CUIDADO DE LA CASA COMÚN, VERSUS DINERO Y MUERTE: EL DILEMA DE LA MINERÍA ILEGAL Y EL “ETERNO” PROCESO DE FORMALIZACIÓN

noviembre 27, 2025

Lamentamos que en plena campaña electoral hacia las elecciones 2026, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República haya aprobado por quinta vez la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), en el momento de mayor debilitamiento de la institucionalidad en materia ambiental, social y de justicia, por la presión de los grandes intereses económicos de la minería que plantean menores exigencias ambientales, debilitando los procesos de fiscalización y los mecanismos de sanción efectivos a nivel nacional y regional.

La minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas suman cerca del 5% del PBI[1] del Perú actualmente, donde sólo la minería ilegal, fundamentalmente de oro (y de cobre en el sur andino), mueve alrededor de US$ 8,000 millones de dólares[2], producto de los precios históricos del oro (más de US$ 4,000 dólares la onza). Esta situación ha generado un crecimiento masivo de la minería ilegal, que ha encontrado una gran ocasión debido a la falta de oportunidades de empleo, el débil apoyo desde el estado a las alternativas económicas que surgen desde la agricultura para la canasta familiar, y el no reconocimiento de las potencialidades locales y saberes ancestrales de los pueblos.

Las protestas de los mineros ilegales e informales en proceso de formalización han evidenciado, en sus discursos y operaciones, que las grandes mineras son las que les proveen de maquinaria, les compran la tierra mineralizada para procesarla, les facilitan ingresar a sus concesiones y les contratan incluso para operar a cambio de regalías o ejecutar parte de sus operaciones, a fin de reducir sus costos y generar ingresos.

Las consecuencias de este proceso de años se evidencian en el aumento de la minería a pequeña escala (MAPE) en sus diferentes dimensiones, acentuando la ingobernabilidad en aquellos territorios con zonas liberadas –donde no pueden ingresar fuerzas armadas y policiales–, la presencia incluso de dragas y concesiones a nombre de miembros de las fuerzas del orden, territorios indígenas afectados con diversas economías ilegales y criminales vinculadas (narcotráfico, minería y tala ilegal, trata de personas), así como asesinatos de defensores ambientales y de territorios. Como decía el Papa Francisco, “…esta problemática provoca asfixia a sus pueblos y migración de las nuevas generaciones ante la falta de alternativas locales”[3].

La pretendida nueva prórroga del REINFO, la reintegración al mismo de 50,000 inscritos que había sido retirados –que serán motivo de discusión en el pleno del Congreso y de promulgación u observación por parte del actual gobierno interino-, no resolverán el problema de fondo, mientras no se dicte una Ley de minería a pequeña escala (MAPE) que previamente integre en el diálogo a todas las partes, incluidos los pueblos indígenas, comunidades andinas y amazónicas, que son actores en gran mayoría afectados por la minería ilegal.

Ante esta realidad –acogiendo el mensaje del Papa Francisco en Puerto Maldonado, en 2018– estamos desafiados a cuidar nuestros territorios y por ello, ”no podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez y del consumo. Es necesario que existan límites que nos ayuden a preservarnos de todo intento de destrucción masiva del hábitat que nos constituye”. Y es que los precios altos de los minerales, se deben a la mayor demanda de consumo del norte global y de quienes acumulan más riqueza. Dichos hábitos de consumo deben cambiar o limitarse, para reducir la presión de mayor extractivismo que afecta nuestra casa común.

De mismo modo, deben aplicarse de manera efectiva procesos de ordenamiento territorial participativo, exigir el respeto de los ecosistemas frágiles y generadores de recarga hídrica, fortalecer y dotar de presupuesto a políticas de estado que promuevan y apoyen las alternativas económicas desde los territorios de los pueblos y poblaciones, y el respeto de los medios de vida de los que subsisten, para que la minería ilegal deje de ser una “falsa solución”.

Finalmente, necesitamos estar advertidos “para no dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos, disfrazados de progreso que poco a poco ingresan dilapidando identidades culturales y estableciendo un pensamiento uniforme, único… y débil”[4] decía Papa Francisco. En ese sentido, no se deben imponer modos de vida que también conlleva la minería ilegal y en “proceso de formalización”, desarraigando a los pueblos y poblaciones de sus territorios, cultura y costumbres, haciendo que sean funcionales al modelo de desarrollo extractivista depredador que empobrece , cuyo oro termina en bóvedas de bancos como reservas de grandes grupos de poder, o el cobre, aportando a las transiciones energéticas que el norte global requiere, imponiendo “territorios de sacrificio”, afectando la salud y vida de los propios mineros y comunidades, la naturaleza, y el futuro de nuestras próximas generaciones.

Seamos conscientes de las decisiones que tomamos, que no sólo sean efectistas en tiempos electorales. La mayor riqueza a la que debemos aspirar, es a tener un planeta limpio y puro, y al respeto a la diversidad humana y sus culturas.

Lima, 25 de noviembre de 2025

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NODO PERÚ – RED IGLESIAS Y MINERÍA

Conforman el Nodo Perú:

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú (JPIC CONFER)

Paz y Esperanza

Red Muqui

Red Uniendo Manos Perú

Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA)

Derechos Humanos y Medio Ambiente, Puno (DHUMA)

Pastoral Social y de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo (PASSDIH)