locales e indígenas sobre su supervivencia y la preservación de sus hábitats. Los casos de Argentina, Guatemala y Panamá ejemplifican abusos de larga data y luchas históricas que han cobrado nuevo impulso en medio de esta reciente fiebre del oro y de las materias primas estratégicas; todo ello ocurre, a menudo, en un contexto de indiferencia mundial, ya que el mundo prefiere mirar hacia otro lado.
La mina de oro a cielo abierto más grande de Argentina, Veladero, símbolo de lucha por la supervivencia
Desde San José de Jáchal para llegar a la mina de oro de Veladero, en la Cordillera de los Andes, se deben recorrer más de 200 kilómetros de carreteras asfaltadas y caminos de tierra hechos de grava y tierra apisonada. Hay que superar un desnivel que va desde los 1.100 metros de la cabecera del departamento de Jáchal hasta más de 4.000 metros de uno de los sitios de extracción más problemáticos de toda Argentina.
Los mineros que trabajan en Veladero no viven cerca de la mina. Cada mañana, antes del amanecer, numerosos autobuses y minibuses, organizados por la empresa propietaria del sitio, los recogen de San José de Jáchal y de la ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima, que comprende todo el departamento de Jáchal, y los llevan al llamado “campamento” equipado con alojamientos, comedor, enfermería, áreas recreativas. Cuando cae el anochecer, solo regresa a sus casas quien ha terminado su período de 14 días, hechos de 12 horas de trabajo con turnos extenuantes incluso de noche.
En Argentina, las minas de oro actualmente en actividad son cuatro: dos en la provincia de San Juan, que se encuentra en el centro-oeste de la nación, y dos en la provincia de Santa Cruz, al sur. Todas han tenido la aprobación del gobierno nacional y de las administraciones locales. «Pero la mina de Veladero en la provincia de San Juan viola sistemáticamente varias leyes: la de residuos peligrosos, la general sobre el medio ambiente, la de protección de glaciares. Sin contar el Código minero, a menudo olvidado». Por eso Carolina Caliva se atreve a afirmar que «Veladero es ilegal». Como miembro de la Red Iglesias y Minería —organismo ecuménico internacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas, congregaciones religiosas y líderes indígenas que luchan contra los efectos negativos de la industria extractiva— y coordinadora del grupo Laudato Si’ de la parroquia de San José de Jáchal, Caliva revela a nuestro diario que es justamente su gente la más afectada por las actividades de Veladero.
El departamento de Jáchal cuenta con 27.000 habitantes, la mitad de los cuales vive en la ciudad de San José de Jáchal, y la otra mitad dispersa en varias comunidades rurales más pequeñas. Hasta 2010, para calmar la sed de la población de la ciudad era el río Jáchal, alimentado por el deshielo de los glaciares de los Andes. Pero en los años siguientes, el temor a que el agua pudiera estar contaminada por los drenajes de trabajo de la mina llevó a las autoridades a construir un acueducto utilizando un acuífero subterráneo diferente, situado a 22 kilómetros al norte y llamado la Pampa del Chañar. Sin embargo, explica Caliva, «las poblaciones rurales de la zona siguen extrayendo agua subterránea de la cuenca del río Jáchal a través de pozos. Y análisis recientes han demostrado que ha habido 19 vertidos minerales en esta agua que han incrementado la presencia de metales pesados como mercurio, manganeso y aluminio. Venenos para los hombres, la tierra, las personas.»
Hasta hace poco, la zona de Jáchal era considerada una de las mejores productoras de cebollas, incluso se exportaban a Brasil. «Ahora la superficie cultivable se ha reducido a un tercio y se riega principalmente con agua superficial del río. Además, como si eso no fuera suficiente, debido a la crisis del agua, a los productores agrícolas se les corta el agua de riego durante 120 días al año.»
