Las comunidades campesinas de Intag, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, alcanzaron una nueva victoria en defensa de su territorio megadiverso. Este domingo 7 de junio de 2026, la empresa minera Semperterra comenzó a retirar su maquinaria de la zona luego de dos meses de resistencia campesina protagonizada por las familias de Naranjito, Santa Rosa, Rumiñahui y El Salto del Tigre.
La salida de la maquinaria ocurre después de que las comunidades instalaran un punto de control comunitario para impedir el ingreso y salida de vehículos o personas vinculadas a la empresa, como una medida de hecho para defender su río y sus bosques ante la amenaza extractiva.
«El día de anteayer se acercó un encargado de la empresa a decir que se retiran de la zona, que hemos ganado una batalla pero no la guerra. Nos sentimos contentos; ya es una lucha ganada porque eso era lo que queríamos: que se retiren», expresó Irlanda Apolo, presidenta de la comunidad Naranjito.
El 7 de junio, las comunidades informaron la salida de dos retroexcavadoras, pero advirtieron que otras máquinas permanecían en un campamento. Un día después, el 8 de junio, se retiró una retroexcavadora más y dos volquetas. Este 9 de junio se retiraron una retroexcavadora y una volqueta. Sin embargo, señalan que todavía permanecen dos volquetas al interior del territorio, por lo que continúan vigilantes hasta que toda la maquinaria salga definitivamente.
Invasión al territorio y destrucción de la naturaleza
Las comunidades relatan que desde diciembre de 2025 la empresa llegó al territorio con maquinaria pesada, sin autorización ni el consentimiento de la población. Días después, conocieron que se trataba de la empresa minera Semperterra que había obtenido un permiso para abrir un camino de acceso a la concesión minera.
Inmediatamente después de su llegada, las familias observaron cómo su río empezó a sentir la violencia de las máquinas.
Las retroexcavadoras estaban extrayendo piedra de los esteros que desembocan en el Río Naranjal, provocando el arrastre de gran cantidad de sedimentos, cambios repentinos en la coloración del agua e incluso el desvío del cauce natural del río que hace sólo unos días conservaba sus aguas tranquilas y cristalinas.
“Prácticamente la empresa llegó como dueño de casa, sin permiso, sin socialización previa, sin hablar con las comunidades ni reunir a los directivos. Sólo llegaron a nuestras tierras a dañar nuestros ríos, a dañar nuestros bosques. Entraron talvez con alguna autorización, pero estas empresas tienen sus técnicas, y por ahí hace contacto e ingresa”, explica una comunera.
Efectivamente, la empresa contaba con autorización para construir un camino de herradura, sin embargo, cuando empezaron los trabajos ejecutaron una obra de mayor escala, abriendo una vía de aproximadamente 15 metros de ancho con la intención de extenderla por unos 10 kilómetros hasta la concesión. El permiso habría sido otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía del Ecuador y la Prefectura de Imbabura.
«Con esta vía han destruido la capa vegetal, han talado árboles centenarios, atravesado propiedades de los habitantes y devastado porciones de tierras de Socio Bosque. Además, realizaron dragados en los esteros que desembocan en el río Naranjal para extraer material pétreo», denunció Felipe Arteaga, presidente de la Mancomunidad del Gran Naranjito.
Esto provocó una grave preocupación comunitaria que llevó a las comunidades a organizarse para defender su territorio. Así fue que tomaron la decisión de movilizarse y la madrugada del 12 de abril se tomaron el puente de ingreso a la comunidad Naranjito formando un escudo humano para defender a su territorio y seguidamente se organizaron para establecer un punto de control comunitario.
“Tuvimos una reunión en la que pudimos estar juntos las comunidades en la cual nos dimos cuenta que esta empresa quería explotar directamente el oro de la zona, imagínese, siendo que las laderas directamente van al río, ahí fue que nosotros rechazamos la minería”, relata la comunera.
Ella se refiere a una gran asamblea campesina realizada el 19 de abril donde las familias de las comunidades Naranjito, Santa Rosa, Rumiñahui y Salto del Tigre, resolvieron rechazar las actividades mineras y exigieron la salida de la empresa del territorio en un plazo de cuatro días.
La empresa pretendió ignorar la demanda de las familias, pero eso no detuvo la determinación de las comunidades, que continuaron la medida de hecho y el 7 de mayo emitieron un manifiesto denunciando los abusos e irregularidades de la empresa y de las instituciones gubernamentales que fueron cómplices con la invasión. Así fue que lograron que las autoridades realicen una inspección ambiental al territorio.
Semperterra, una empresa con antecedentes de delitos ambientales
La concesión se denomina Martha Beatriz, abarca más de 1.188 hectáreas y se encuentra ubicada en las nacientes del río Naranjal, una zona considerada vital para el abastecimiento hídrico local.
De acuerdo a una denuncia pública realizada por APT Norte, organización ambiental y defensa de derechos, las actividades de esta empresa impactarían directamente las cuencas de los ríos Naranjal, Guayllabamba, Quinindé, y Esmeraldas. Además, reveló que la concesión presenta áreas de superposición con el territorio protegido del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas.
