La paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como pueden. Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. (EG 218)
“El tiempo es superior al espacio”
Mientras que la conciencia crítica y las preguntas sobre las actividades extractivas aumentan en varias partes del planeta, las empresas mineras proponen un diálogo a nivel de cumbre. Los procesos organizados de resistencia están retrasando o interrumpiendo las inversiones y los emprendimientos. En muchos países, las presiones contra el extractivismo depredador y de saqueo se acumulan en los territorios, crecen las organizaciones populares, las luchas de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, fortaleciendo las culturas y modos de vida.
Cuando una empresa minera controla un territorio, la tierra se convierte en un espacio de uso, título minero, mercancía. En la legislación brasileña, por ejemplo, desde la perspectiva de la minería, la población que se encuentra en un territorio está clasificada como “superficiaria” y las actividades mineras tienen prioridad sobre todo y todos los que están en los territorios. Las actividades mineras están calificadas, en la legislación, como de utilidad pública. A su vez, para llevar a cabo su negocio, las empresas buscan deshacerse de los “superficiarios”. La minería domina la tierra, el agua y el medio ambiente, causando impactos negativos y violando los derechos humanos. Esta lógica y dinámica de hegemonía de la actividad minera, en relación con todo y con todos en los territorios, revela que el cuidado de la Casa Común no está separado de la cuestión de los modelos y sistemas que queremos organizar para que la Casa sea Común, para todo y para todos.
“El medio ambiente es uno de los bienes que los mecanismos del mercado no pueden defender o promover adecuadamente”
(Laudato SI)
La encíclica Laudato Si’ es clara en el reconocimiento de la legitimidad y la necesidad de presión de la población y sus organizaciones (LS 38, 179, 181). El Papa cita el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y afirma que: “El medio ambiente es uno de los bienes que los mecanismos del mercado no pueden defender o promover adecuadamente” (LS 190). Empoderar a las poblaciones locales en los territorios contra las violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la Madre Tierra es una manera de cuidar de la Casa Común.
Al afirmar que “el tiempo es superior al espacio”, el Papa Francisco nos dice que debemos buscar procesos históricos de transformación y nunca abandonar la visión a largo plazo a cambio de arreglos de espacios de poder. Es necesario dar fuerza al camino que genera procesos, que traen profundas transformaciones, incluso con el riesgo de perder.
Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. (EG223)
A veces me pregunto quiénes son los que en el mundo actual se preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo, más que por obtener resultados inmediatos que producen un rédito político fácil, rápido y efímero, pero que no construyen la plenitud humana. (EG224)
“La unidad prevalece sobre el conflicto”
En todos los países del mundo donde hay proyectos mineros a gran escala, hay conflictos, comunidades que enfrentan a empresas mineras y gobiernos. Para el Papa Francisco, el conflicto no puede ser ignorado, enmascarado o mistificado, sino que debe ser asumido. “El conflicto no puede ser ignorado o disimulado; debe ser aceptado” (EG226), sin ser, sin embargo, “acorralados” o quedarnos detenidos en la “coyuntura conflictiva”, para no perder la perspectiva, horizontes, fragmentar la realidad o “la unidad profunda del sentido de la realidad”.
Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. «¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9)! (EG227).
En 2014, se creó la Red Iglesias y Minería, que es “un espacio ecuménico, compuesto por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores”, con el objetivo de tratar de “responder a los desafíos de los impactos y violaciones de los derechos sociales y ambientales causados por las actividades mineras en los territorios donde” sus miembros viven y trabajan.
En marzo de 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería de metales. Esto fue el resultado de los esfuerzos y luchas de activistas ciudadanos locales, diversas comunidades, pueblos indígenas, movimientos sociales, con la participación efectiva de la Conferencia de Obispos Católicos de El Salvador. También en marzo de 2017, en Brasil, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) creó un “Grupo de Trabajo sobre Minería”, “con el objetivo de profundizar los debates sobre minería en Brasil, para proporcionar una base técnica para el posicionamiento pastoral de la entidad”.
