El caso de los 11 campesinos de Jericó denunciados por AngloGold Ashanti se reactiva en Antioquia, Colombia. Mientras se reactivan las audiencias, crece el respaldo nacional e internacional para exigir justicia y el fin de la criminalización de quienes defienden la Casa Común.
Actualización: Aunque las audiencias estaban previstas para estos días, el Juzgado decidió aplazarlas hasta 2027. No obstante, se mantiene la convocatoria a la «Juntanza por la vida y la justicia», prevista para el 3 de agosto, como un espacio de solidaridad y respaldo a quienes defienden la vida.
Entre el 3 y el 6 de agosto, continuará las audiencias contra 11 campesinos de Jericó, Antioquia, en Colombia, quienes fueron denunciados por la empresa minera AngloGold Ashanti, por oponerse al proyecto minero Quebradona, que amenaza sus fuentes de agua, sus modos de vida, su terrritorio y su vida.
El ejercicio del derecho a la protesta por parte de las comunidades campesinas entre 2021 y 2023 afectadas por el proyecto minero son el sustento por el cual fueron denunciados los once defensores del agua por los presuntos delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Los denunciantes son la empresa multinacional y sus colaboradores.
Organizaciones califican este proceso como «una persecución judicial sin precedentes en Colombia por defender el agua y ejercer su derecho a la protesta», y exigen que el caso debe analizarse en el contexto de un conflicto socioambiental, más no como un expediente penal ordinario.
Dieciocho años de oposición al proyecto Quebradona
En un comunicado firmado por más de 120 organizaciones de Colombia y América Latina, que evidencia la relevancia del caso a nivel regional e internacional, recuerda que la resistencia campesina al proyecto minero comenzó en 2008 y que, desde entonces, las comunidades han recurrido a múltiples mecanismos legales e institucionales para expresar su oposición.
- Durante los años 2017 y 2018, 13 municipios del Suroeste antioqueño, entre los que se encuentran Jericó y Támesis, a través de acuerdos municipales prohibieron la minería metálica y el Tribunal Administrativo de Antioquia los anuló.
- En 2018, en Jericó, se ajustó el Esquema de Ordenamiento Territorial y se definió no dejar usos del suelo a la minería de metales, aunque se presentó y debatió, el alcalde del momento Jorge Pérez denunció la presión e injerencia del Gobierno Nacional a los concejales del municipio para no aprobar dicho EOT.
- Y cuando en Jericó se estaba buscando la alternativa de las consultas populares para prohibir la minería en el territorio, la Corte Constitucional las impidió.
Frente a los reiterados obstáculos impuestos por las instituciones, las organizaciones sostienen que las «comunidades lo han intentado todo en el marco de lo legal y lo legítimo», con casi dos décadas a marchas, plantones, abrazos a la montaña, campañas de comunicación y otras formas de movilización pacífica.
Criminalización de la defensa de la vida
De acuerdo con el comunicado, el conflicto se intensificó después de que la empresa incumpliera un compromiso público adquirido en 2013 de no desarrollar actividades mineras ni circular por varias veredas del municipio.
Este incumplimiento dio lugar a una serie de plantones y protestas pacíficas entre 2022 y 2023, para impedir que las actividades de exploración afecten las fuentes de agua del territorio.
El primer episodio ocurrió el 28 de noviembre de 2022, cuando un plantón en la vereda Vallecitos terminó con una querella presentada por la empresa contra 46 campesinos, entre ellos una menor de edad y personas adultas mayores.
El segundo se produjo el 13 de diciembre de 2023, durante una protesta en la vereda La Soledad, tras la cual la empresa presentó una nueva querella contra 57 personas, incluyendo periodistas y una religiosa de la comunidad de Las Lauritas.
Durante esos procesos administrativos se presentaron varias irregularidades, entre ellas, parcialidad de autoridades locales, restricciones a la cobertura periodística de las audiencias y la prolongación de una resolución sobre ambas querellas, desgastando a los campesinos psicológica y económicamente.
Sin embargo la persecución judicial escaló aún más en abril de 2025, cuando la Fiscalía citó a una audiencia preliminar a once campesinos por una denuncia presentada por la empresa minera y sus colaboradores, con el objetivo de amedrentar y desmovilizar la defensa del territorio.
Respaldo nacional e internacional a los campesinos
Las organizaciones firmantes hacen un llamado a la Fiscalía y al sistema judicial colombiano para que el caso sea abordado desde la perspectiva del conflicto socioambiental, los derechos humanos, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y las obligaciones adquiridas con el Acuerdo de Escazú.
El comunicado sostiene que no se trata de un proceso penal ordinario, sino de «campesinos, líderes comunales, defensores ambientales y paisanos que las veredas y el pueblo reconocen como personas de honor».
Como parte de las acciones de acompañamiento, se convoca para el 3 de agosto a una «Juntanza por la vida y la justicia» en el parque principal de Jericó.
La juntanza será una jornada con expresiones artísticas, música, espiritualidad, conversación e intercambio de semillas, como muestra de respaldo a los hermanos campesinos que defienden no sólo su territorio, sino una forma de vida que respeta y protege la Casa Común.
Desde la Red Iglesias y Minería nos mantenemos vigilantes y en solidaridad con las comunidades campesinas de Jericó, pues la defensa del territorio, del agua y de la vida no puede ser motivo de criminalización. Hacemos un llamado a que se respete el debido proceso, los derechos de los campesinos y la autodeterminación de los pueblos sobre los intereses económicos mineros.
