Ya son más de 15 años que las comunidades campesinas de Jericó y Támesis, en Colombia, están defendiendo a sus territorios de las prácticas imponentes y agresivas de la empresa minera multinacional Anglogold Ashanti.

Desde su llegada han entrado mintiendo sobre los beneficios, generado conflictos, las consecuencias más tristes de su presencia es su intención de enfrentar vecino contra vecino. Enfrentan a la comunidad, unos contra otros, comprando predios privados para iniciar sus operaciones, sin tener aceptación o permisos de quienes habitan ancestralmente estos territorios para hacerlo.

Los comuneros campesinos han descubierto  operaciones clandestinas, que iniciaron hace aproximadamente 3 años, se asientan en predios privados con la intención de colocar plataformas para la perforación. La respuesta de la transnacional minera, que tiene serias acusaciones por sus prácticas irresponsables en materia de DDHH y cuidado del ambiente, alrededor del mundo, ha sido querellar judicialmente a los opositores. Más de 80 personas fueron querelladas, lo que implica criminalización y persecución a quienes están defendiendo sus territorios.

«La fiscalía parecía abogada defensora de la empresa» en el rol de la justicia en los conflictos mineros

En las últimas semanas, 11 campesinos han tenido que volver a vivir la pesadilla de las denuncias y criminalización por parte de la empresa. Ahora se enfrentan a una denuncia penal por secuestro, hurto y agresiones. Todo ello señalado en un proceso de defensa y resistencia territorial que ha durado 37 días continuos de protestas y  de unidad de las familias, que no quieren que el sur oeste colombiano, se convierta en un distrito minero, porque ello significará el fin de la agricultura y las fuentes de agua, el fin del futuro para sus generaciones.

La fiscalía ha desconocido el contexto de conflicto socio ambiental que se vive desde hace muchos años, en la primera parte del juicio contra 11 defensores del territorio, la fiscal, como representante del sistema de justicia, ha invisibilizado todo el daño y los impactos que las operaciones mineras de AngloGold Ashanti han generado en la zona de Jericó.   «La fiscal empleó todo el tiempo de la audiencia de más de 6 horas, interviniendo de una manera incisiva y agresiva. Parecía mas abogada de la empresa minera», denuncia uno de los actores sociales de la región que acompaña la lucha de los campesinos. La procuraduría, que es el órgano que debe velar porque estos procesos se cumplan de manera correcta y facilitar la comunicación entre las partes, ha tenido un rol de acusador y  pide la detención domiciliaria. Han profundizado la criminalización acusándolos de concierto para delinquir, «han desconocido la honorabilidad de estas 11 personas que son líderes de la lucha de cientos de familias por el agua y la tierra».

El próximo 26 de mayo en la siguiente audiencia donde los abogados de los campesinos criminalizados sustentarán la defensa. En una cancha inclinada hacia las empresas transnacionales y la explotación minera, sin permisos, sin garantías y que solo deja muerte a su paso.

Desde la Red Iglesias y Minería, con el Nodo Colombia, acompaños a las comunidades de Jericó y Támesis en Antioquia Colombia, unidos a su grito de !Agua sí, Mina No!.

Denunciamos estas prácticas nefastas de las empresas mineras transnacionales que se repiten una y otra vez en los territorios, con la complicidad de los sistemas de justicia que persiguen a los defensores de los territorios y de las fuentes de agua.

Jericó es una población con vocación agrícola, no quieren ver sus campos envenenados, los alimentos que proveen a todo el país, llenos de metales, a cambio de unas migajas de regalías que son solo engaños y empeoramiento de su calidad de vida.