Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afros, movimientos ciudadanos, han luchado para librar a sus territorios de la contaminación y el despojo que ocasiona la minería. La iglesia católica, tuvo un papel fundamental en este proceso, haciendo incidencia y acompañando los clamores del pueblo.
En El Salvador, el presidente Bukele ha anunciado esta última semana en sus redes sociales oficiales la necesidad de explotar minerales que generarían grandes beneficios al país.
La minería trae consigo conflictos sociales que se profundizan
Según la Radio católica YSUCA de gran alcance en el Salvador, las organizaciones sociales y familias que defienden los derechos humanos y la Madre Tierra podrían enfrentar graves amenazas y peligros, si esta propuesta de Bukele, entra al poder legislativo, para que la ley que prohíbe la minería sea derogada.
Según Bukele, se podría aprovechar esta riqueza para transformar El Salvador. Habla de crear miles de empleos de calidad, financiar infraestructura en el país e impulsar el desarrollo de las economías locales. Todo eso con “minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente”. Para las activistas y defensores de la organización ADES; que lideró el proceso para enfrentar la extracción minera y que han sido severamente perseguidos y criminalizados por los gobiernos de turno, este discurso de Bukele suena al de las empresas como Pacific Rim. Para el líder Alfredo Leiva es imposible extraer metales sin dañar el medio ambiente y el tema de los empleos, la mejora en la calidad de vida y la salud, es un engaño, del que se tienen miles y cientos de ejemplos en la región.
La Iglesia advierte que la extracción minera trae daños irreversibles
Mientras la narrativa del gobierno de el Salvador busca hacer prevalecer la idea de que para generar oportunidades y desarrollo al país, es indispensable la extracción minera, la Asamblea del Secretariado Episcopal de América Central, reunida en el mismo país, la última semana de noviembre, ha hecho un llamado urgente a los estados de la región a no permitir que la extracción de minerales siga generando despojo y violación de derechos a los más vulnerables y generando daños que no son reparables a la naturaleza y contaminando las fuentes de agua, lo que a la larga implica un crimen contra la vida y la creación.
Las comunidades campesinas que han iniciado un proyecto de resistencia en la que este país centroamericano se ha ganado un puesto en la historia. Una de las referentes de este proceso de defensa de la vida ha sido Vidalina Morales, que desde Santa Marta, en el corazón de El Salvador lograron escalar un pedido local a un clamor nacional, hasta convertirlo en una ley, única en su expresión.
Las empresas mineras europeas y estadounidenses siguen poniendo sus ojos en El Salvador. A varios años de este proceso, y con su propio hijo que ha sido encarcelado y liberado por la defensa de los territorios, Vidalina advierte sobre el discurso de las mineras: «el discurso es bien perverso, para ingresar, se ponen de acuerdo con los alcaldes, compran su voluntad, de los diputados de diferentes corrientes. Llegan con ofrecimientos, le vamos a arreglar la calle, la iglesia, ofrecieron el empleo, que en realidad, era algo muy puntual, así enamoraban a la gente».
La iglesia se ha comprometido cada vez más con el proceso, su voz y profecía ha sido clave para establecer la prohibición de cualquier tipo de minería metálica en el país que está vigente desde el 2017. El arzobispado de El Salvador rechazó este domingo la posibilidad de que el gobierno de Nayib Bukele levante esta prohibición total, considerando que solo traería la muerte «en gran parte de la población».
Desde la asociación campesina ADES, se recuerda también los engañosos que pueden ser estos discursos sobre el desarrollo y la inversión en la gente. Antes de la prohibición, las empresas hablaban de que le iban a pagar al estado salvadoreño el 1% de sus ganancias obtenidas. El 98% se lo llevaban ellos. «¿Cómo es posible que nuestros funcionarios estén a favor de las empresas?» concluyen.
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