La “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial”, en Honduras, se ha convertido en una herramienta de los empresarios para despojar comunidades. Con esta ley, este 6 de agosto de 2026, empresas de la industria azucarera impulsaron un desalojo contra la comunidad de El Tulito, en Choluteca, afectando a 86 familias campesinas en el sur del país.
El operativo fue ejecutado por decenas de miembros de la Policía Nacional, quienes arribaron al territorio campesino en dos contingentes. También estuvo presente un juez ejecutor, quien señaló que el desalojo se realizaba en cumplimiento del Decreto 107-2026, correspondiente a la Ley Agroindustrial.
Las empresas Cañera del Sur y Agrícola Los Destellos, vinculadas a la Azucarera La Grecia, impulsaron el desalojo de la comunidad. Según la defensa, ni siquiera tienen delimitados estos terrenos correctamente en sus escrituras, reclamando 588 hectáreas cuando solo acreditarían poco más de 300.
El caso de la comunidad El Tulito
El caso implica graves violaciones de derechos e irregularidades administrativas, como lo revela la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos. Su representante, Denia Castillo, señaló que no notificaron formalmente a la comunidad previo al desalojo. Además, dijo que, a pesar de haber presentado un recurso de amparo la noche anterior, el operativo se llevó a cabo.
“Lo que se pretendía era que las partes no tuviésemos conocimiento y no tuviésemos la posibilidad de presentar el recurso de amparo”, denunció la profesional del derecho al juez ejecutor presente en el desalojo.
Los pobladores se establecieron en la zona desde 1964 y las tierras están tipificadas como nacionales. La abogada Denia Castillo relató que en el año 2019 la comunidad de El Tulito intentó legalizar las tierras en las que mantienen cultivos y ganado.
En respuesta, las empresas presentaron una denuncia por usurpación contra miembros de la comunidad y, a lo largo de los años, solicitaron en seis ocasiones el desalojo. Las peticiones fueron declaradas “sin lugar” debido a que no se había establecido con precisión la ubicación de los terrenos sobre los que alegan tener propiedad.
Desde entonces, 76 personas han recibido requerimiento fiscal; de estas, 37 personas deben presentarse periódicamente ante el juzgado, mientras que nueve permanecían bajo arresto domiciliario tras ser acusadas del delito de usurpación.
San Juan: el primer desalojo bajo la nueva ley
Esta es la segunda vez que esta normativa es utilizada para despojar. Hace un mes, sirvió como justificación del violento desalojo de la comunidad garífuna de San Juan, Tela, a pesar de contar con un fallo protector de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Unos 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron en aquella ocasión. Durante el procedimiento fueron detenidas cinco personas, entre ellas el presidente del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad.
El despliegue incluyó unidades policiales bajo la coordinación del Ministerio Público amparado en una orden de desocupación amparada en esta misma ley.
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial fue aprobada por el Congreso Nacional el 8 junio de este año. Dos días después, fue alterada al margen del procedimiento legislativo para extender sus alcances, además de la agroindustria, a proyectos energéticos, turísticos, ganaderos y de pequeños productores agrícolas.
¿Dónde está la justicia para los demás?
El desalojo de El Tulito no es un caso aislado, sino una pieza más de un patrón de criminalización de la pobreza, en beneficio de los grandes intereses económicos. Por ello, las palabras de Monseñor Jenry Ruiz, obispo de la diócesis de Trujillo, resuenan con más fuerza que nunca.
«¿Cuándo se ordenará el desalojo de Próspera en Roatán, señor juez? ¿Cuándo desalojarán a Pinares Ecotek del Parque Nacional de Tocoa? ¿Cuándo llegará la justicia para «las pandoras»? ¿Hasta cuándo continuará esta selectividad, o es que la ley solo actúa en contra de los indefensos?», preguntó Ruiz.
Estas preguntas, publicadas en las redes sociales de monseñor Ruiz, apuntan directamente al corazón del problema. Se percibe una justicia que actúa con rapidez y contundencia contra campesinos y comunidades indígenas. Sin embargo, parece paralizarse o mostrar una sorprendente lentitud cuando se trata de poderosos intereses económicos o figuras políticas.
Mientras desalojan a las 86 familias de El Tulito, el megaproyecto minero-energético Pinares-Ecotek continúa operando en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Esto es así pese a las denuncias por crímenes ambientales y los procesos judiciales que señalan la falsificación de documentos y la explotación ilegal. Un recurso de amparo se presentó en junio de 2025 para frenar sus operaciones, pero la situación sigue sin resolverse.
La ley, ¿herramienta para el desalojo?
Según denuncias de organizaciones defensoras y medios independientes, la Ley Agroindustrial (Decreto 107-2026) se ha convertido en el instrumento para el despojo de comunidades.
Aprobada y modificada en junio, la han criticado organizaciones como la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), que presentó un recurso de inconstitucionalidad.
También ha tenido señalamientos de la Alianza Campesina, Indígena y Popular, que impulsa un juicio político contra 16 diputados, incluido el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por su promoción y aprobación.
La normativa, según las organizaciones, privilegia a los sectores agroindustrial, energético y turístico, dejando en total desprotección a los pueblos originarios y campesinos.
El caso de El Tulito vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿al servicio de quién están las leyes y las instituciones? Ninguna ley puede justificar el despojo de comunidades, la criminalización de quienes defienden sus medios de vida ni el uso de la fuerza para favorecer intereses empresariales.
La defensa del territorio es también la defensa de la vida y de la dignidad de los pueblos.
Fuentes: Reportar Sin Miedo / Criterio.hn
