El 2025 ha sido un año complejo para los territorios que enfrentan a la minería. La agenda minera en la mayoría de los países de la región se incrementa como un nuevo motor económico que no contempla las raíces estructurales de los problemas sociales, económicos, políticos y peor aún ambientales. Frente a ello estallidos sociales que enfrentan a los pueblos y comunidades con sus gobiernos para exigir respeto a los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la posibilidad de trazar un proyecto de futuro que sostenga sus modelos de vida vinculados al trabajo de la tierra, la soberanía alimentaria, la existencia de fuentes hídricas y lo comunitario, como respuesta al modelo económico capitalista que solo busca salvarse a sí mismo y sus grandes grupos de poder.
Este año, pasamos una Cumbre de las Partes sobre Cambio Climático – COP30, que dejó más sinsabores que expectativas positivas. Un espacio cooptado por empresas y estados que se niegan a buscar soluciones transformadoras para salvar al planeta y la humanidad
Las guerras, la violencia contra defensores y la minería
Los países más ricos se siguen armando anunciando una catástrofe mundial que en esta etapa ya está buscando la ocupación de territorios del Sur y Norte Global donde están las mayores reservas de minerales que sirven para la fabricación de armamentos, y profundizando el modelo neo colonial que ahora militariza territorios, con la excusa de la seguridad nacional, atenta contra las soberanías nacionales, impulsada por los propios gobiernos de turno y se alinea a una agenda política desde los países más poderosos del mundo, que no mira a la gente y a los territorios, sino que impone desde sus economías un nuevo orden mundial, que potencializa la extracción de minerales y petróleo, lejos, muy lejos de ese añorado pacto global por dejar los hidrocarburos bajo tierra y caminar hacia modelos justos de transformación socio ecológica.
EL 2025, ha sido un año de mucha violencia, criminalización, persecución, para quienes enfrentan el modelo extractivista y defienden los derechos en América Latina, en Asia y África, el último informe publicado por Global Witness en septiembre 2025, (que recoge datos del 2024) enfatiza en que en América Latina ocurre el 82% de los asesinato de defensores ambientales, la mayoría de los conflictos socioambientales en la región, están vinculados a la minería. Estos casos muy raras veces encuentran justicia, o canales propicios de investigación, reparación y mecanismos de no repetición que garanticen el derecho a la defensa de los territorios. Las poblaciones históricamente marginalizadas, son quienes más sufren estos impactos, como revela dicho informe, donde por ejemplo, se enfatiza en el riesgo que corren las poblaciones negras, afrodescendientes en América Latina.
Amazonía: invasión de minería ilegal y grave riesgo a manos de grupos criminales.
Los pueblos indígenas en todo el mundo, están en el ojo de la violencia: estatal, empresarial y ahora del crimen organizado. Los estados están siendo incapaces de responder a la invasión criminal, o son cómplices, encubridores, perpetradores y omiten deliberadamente acciones de acción y protección de los territorios vulnerables que están a merced del control de los grupos ilegales que operan las mafias de la minería ilegal.
Este 2025, hemos enfrentado una verdadera invasión de territorios por la minería ilegal, espacios comunitarios, donde nunca antes se había visto la presencia de estos grupos están siendo invadidos por grupos de los que además poco se conocen sus operaciones, o sus centros. El pueblo comienza a enfrentarse con estos grupos frente a la negligencia estatal, lo que coloca en gravísima vulnerabilidad a comunidades y pueblos enteros.
La Amazonía, en los 9 países es la región más afectada por esta situación, de un incremento exponencial de la minería ilegal que han cercado y tomado cuencas de ríos enteras, colocando a poblaciones que ya venían resistiendo a procesos violentos vinculados al extractivismo en indefensión y riesgo. Se reportan daños severos como la presencia de metales tóxicos en ríos, lagunas y el pescado, fuente principal de alimentación.
Las grandes empresas se benefician de estas prácticas, que son quienes sostienen las cadenas, de «ganancias sucias» donde los minerales extraídos con la peor violencia, se limpian son puestos en canales de comercialización cotidianos.
El precio del oro ha alcanzado límites que han superado todas las expectativas, en una cadena de contaminación, muerte e ilegalidad, que se sostiene y se «lava» en las estructuras estatales y en las mismas empresas transnacionales que quieren ocupar los territorios catalogados como mineros.
Democracias frágiles y el capitalismo salvándose a sí mismo
Las democracias se fragilizan en los contextos de conflictos socioambientales, las extremas derechas que se anidan en América Latina, con agendas de regresión de derechos conquistados, con la narrativa del miedo y la inseguridad que intenta desmovilizar a la población, amenazan a los derechos humanos y salud, fomentan el crimen organizado, lavado de activos, corrupción debilitando las instituciones democráticas. Las democracias débiles y la actividad minera generan brechas sociales y conflictos por el uso de la tierra y la pérdida de patrimonio cultural.
El discurso de las transiciones energéticas se incrementa en la región y el mundo, con una narrativa engañosa que parece convencer a muchos. Profundizando los debates, descubrimos el mismos sistema expoliador y explotador del planeta y las personas, mudando de nombres, y mudando de denominaciones y prácticas igual de peligrosas que mercantilizan a la naturaleza, despojan a los pueblos de sus territorios ancestrales, crean una burbuja financiera y siguen contaminando, pasando toda la deuda socioambiental a las poblaciones más vulnerables de siempre.
La resistencia organizada no se detiene en medio de la violencia
En el 2025, la resistencia organizada de los pueblos al modelo minero y que dicen NO a la invasión territorial, sostiene la esperanza y es el corazón de la lucha de tantas y tantas personas, familias y comunidades que en medio del abandono, la muerte y el miedo, siguen insistiendo en la vida. Defensores encarcelados y perseguidos que han movilizado a la región entera, como ha sido el caso de los 11 de Jericó de Colombia y Ruth López en el Salvador. Buenas noticias de la justicia como ha sido el Caso de La Puya en Guatemala, que luego de más de una década de la lucha, en arbitraje internacional, la corte dio la razón a la comunidad. Llamados internacionales como «Amazonía Libre de Minería», que cada vez toma más fuerza y más eco, donde el clamor de los pueblos está sumando luchas y voluntades. En Argentina y Ecuador, en Mendoza y Palo Quemado y las Naves, respectivamente el pueblo se ha levantado para decir No a las nuevas concesiones, inspirando la resistencias
Desde la Red Iglesias y Minería este 2025, hemos afirmado nuestro compromiso de tejer dentro de las Iglesias del norte y el sur global un reflexión sistemática sobre los impactos de la minería para el futuro de la humanidad y del planeta, dando pasos firmes en la construcción de una plataforma capaz de actuar desde la coherencia ética sobre las prácticas financieras, las prácticas pastorales y teológicas capaces de enfrentar un modelo de muerte, como ya lo denunciaba la Laudato Si. Este 2025, las orientaciones pastorales frente a los impactos de la minería que han sido promovidas por el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral y el Celam en conjunto con la Red Iglesias y Minería han brindado algunas luces para la defensa de la vida en los territorios amenazados.
En 2026 reavivamos nuestra misión de ser puentes de esperanza entre las comunidades vulnerables, territorios de vida y expresión de futuro, donde es posible imaginar un mundo nuevo, las iglesias como acompañantes proféticos, la incidencia política para denunciar el sistema que nos azota y que pone en riesgo al planeta y la humanidad.