Por su parte, el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador, denunció que Semperterra, empresa de propiedad del empresario chino Peng Yongming, resultó ser la nueva imagen de Terraearth Resources S.A., compañía minera responsable de la destrucción de ríos y bosques en la provincia amazónica de Napo.
La organización reveló varios antecedentes de la empresa. En 2020, el Ministerio del Ambiente suspendió su licencia ambiental por operar sin documentos y contaminar el río Chimbiyaku. En 2022, la Corte Provincial de Napo reconoció la responsabilidad de la empresa y ordenó al Estado realizar la remediación ambiental, una medida que permanece pendiente de cumplimiento. Posteriormente, en 2025, el Ministerio de Ambiente suspendió cuatro de sus concesiones por incumplir la normativa vigente y vulnerar estándares ambientales.
“Alertamos a Imbabura que se trata de una de las mayores concesionarias mineras en la provincia de Napo que enfrenta varias denuncias por operación conjunta con mineros ilegales y por ser responsable de la contaminación de ríos como el Yutzupino, Huambuno, Puni, Chimbiyaku, Jatunyaku, Anzu y Napo. Esta es la empresa que hoy pretende operar en Imbabura. No podemos permitir que se repita la historia de Napo”, denunció la organización.
La iglesia está con Intag y sus comunidades
La resistencia de las comunidades ha encontrado eco en la iglesia. Tras conocerse el retiro de la empresa minera, Monseñor Geovanni Paz, obispo de la Diócesis de Latacunga, expresó su respaldo a las comunidades campesinas en su lucha por defender la Creación.
“Me alegro muchísimo de la organización de Intag para defender el territorio. Hay que seguir defendiendo los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Me uno a ese esfuerzo permanente de resistencia para que las compañías mineras salgan de la zona de Intag y todos aquellos lugares sagrados que tenemos y aquella belleza natural”, expresa el obispo.
Monseñor Geovanni Paz expresa con cariño su mensaje a las comunidades de Intag, rememorando su paso por este territorio. Su relación con Intag se remonta a finales de la década de 1980. Antes de ser obispo, entre 1989 y 1992, fue párroco de las comunidades de las parroquias de Apuela, Peñaherrera, Cuellaje y Plaza Gutiérrez; posteriormente, entre 1992 y 1996, en las parroquias de Peñaherrera y Cuellaje. Así fue que compartió su vida cotidiana con las familias inteñas y acompañó de cerca los procesos de defensa territorial que se gestaban desde aquel momento.
Hoy, Geovanni recuerda el mensaje del papa Francisco que llamaba a dejar un mundo mejor del que hemos recibido para que las nuevas generaciones puedan disfrutarlo, como un compromiso ético y espiritual con el cuidado de la Casa Común.
“Ánimo, sigan en la defensa de la naturaleza. Defender la naturaleza es defender la vida. Y defender la vida es pensar siempre en el mañana. Que Dios les bendiga a todos», es el mensaje que deja para Naranjito, Santa Rosa, Rumiñahui y Salto del Tigre, comunidades defensoras de la vida.
Las comunidades celebran, pero no descuidan la lucha
La presión popular lograda tras dos meses de resistencia campesina, amparada en el derecho a la resistencia garantizado por la Constitución del Ecuador, obligó a las autoridades ambientales a inspeccionar el territorio invadido por Semperterra. Como resultado, se emitió un informe técnico que confirmó incumplimientos a la normativa ambiental, derivó en la revocatoria de los permisos otorgados por las mismas autoridades y finalmente en el establecimiento de un plazo para el territorio de la maquinaria.
“No tienen documentos, es una minería ilegal, entonces proceden a retirarse, a dónde se irán no sabemos, pero sabemos que tienen plazo hasta el día lunes. Eso estamos esperando y estaremos vigilantes hasta el final porque queremos se declare territorio libre de minería”, manifiesta la dirigente.
Mientras celebran esta victoria, las comunidades de Intag han anunciado que mantendrán la vigilancia en el territorio y continuarán impulsando acciones legales para lograr la anulación definitiva de las concesiones mineras que amenazan sus ríos, sus actividades productivas y el futuro de las próximas generaciones.
«Es una victoria, pero sabemos que esto no significa que aquí va a terminar las cosas. Si no se paraba duro y nos tomábamos el puente, la empresa hubiera seguido arriba. Vamos a defender el territorio para toda la vida; esa es la decisión que tomó la gente», afirmó Felipe Arteaga.
En Intag, la organización comunitaria nos vuelva a dar una lección histórica sobre la importancia de defender la vida y los bienes comunes frente al avance extractivo. Desde la década de 1990, las comunidades han logrado expulsar a empresas como Bishimetals, subsidiaria de Mitsubishi, a la canadiense Ascendant Copper, a la canadiense Cornerstone, a CODELCO de Chile y la ENAMI, la Empresa Nacional Minera del Ecuador, convirtiendo a este valle megadiverso en un referente histórico de resistencia campesina en Ecuador y América Latina.
La salida de la maquinaria de Semperterra se inscribe en esa larga memoria de lucha: la de pueblos que entienden la tierra, el agua y los bosques no como mercancías, sino como la Casa Común que hace posible la vida de todos los seres que compartimos este tiempo espacio.
