La Red Iglesias y Minería alzó su voz frente a la escalada de violencia que golpea a Honduras y condenó la masacre ocurrida el 21 de mayo en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, donde fueron asesinados 20 campesinos que luchan contra las corporaciones de palma aceitera, aparentemente relacionadas con la empresa minera vinculada al asesinato de Juan López, quien fue uno de sus principales opositores, críticos y denunciante.
En un pronunciamiento difundido desde América Latina, la articulación eclesial denunció que el Bajo Aguán “se ha convertido en zona de exterminio para quienes defienden el derecho a la tierra y al territorio”, y exigió al Estado hondureño una investigación profunda que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.
Violencia estructural e impunidad en el Aguán
El comunicado sitúa esta nueva tragedia dentro de una larga historia de conflictividad agraria y violencia estructural en el norte de Honduras. La red recuerda que el Aguán es también la tierra del ministro de la palabra y defensor ambiental Juan Antonio López, asesinado en septiembre de 2024, tras denunciar intereses extractivos en la región. Para Iglesias y Minería, las muertes de Rigores no son hechos aislados, sino la expresión más cruel de un modelo marcado por la desigualdad, la concentración de tierras, la impunidad y la ausencia —o complicidad— del Estado frente a las redes criminales que operan en la zona.
“Las continuas muertes en esta zona martirizada, evidencia una problemática que tiene raíces estructurales que generan pobreza, desigualdad, violencia, impunidad y ausencia o complicidad del estado”, señala el documento, que se suma a la voz de denuncia de la Conferencia Episcopal de Honduras ante la masacre que ha sumido en un profundo dolor al país.
La red hizo un llamado al Estado a asumir una actitud proactiva para que las recientes reformas penales sean utilizadas para desarticular a los grupos armados y estructuras de poder que mantienen bajo amenaza permanente a las comunidades del Aguán, en lugar de criminalizar a campesinos y defensores ambientales.
La Red Iglesias y Minería expresó también su solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas por la violencia. “Es urgente implementar una estrategia participativa con apoyo y veeduría nacional e internacional”, subraya el texto, proponiendo una salida basada en derechos humanos, justicia y saneamiento de tierras.
Esperanza en medio del duelo
El mensaje concluye con una reafirmación de esperanza en medio del duelo. Retomando el versículo de Isaías 41:18, el comunicado recuerda que «En el desierto habitará el derecho y la justicia morará en el vergel. La obra de la justicia será la paz, y el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en descansos tranquilos».
