En un momento especialmente difícil para la humanidad, marcado por la guerra, la violencia extractiva y el despojo de los pueblos, la unidad puede marcar la diferencia. El Primer Congreso Latinoamericano: Impactos Socioambientales de la Minería representa una de esas iniciativas que impulsan la unidad de los pueblos y renuevan la esperanza en la defensa de la vida y de la Casa Común.
El encuentro fue en Costa Rica, país pionero en implementar políticas concretas en defensa de las comunidades y la naturaleza, con la prohibición de la minería a cielo abierto en el año 2010, resultado de una larga lucha y movilización popular en defensa de la vida. El escenario fue la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT), donde Iglesia, academia y comunidades se reunieron para reflexionar y compartir sus experiencias en torno al extractivismo minero, cuyos impulsores también estuvieron presentes, exponiendo sus argumentos.
«Estamos en este Congreso sobre la acción minera y las perspectivas pastorales que son importantes para América Latina y el Caribe. Esperamos construir consensos a partir de la diversidad de pensamientos y, Dios quiera, que ese bien común nos anime a todos a asumir compromisos firmes con la protección de la Casa Común y con la búsqueda de respuestas frente a la crisis socioambiental que estamos viviendo», manifestó el padre Francisco Hernández, director del CEPRAP.
El encuentro, organizado por el Observatorio Socioambiental Laudato Si’ de la UCAT, con el respaldo y la articulación de redes e instituciones académicas, sociales y eclesiales aliadas, propició un diálogo diverso en torno al modelo de desarrollo basado en la minería.
«La diversidad de participantes, provenientes de distintos países y territorios, nos ha permitido reconocer, a través de sus experiencias y análisis, que compartimos una misma realidad: el extractivismo minero. También hemos podido intercambiar propuestas y caminos para enfrentar esta problemática. El diálogo sobre ecología integral y minería es hoy más vigente y necesario que nunca», manifestó Asunta Montoya, integrante de la Red Iglesias y Minería.
La voz de las comunidades en el Congreso
La participación de las comunidades en el Primer Congreso Latinoamericano: Impactos Socioambientales de la Minería fue fundamental para acercar al encuentro el clamor de los territorios y, a través de él, el clamor de la naturaleza.
Vidalina Morales llevó al encuentro su testimonio como lideresa comunitaria y defensora de la naturaleza en El Salvador, país donde la organización comunitaria logró la histórica prohibición de la minería metálica en 2017. Sin embargo, tras años de presión del lobby transnacional minero, esa normativa fue derogada en diciembre de 2024 por el régimen de Nayib Bukele, permitiendo nuevamente la actividad minera en el país.
«La tierra nos está hablando y nos está exigiendo un compromiso más serio con el cuido de esta Casa Común», expresó al iniciar su intervención.
La lideresa afirmó que la derogación de la ley representó un profundo retroceso de derechos de las comunidades y la naturaleza. Además, denunció que su país atraviesa un contexto de creciente persecución y criminalización a defensores, periodistas y organizaciones sociales, lamentando que el temor al encarcelamiento haya reducido las voces en defensa del territorio.
Una situación similar atraviesa Costa Rica, donde el liderazgo que tuvo el país en materia ambiental, democrática y de derechos se ha venido debilitando progresivamente. El gobierno actual, con amplia mayoría en el Congreso también está impulsando un proyecto de ley que permitiría la minería a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, región norte del país, frontera con Nicaragua.
Desde Honduras, la misma denuncia fue enfatizada por Pedro Landa, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería e integrante de la Red Iglesias y Minería, quien afirmó que los gobiernos han adoptado políticas «cada vez con un corte más represivo» frente a las demandas ciudadanas, afectando especialmente a quienes defienden la naturaleza frente a la minería.
Landa evocó el asesinato del defensor ambiental Juan Antonio López, ocurrido en septiembre de 2024. Lo describió como un referente en la defensa del territorio y miembro activo de la Red Iglesias y Minería. Era una persona muy comprometida con la lucha social […] no claudicó por la defensa del río, por la defensa de la montaña», expresó. También denunció que sobre el caso persiste «un velo de impunidad», reflejado en las reiteradas reprogramaciones de las audiencias judiciales y en la ausencia de avances en la investigación.
El defensor hondureño también alertó sobre la existencia de más de mil órdenes de desalojo contra comunidades campesinas, indígenas y garífunas.
Desde Brasil, la teóloga brasileña Moema Miranda, habló sobre la necesidad de analizar la realidad desde la perspectiva de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos. “María, en su Magníficat, nos enseña a adquirir un punto de vista diferente, de mirar el mundo desde abajo, con los ojos de quien sufre y no con la óptica de los poderosos”, señaló.
Para ilustrar la urgencia de la crisis ecológica, la teóloga compartió una experiencia personal: el incendio que afectó su vivienda hace algunos años. A partir de ese episodio, comparó la situación actual del planeta con una casa en llamas.
“Cuando una casa está prendiendo fuego, hay que correr. Entonces para mí el tema hoy es: si nuestra casa está prendiendo fuego y lo sabemos, ¿cómo seguimos tranquilos discutiendo si la minería puede tener un poquito más o un poquito menos de respeto social?”, cuestionó.
