En el IV encuentro impulsado desde la perspectiva de Fratelli Tutti para abordar entre otros, los desafíos del extractivismo en América Latina, Monseñor Manuel Ochogavía Barahona defiende una participación en igualdad de condiciones de las comunidades, los Estados, las empresas y las organizaciones sociales, y pide respetar el derecho de los pueblos a rechazar proyectos extractivos en sus territorios.
Patricia Ynestroza – Ciudad del Vaticano
En el IV encuentro impulsado en el marco de Fratelli Tutti para abordar los desafíos sociales y ambientales de América Latina, la Iglesia reclama un diálogo en el que tengan voz todos los actores implicados en los procesos extractivos, especialmente las comunidades que sufren directamente sus consecuencias. Monseñor Manuel Ochogavía Barahona, obispo agustino de Colón-Kunayala, Panamá, y miembro de la Red Iglesias y Minería, subraya que no puede existir un diálogo verdaderamente inclusivo si las víctimas del extractivismo quedan fuera de la mesa.
Estos encuentros, se realizan desde 2022 y reúne a representantes de sindicatos, empresas, organismos internacionales, universidades y organizaciones eclesiales. Se busca avanzar desde la escucha y el discernimiento hacia acciones concretas. Ha sido organizado por la Pontificia Comisión para América Latina y el Celam. Para el obispo, uno de los principales desafíos consiste precisamente en garantizar que quienes viven en los territorios afectados puedan participar en condiciones de igualdad.
“Es necesario que los actores estén todos presentes”, afirma. En su opinión, la presencia de las comunidades afectadas resulta fundamental para comprender las consecuencias que tienen las actividades extractivas sobre las personas y los territorios. No se trata únicamente de la minería, sino también de la explotación de la madera, los recursos hídricos y los recursos pesqueros.
Una realidad que va más allá de la minería
Ochogavía Barahona explica a Vatican News que las redes de ecología integral presentes en América Latina llegan a este tipo de encuentros desde las realidades concretas de las comunidades. Menciona, entre otras, las redes panamericana, mesoamericana, amazónica y del Gran Chaco, que han surgido o se han fortalecido bajo el impulso del magisterio del Papa Francisco y de sus enseñanzas sobre el cuidado de la casa común.
Desde esa perspectiva, el extractivismo, dijo, plantea una cuestión que afecta tanto a las poblaciones como a los ecosistemas. Por ello, sostiene que el diálogo debe ser inclusivo y desarrollarse desde la equidad, con la participación efectiva de quienes padecen las consecuencias de determinadas actividades económicas.
El obispo considera que el acercamiento entre los distintos actores constituye ya un primer paso. “El poder acercarnos y poder hablar las cosas” representa, a su juicio, un punto de partida para asumir responsabilidades compartidas, aunque evita hacer pronósticos sobre hasta dónde podrán llegar estos procesos de diálogo.
Una llamada a la conversión
Para el obispo de Colón, asumir estas responsabilidades exige también una conversión. Recupera así uno de los grandes legados del magisterio del Papa Francisco: la necesidad de una conversión que no sea únicamente pastoral, sino que alcance a todos los agentes presentes en los territorios.
La Iglesia, afirma, debe ofrecer un espacio de encuentro y mantener una misión que considera irrenunciable: ser “voz de los sin voz”. En este sentido, reclama que las Iglesias latinoamericanas retomen su opción preferencial por los pobres y no permanezcan al margen de las situaciones que afectan a las comunidades más vulnerables.
El obispo confía además en que el Papa León pueda animar y orientar este diálogo. Destaca su conocimiento de América Latina y su experiencia en distintos contextos de la región, incluidos territorios mineros, barrios pobres y zonas marcadas por conflictos humanos y ambientales.
No existe una solución única para América Latina
Para el obispo es necesario reconocer que América Latina no constituye una realidad homogénea. Los países del continente presentan historias, situaciones políticas y estructuras sociales y económicas diferentes. Por ello, considera que sería un error pretender aplicar una única solución a todos los conflictos relacionados con el extractivismo. El punto de partida, sostiene, debe ser reconocer las particularidades de cada territorio.
Junto a ello, insiste en la necesidad de fortalecer un verdadero diálogo social y de incorporar a quienes hasta ahora no han tenido suficiente presencia en estos espacios: las víctimas y las comunidades afectadas. El extractivismo, advierte, puede representar una oportunidad económica, pero también puede convertirse —y ya lo está haciendo en determinados lugares— en una fuente de graves consecuencias y sufrimiento. Por eso reclama estudios ambientales objetivos, alejados de posibles intereses vinculados a los sectores extractivos.
El Estado no puede ser sustituido
Otro de los elementos que considera esenciales es el papel de los Estados. Ochogavía Barahona advierte del riesgo de que las compañías extractivas ocupen espacios que corresponden a las instituciones públicas dentro de las comunidades. A su juicio, esa sustitución puede poner en riesgo la soberanía de los Estados y debilitar su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y ambientales. Por ello, el obispo reivindica la gobernabilidad y un Estado que actúe como garante de los derechos de la sociedad.
Esta preocupación adquiere especial relevancia, señala, en un contexto de fragilidad de los procesos democráticos y de participación en América Latina. La Iglesia, considera, puede contribuir en este ámbito, pero sin sustituir las funciones propias del Estado. En esta línea, el prelado defiende también el derecho de las comunidades a disentir. Si una población no quiere un proyecto extractivo en su territorio, afirma, esa decisión debe ser respetada. El derecho a expresar el desacuerdo debe protegerse frente a decisiones de empresas o gobiernos vinculados a intereses extractivos.
El obispo alerta asimismo sobre las situaciones de persecución que pueden sufrir quienes se oponen a determinadas líneas oficiales o proyectos, un fenómeno que, según denuncia, está generando “dolor” y “tristeza” en distintos lugares de América Latina.
La ética del dinero
Durante su intervención, Ochoa Gavía Barahona incorpora además una cuestión que considera poco abordada en estos debates: la ética del dinero.
El obispo no cuestiona la importancia de los recursos económicos para el desarrollo y reconoce que estos pueden favorecer el acceso a bienes y servicios esenciales como la salud, la educación o las comunicaciones. Sin embargo, sostiene que no puede considerarse legítimo cualquier dinero únicamente por el hecho de contribuir al desarrollo.
“También tiene que tener una ética”, señala al referirse al dinero. Para la Iglesia, explica, resulta necesario preguntarse de dónde proceden los recursos y qué consecuencias pueden tener las actividades que los generan.
Esta reflexión alcanza también a la propia Iglesia. Ochogavía Barahona reconoce que la institución ha recibido en ocasiones recursos que pueden plantear interrogantes éticos y considera necesario realizar un examen de conciencia. La transparencia, añade, es fundamental para preservar la credibilidad de la Iglesia y permitirle acompañar mejor a las comunidades.
Una Iglesia transparente y cercana a las comunidades
Para el obispo, la transparencia no es un elemento secundario, sino una condición indispensable para el testimonio de la Iglesia. Y recuerda una petición recurrente del Papa Francisco reclamando una Iglesia transparente, capaz de hablar desde el Evangelio y de acompañar a los pueblos desde la credibilidad.
Para el prelado, el desafío no consiste únicamente en reunir a empresas, sindicatos, instituciones y organizaciones sociales, sino en garantizar que quienes viven las consecuencias de las decisiones también puedan participar en ellas.
Publicado originalmente en Vatican News
