El Nodo Perú de la Red Iglesias y Minería, saluda la aprobación y publicación del D.S N° 037-2021-MINAM, que “aprueba el Plan Especial Multisectorial (PEM) para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. «Se trata de un gran avance logrado por la persistencia de la Plataforma Nacional de Afectados en Salud por Metales Tóxicos y otras sustancias químicas que representa a 13 regiones con afectadas y afectados»

Asimismo, indican en un comunicado público, saluda «el acuerdo de 10 puntos, logrado el pasado 30 de diciembre, a través del diálogo impulsado desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respecto de la problemática del proyecto minero Las Bambas que involucra a las regiones de Apurímac y Cusco, caso que lleva más de 10 años sin una solución efectiva que involucre a las comunidades que son afectadas a lo largo del llamado “corredor minero”.»

Pero, expresan también su disconformidad con la Ley N° 31388 promovida y aprobada por el Congreso de la República, que establece una nueva “prórroga de la vigencia del proceso de formalización minera integral”, lo que ya se había dado en los gobiernos anteriores. Esta decisión contribuye a la legitimidad de la impunidad con la que se realizan las operaciones de minería informal e ilegal».

En el comunicado sobre los avances y retrocesos entorno a la minería en Perú, el Nodo Perú de la Red Iglesias y Minería, lamenta «que el gremio empresarial minero haya emprendido una campaña pública con importante financiamiento para evitar que se otorguen facultades al ejecutivo para legislar en materia tributaria sobre la actividad minera, en un momento de altos precios de los minerales que permitiría brindar mayores aportes». Las empresas deben ser conscientes sobre las implicancias políticas y sociales que trae consigo la crisis actual, especialmente en relación a los impactos ambientales que generan las industrias extractivas, asumiendo la debida diligencia y la responsabilidad social en sus operaciones, tal cual lo harían en sus propios países de origen, considerando la importancia de contribuir al fortalecimiento de nuestra institucionalidad en materia ambiental y de derechos humanos.

Compartimos el texto completo del comunicado:

AVANCES, RETROCESOS Y EXPECTATIVAS PARA EL 2022 SOBRE LA MINERÍA EN PERÚ

El 2021 ha sido el segundo año que hemos padecido la crisis de la pandemia. Sin embargo, la actividad extractiva minera y de hidrocarburos ha seguido en recuperación y crecimiento, producto de los niveles de consumo que se han recuperado e incrementado a nivel internacional, por la desmedida “vuelta a la normalidad”. Esto trajo consigo los altos precios de los minerales y el mayor uso de combustibles fósiles, generando una mayor presión por los territorios de nuestros pueblos indígenas andinos y amazónicos, y con ello una mayor conflictividad social, que se refleja en los 199 conflictos sociales, 128 de los cuáles son conflictos socio ambientales en el Perú[1], que representan el 64.3% de los conflictos a nivel nacional.

Muchos pueblos a nivel nacional, vienen exigiendo que en sus territorios no se lleven a cabo grandes proyectos mineros y de hidrocarburos por los impactos negativos al ambiente y a su propia salud que estos generan.

Pese a ese contexto negativo, queremos saludar desde el Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, la aprobación y publicación del D.S N° 037-2021-MINAM, que “aprueba el Plan Especial Multisectorial (PEM) para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

Se trata de un gran avance logrado por la persistencia de la Plataforma Nacional de Afectados en Salud por Metales Tóxicos y otras sustancias químicas que representa a 13 regiones con afectadas y afectados que desde el año 2017, que permitirá contar con el financiamiento para la atención especializada por intoxicación por metales tóxicos proveniente de los impactos de la minería, derrames de petróleo, contaminación por pesticidas utilizados en la agroexportación, y otras sustancias químicas.

Asimismo, saludamos el acuerdo de 10 puntos, logrado el pasado 30 de diciembre, a través del diálogo impulsado desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respecto de la problemática del proyecto minero Las Bambas que involucra a las regiones de Apurímac y Cusco, caso que lleva más de 10 años sin una solución efectiva que involucre a las comunidades que son afectadas a lo largo del llamado “corredor minero”. Esperamos que la PCM impulse políticas de prevención y atención temprana de conflictos para evitar su escalamiento, privilegiando el diálogo intercultural y los derechos colectivos de las comunidades afectadas.

Sin embargo, lamentamos que en el último día del 2021 se haya promulgado la Ley N° 31388 promovida y aprobada por el Congreso de la República, que establece una nueva “prórroga de la vigencia del proceso de formalización minera integral”, lo que ya se había dado en los gobiernos anteriores. Esta decisión contribuye a la legitimidad de la impunidad con la que se realizan las operaciones de minería informal e ilegal, ya que por el sólo hecho de estar en el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO, evitan que les sean aplicadas las figuras de delito penal por éste tipo de actividad. Consideramos que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tiene una gran responsabilidad en haber dado su voto favorable a esta medida en el Consejo de Ministros, por lo cual el Ministro del sector debe responder al respecto.

Hacer frente a la minería informal e ilegal es complejo. Para ello es fundamental trabajar desde las potencialidades locales, considerando procesos paralelos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo concertado locales y regionales, y un verdadero plan de diversificación económica construido desde y con la gente, que impulse alternativas económicas sostenibles de desarrollo. Paralelamente, es importante hacer frente a las mafias que imponen las actividades ilegales que tienen tentáculos en todas las instancias de toma de decisión, por lo que es fundamental la adopción de decisiones políticas que es lo que no hubo en los últimos 30 años, y lamentablemente parece no haberla aún desde el MINEM.

Finalmente, lamentamos que el gremio empresarial minero haya emprendido una campaña pública con importante financiamiento para evitar que se otorguen facultades al ejecutivo para legislar en materia tributaria sobre la actividad minera, en un momento de altos precios de los minerales que permitiría brindar mayores aportes.

Las empresas deben ser conscientes sobre las implicancias políticas y sociales que trae consigo la crisis actual, especialmente en relación a los impactos ambientales que generan las industrias extractivas, asumiendo la debida diligencia y la responsabilidad social en sus operaciones, tal cual lo harían en sus propios países de origen, considerando la importancia de contribuir al fortalecimiento de nuestra institucionalidad en materia ambiental y de derechos humanos.  En este sentido, es pertinente acoger el llamado de Papa Francisco, quien invoca a las grandes corporaciones extractivas —mineras, petroleras—, forestales, inmobiliarias, agro negocios, “que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos”[2].

 Lima, 03 de enero de 2022

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA

El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería es conformado por: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)-Asociación Paz y Esperanza-RED MUQUI- Red Uniendo Manos Perú-Instituto Bartolomé De Las Casas (IBC)-Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA)-Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA-Puno)-Asociación Marianista de Acción Social (AMAS-Otuzco)-Pastoral Social y de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo (PASSDIH-Huancayo)-Parroquia de San Mateo-Diócesis de Chosica-Derechos Humanos sin fronteras (DHSF-Cusco)-Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES-Cajamarca)-Proyecto Amigo (Huamachuco)-Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Jaén-Red Regional Agua, Desarrollo y Drmocracia (REDAD-Piura)-Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (CJS-Chimbote)-Oficina Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas-Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo-Comisión Derechos Humanos y JPIC CONFER-JPIC Claretianos-Federación de Organismos Cristianos de Servicio Internacional y Voluntariado (FOCSIV-Perú)- Comité Consevacionista de Villa el Sol (La Oroya)

[1] Defensoría del Pueblo – Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 213 – noviembre 2021

[2] Mensaje de Papa Francisco en ocasión del IV Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. Octubre 2021