En noviembre de 2025, se produjo un gran vertido contaminante procedente de Veladero que se mantuvo oculto a la comunidad, contribuyendo, según Caliva, a la destrucción de los glaciares de la Cordillera ya sometidos a presión por la emisión de gases de efecto invernadero en el corazón de la montaña que alberga el lugar de extracción. «Durante más de diez años nuestro pueblo ha estado protestando a través de la Asamblea de Jáchal no se toca, que ha montado un campamento frente al ayuntamiento desde la primera gran salida de la mina, en septiembre de 2015. Y desde entonces hemos estado pidiendo justicia denunciando la muerte de los peces y solicitando que la mina de oro y tierras raras situada sobre los acuíferos de Pampa del Chañar, la última fuente de agua pura del pueblo, no sea explotada».
Además de Veladero y las otras tres minas legales de oro, existen más de cien proyectos de exploración en Argentina para la extracción del metal amarillo. La situación de fuerte inestabilidad internacional y guerras generalizadas —Ucrania y Oriente Medio, entre otros— están empujando a los inversores a comprar cada vez más oro, considerado un «activo refugio seguro» por excelencia. Y a medida que crece la demanda, también lo hace el precio, lo que atrae a las empresas mineras a producir cada vez más: en 2025 se extrajeron 3.672 toneladas, un récord mundial. En este contexto, admite Caliva, «la exploración mineral en Argentina ha crecido realmente. Lo trágico es que la mina de Veladero y los mega-proyectos mineros como el de Vicuña (situado a más de 4.000 metros en la Cordillera de los Andes, en la frontera con Chile, que debería convertirse en uno de los complejos mineros más grandes del mundo para la extracción de cobre, oro y plata, nota del editor) se encuentran dentro de la reserva de la biosfera de San Guillermo, patrimonio de la UNESCO, y podrían destruir la biodiversidad que en cambio debería ser protegida. Una verdadera locura.
Guatemala: comunidades movilizadas para detener una devastadora carrera por el oro.
El impacto de la contaminación causada por la mina Era Dorada preocupa también al vecino El Salvador
Lo que los habitantes locales definen como el proyecto aurífero más opaco de Guatemala se encuentra en el municipio de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, una hermosa región tropical con vocación agrícola. Desde el año pasado se llama Era Dorada, pero antes era conocida como Cerro Blanco, uno de los yacimientos de oro más ricos y prometedores del país. Quien ha seguido la historia, cuenta que, hace veinte años, el estudio de impacto ambiental que destacaba sus problemáticas fue rechazado dos veces, provocando la indignación de la sociedad civil.
Debido a la imposibilidad de construir túneles por la presencia de acuíferos termales en el terreno e iniciar las actividades, la propiedad de entonces se declaró en quiebra, desencadenando una venta en secuencia, a diferentes empresas y con procedimientos administrativos juzgados poco transparentes, de los derechos de extracción. Recientemente, la propiedad actual logró obtener una actualización de las evaluaciones de impacto ambiental y permitir que las actividades extractivas puedan realizarse a cielo abierto. En enero de 2026, para permitir que la mina comenzara a funcionar, se emitió una licencia de construcción de la cual, sin embargo, no se habría informado a la población. «Todo esto está suscitando una fuerte oposición por parte de la comunidad local», cuenta a nuestro diario monseñor Bernabé de Jesús Sagastume Lemus, obispo de San Marcos y presidente de la Conferencia Episcopal Guatemalteca «también porque el proyecto ha estado marcado por diversos episodios de corrupción».
En condiciones normales, en los primeros cuatro años, Era Dorada debería producir 3,45 toneladas de oro al año con un impacto ambiental considerable que va desde la contaminación de los acuíferos hasta la pérdida de vegetación y la fragmentación del hábitat.
Y luego estaría el impacto transfronterizo que afecta al vecino El Salvador. El Río Lempa, principal curso del país, nace en Guatemala para luego extenderse 300 kilómetros en territorio salvadoreño. La preocupación es que la mina, una vez en operación, pueda contaminar la cuenca del río en su desembocadura, un evento que pondría en peligro a millones de personas.