La posición corporativa también estuvo presente
Como una apuesta por abrir un espacio de diálogo, el Congreso también dio voz a representantes y académicos que expusieron posiciones favorables a la actividad minera. Sus intervenciones defendieron la posibilidad de desarrollar un modelo extractivo con mayores estándares ambientales y sociales, e incluso proponiendo que la Iglesia fuera su aliada.
No obstante, estas exposiciones fueron recibidas con cuestionamientos por parte de varios participantes, señalando que sus planteamientos carecen de sustento técnico y ético, ante las evidencias y testimonios de la devastación ambiental y social en múltiples territorios.
Aunque las posturas fueron claramente divergentes, la presencia de ambas visiones permitió revelar el debate que hoy atraviesa a Costa Rica y a toda América Latina en torno al extractivismo.
Un momento crucial para la unidad de los pueblos
El Congreso se da en un contexto de profundización del modelo de «desarrollo» minero en América Latina y el Caribe. Impulsado por diversos gobiernos bajo el discurso de la transición energética, este modelo plantea sustituir la extracción de combustibles fósiles por una mayor explotación de minerales. Sin embargo, esta transición continúa basándose en la explotación del ser humano y la naturaleza, pero además, está vinculada al guerra y al sufrimiento de los pueblos.
Pedro Landa, señaló que la demanda de minerales estratégicos está vinculada no solo a la transición energética, sino también a la expansión tecnológica y militar.
La creciente demanda de minerales críticos y tierras raras, impulsada por los países del Norte Global, está relacionada directamente con la industria militar, en un contexto geopolítico marcado por la proliferación de conflictos bélicos y el debilitamiento del derecho internacional, que no ha logrado frenar el genocidio en curso contra el Pueblo Palestino.
“La Iglesia de las Américas tiene que abandonar su rol histórico y colonial de mediación neutral y ahora asumir una postura activa de denuncia y resistencia socioambiental”, manifestó, pues la actual crisis ambiental no puede entenderse únicamente desde una perspectiva energética: “No es una crisis energética, es una crisis civilizatoria”.
En un contexto de guerra, entre 2024 y 2026, países como Ecuador, Chile, Perú, Argentina y Paraguay han firmado convenios para el abastecimiento de minerales estratégicos a Estados Unidos, en el marco del plan de “seguridad” de Donal Trump. Estos convenios se traducen en conflictos territoriales para comunidades indígenas y campesinas.
La voz de la Iglesia durante el Congreso
La presencia del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), conferencias episcopales, universidades católicas y redes como Iglesias y Minería evidenció que la crisis provocada por el extractivismo ha dejado de ser un asunto periférico para convertirse en una prioridad para la Iglesia en América Latina y el Caribe.
A partir de su experiencia en Honduras, monseñor Henry Orlando Ruiz sostuvo que la espiritualidad nace del encuentro con quienes padecen la violencia, el despojo y la exclusión, más que de formulaciones teóricas.
«Esto no se aprende en los libros», afirmó, al señalar que el Evangelio solo se comprende cuando se «toca la carne de quienes sufren».
Desde su trabajo pastoral en Centroamérica y la Amazonía, Fr. Erick Marín C. Ofm Conv. del Parlamento Cívico Ambiental recordó que la doctrina social de la Iglesia invita a reconocer la tierra, el agua, los ríos y las montañas como hermanos. Advirtió, además, que el extractivismo suele estar acompañado por graves vulneraciones de derechos humanos, entre ellas la explotación infantil, formas de trabajo forzado y el debilitamiento de las culturas ancestrales.
Por su parte, el padre Julio Daniel Arváez compartió la experiencia del movimiento ciudadano que logró articular en Panamá una de las mayores movilizaciones sociales contra la minería metálica.
«No basta con decir ‘no’ a la minería; también hay que decir sí a otras formas de economía, a otra política y a alternativas que pongan la vida en el centro», expresó.
El Congreso también recibió un mensaje del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, quien recordó que «el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son inseparables».
De esta manera, el Congreso dejó en evidencia una Iglesia preocupada por la crisis que atraviesa la humanidad y dispuesta a caminar junto a las comunidades que están dando una lección de dignidad ante la maquinaria extractiva que avanza con violencia en los territorios.
Una iniciativa esperanzadora que abre nuevos caminos
En un tiempo marcado por las guerras, la crisis climática y el debilitamiento de los derechos de los pueblos, el Primer Congreso Latinoamericano: Impactos Socioambientales de la Minería demostró la urgencia de promover este tipo de iniciativas para construir respuestas colectivas frente al modelo extractivo que implica destrucción y muerte.
El Congreso dejó una enseñanza innegable: la unidad entre comunidades, organizaciones, academia e Iglesia es una condición indispensable para afrontar los desafíos de América Latina y el Caribe frente al avance del extractivismo y la regresión de derechos en la región.
El desafío ahora es dar continuidad a esta iniciativa impulsada por el pueblo costarricense, que podría volver a convertirse en un referente para América Latina, demostrando que existen alternativas de desarrollo capaces de respetar la dignidad de las personas, cuidar la Casa Común y mantener viva la esperanza de otro mundo posible.
Reportería: ADN Celam