Si, como confirma el obispo de San Marcos, en Guatemala aún no existe ninguna mina de oro a gran escala en fase de extracción comercial activa y no se registra la carrera por el metal amarillo desencadenada por la inseguridad mundial presente en otros países de América Latina como Argentina, Ecuador y Brasil, es por la fuerte oposición de las comunidades locales, sobre todo indígenas. «Actualmente, en fase de exploración y desarrollo comercial hay alrededor de 20 proyectos mineros: no solo oro, sino también plata, níquel, cobre. La mayoría de las minas ha enfrentado suspensiones legales prolongadas debido a procedimientos judiciales y conflictos socioambientales. Lo que da origen a estas controversias es una constante: la falta de respeto al derecho de acceso a la información y a la participación de la población».
Por ejemplo, las luchas tenaces y constantes de los habitantes de los pueblos y ciudades amenazados por la presencia de sitios extractivos han bloqueado la mina Escobal de plata, plomo y zinc que se encuentra en San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa. La Corte Constitucional suspendió sus actividades por haber comprobado que el pueblo Xinca no fue consultado previamente. Similar destino tuvo El Tambor, más conocida como La Puya, mina de oro situada entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala. También en este caso, la Corte Constitucional ordenó la paralización de la productividad cuestionando la falta de participación del pueblo Kaqchikel. Monseñor Bernabé de Jesús Sagastume Lemus explica que, en varios casos, las comunidades han tenido el valor de demandar «al Estado y a las empresas mineras a nivel nacional e internacional obteniendo la suspensión de las actividades. Los avances logrados en la reivindicación de los derechos de los pueblos afectados demuestran que la extracción minera metalífera en Guatemala no tiene futuro».
Para animar las luchas del pueblo Maya Poqomam, en Santa Cruz Chinautla, que se pelea activamente contra las minas industriales de arena que han contaminado el agua que beben y desestabilizado el terreno en el que viven o para apoyar a las comunidades Q’eqchi’ que llevan adelante una resistencia histórica contra la mina Fénix, hay movimientos sociales organizados que el obispo define como actores capaces de ejercer sus derechos de manera legal, pacífica y no violenta: «Se les considera defensores de los derechos ambientales y colectivos, guiados principalmente por autoridades comunitarias, poblaciones indígenas y campesinos, que quieren proteger sus territorios de los impactos ambientales y sociales de las mega minas. Con la resistencia no violenta reivindican el derecho al acceso a la información y el derecho a la consulta libre, previa e informada. Aunque estos derechos a menudo son negados».
Panamá lidiando con los efectos secundarios de los sitios abandonados
Una amenaza para los derechos humanos y para el medio ambiente
Uno se encuentra con la «paradoja de Panamá» en la zona montañosa que se extiende entre los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón, que da al mar Caribe. Allí podemos ver lo que queda de Molejón, la primera gran mina de oro de la era moderna del país latinoamericano. Descubierta en 1992 y puesta en funcionamiento en 2009, dejó de existir en 2014. Pero los efectos negativos de sus actividades extractivas todavía se sienten hoy: las instalaciones han sido abandonadas y no adecuadamente remediadas, los tanques donde se ponía el oro en contacto con cianuro de sodio, sustancia altamente tóxica, se han deteriorado completamente y, después del cierre de la planta, no se ha programado ninguna gestión de los residuos mineros que podrían contaminar agua y suelo. Ahí está, la paradoja: Panamá, a pesar de no tener grandes minas metálicas industriales activas, tiene que lidiar con sus efectos secundarios, los más pesados y peligrosos.
Molejón no es un caso aislado. Está la mina de oro de Santa Rosa, en el estrecho de Cañazas; está la de Remance, oro y cobre, en el distrito de San Francisco. Todos sitios abandonados que representan un gran riesgo para el ambiente y los derechos de las comunidades locales. «Las afectadas son principalmente poblaciones rurales, campesinas, costeras e indígenas que mantienen una relación directa con los ríos, los bosques y la tierra. Estas zonas, históricamente excluidas del desarrollo y afectadas por la desigualdad, siguen sujetas a las decisiones tomadas en los centros de poder concentrados en la ciudad de Panamá». Monseñor Manuel Ochogavía Barahona es el obispo de Colón-Kuna Yala, diócesis que comprende el distrito de Donoso que, junto con el de Omar Torrijos Herrera, alberga Cobre Panamá, la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. También en Cobre Panamá las actividades fueron suspendidas después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley 406, con la cual se había aprobado el contrato de concesión minera. Ahora, a principios de 2026, el gobierno ha autorizado exclusivamente el procesamiento y la exportación del mineral ya almacenado dentro del sitio, afirmando que esto no implica nuevas operaciones de voladura ni una reactivación formal de la extracción.
En las zonas cercanas a la mina viven comunidades campesinas dedicadas a la agricultura familiar, la pesca, la crianza a pequeña escala, la recolección y otras microactividades vinculadas al territorio. El obispo explica a nuestro periódico que allí, con el tiempo, también se han asentado comunidades indígenas, principalmente Ngäbe, que han denunciado que los guardias de seguridad privados siguen controlando u obstaculizando el acceso a varios asentamientos a pesar de que las actividades mineras hayan cesado hace tiempo: «Muchas de estas poblaciones viven en lugares donde es difícil llegar a carreteras, centros médicos, agua potable, educación y telecomunicaciones. Eso genera una relación profundamente desequilibrada: las grandes multinacionales llegan con recursos financieros, personal técnico y capacidad de influir políticamente, mientras que las comunidades deben defender sus derechos con recursos muy limitados». Además, existen violaciones a las leyes ambientales que, incluso en Cobre Panamá, continuarían sin interrupción. «Investigaciones periodísticas basadas en informes oficiales han documentado cientos de irregularidades a lo largo de varios años, incluyendo daños a cursos de agua, deforestación y riesgos asociados al depósito de material residual de la minería. La empresa niega contaminar los ríos y afirma mantener controles ambientales: por eso es importante tener en cuenta ambas posiciones y exigir que se realicen evaluaciones públicas e independientes».
En todo el país, las comunidades locales no han perdido tiempo y, para defender su territorio y su salud, han puesto en marcha una acción concreta hecha de denuncias públicas, bloqueos de carreteras, recorridos por los terrenos, acciones legales, intervenciones en los medios, alianzas con organizaciones ambientalistas, sindicatos, grupos estudiantiles, iglesias y movimientos indígenas. Luchas que también se han extendido a nivel internacional.
El aumento del precio del oro en los mercados internacionales debido a la incertidumbre y las guerras ha incentivado efectivamente la extracción artesanal, que en Panamá se considera ilegal y que se practica sobre todo en zonas salvajes y a lo largo de los cursos de agua de Darién, Colón, Coclé y en otras regiones de difícil acceso. «El número de arrestos reportados durante 2025 —entra en detalle monseñor Ochogavía Barahona— indica una actividad significativa, pero también podría reflejar una mayor actividad policial, no necesariamente un aumento real de la producción. Sin embargo, también hay que subrayar que, para algunas comunidades campesinas, la extracción artesanal ha constituido históricamente un medio de subsistencia y una práctica transmitida de generación en generación». Según el obispo de Colón-Kuna Yala, el combate a la extracción ilegal habría dado fuerza a la reaparición de una narrativa promovida por sectores favorables a la reactivación de grandes actividades mineras, que presentan la extracción artesanal como una actividad asociada a riesgos para la seguridad, al deterioro ambiental y, en algunos casos, a las redes de la delincuencia organizada. Tesis cuestionada por las organizaciones comunitarias, campesinas y ambientalistas.
Autor: Federico Piana
Publicado originalmente en L’Osservatore Romano