En marzo de 2018, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) presentó una Carta Pastoral sobre Ecología Integral: “Discípulos Misioneros Guardianes de la Casa Común: Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Si’”. El párrafo 10 del texto de esta Carta nos informa que “aborda los grandes desafíos que la Ecología Integral presenta a nuestro continente; nos detendremos particularmente para analizar el impacto de las actividades extractivas en nuestra Casa Común, especialmente las relacionadas con la minería”.
En septiembre de 2019, la CNBB elevó el Grupo de Trabajo sobre Minería a “Comisión Especial para la Ecología Integral y la Minería”.
Una victoria histórica para las comunidades en Chile fue el cierre del Proyecto Pascua Lama por parte de la empresa canadiense Barrick Gold. En la mañana del 17 de septiembre, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Chile, dictaminó que el controvertido proyecto Pascua Lama de Barrick Gold está “definitivamente y completamente cerrado”. Esta decisión puso fin a un largo proceso de más de 20 años de lucha. La empresa fue adquirida por la Superintendencia Ambiental, por incumplimiento de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Las actividades de exploración de la compañía han dejado impactos duraderos en los glaciares y ríos, que son la principal fuente de agua dulce para el valle. Estas repercusiones habían sido previstas por las comunidades en el valle antes incluso de que comenzaran los trabajos.
Estos son algunos ejemplos que nos muestran cómo, en los últimos años, las iglesias en América Latina están asumiendo, desde el conflicto, la construcción de procesos de unidad y transformación.
El Papa también afirma en Evangelii Gaudium que el principio de “unidad superior al conflicto” es “indispensable para la construcción de la amistad social” (EG 228) y que se inspira en el concepto de “diversidad reconciliada” (EG 230).
En Laudato Si’, el Papa Francisco se refiere a este principio, en el capítulo V, cuando se trata de “Algunas líneas de orientación y acción”; en el punto 4, cuando se habla de “Política y economía en diálogo por la plenitud humana”, dice:
La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se desesperan sólo por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que «la unidad es superior al conflicto» (LS 198).
“La realidad es más importante que la idea”
Es necesario superar una cierta conceptualización abstracta sobre el diálogo, que naturaliza los principios, mientras que la realidad los contradice.
Las empresas mineras, que son la causa de los conflictos y parte interesada, buscan en “mesas” distantes, como las de los llamados “Días de Reflexión”, dialogar con personas y organizaciones que no están en los territorios y que no tienen una delegación explícita que los represente. La relación entre la minería y el conflicto no puede ser tratada, ni siquiera superada, con idealismos abstractos. Es urgente evitar la manipulación de la realidad a través del lenguaje técnico, la seducción del poder o el juego de intenciones, incluso si los diálogos se basan en principios éticos y valores cristianos universalmente reconocidos, ya que en realidad son negados por la práctica diaria de las empresas mineras.
Existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que haya que postular un tercer principio: la realidad es superior a la idea. Esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. (EG231)
Tanto en las zonas de extracción como en su entorno, así como en las zonas más distantes, debido a la demanda de infraestructura (autopistas, ferrocarriles, oleoductos, centrales térmicas, presas, puertos, etc.), está la destrucción de tejidos sociales a través del colapso de los medios de vida y los lazos comunitarios, la supresión de las relaciones sociales y las interacciones con el medio ambiente, el robo de la naturaleza, la erradicación de las comunidades y el desplazamiento forzado de personas. Las mismas empresas mineras que buscan un “diálogo” establecen el control sobre los territorios e imponen áreas de sacrificio.
Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. Hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa. De otro modo, se manipula la verdad, así como se suplanta la gimnasia por la cosmética. Hay políticos —e incluso dirigentes religiosos— que se preguntan por qué el pueblo no los comprende y no los sigue, si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Otros olvidaron la sencillez e importaron desde fuera una racionalidad ajena a la gente (EG 232).
A menudo, el sector minero no toma en cuenta a las poblaciones de los territorios donde se ejecutan sus proyectos. En América Latina y el Caribe hay una captura corporativa de los estados por parte de las empresas mineras. Los estados permanecen al servicio del extractivismo y de las empresas mineras. En Perú, por ejemplo, hay más de 112 acuerdos firmados entre las empresas mineras y la Policía Nacional Peruana (PNP). El “Informe: Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho”, resultado de una investigación llevada a cabo por Earth Rights International (ERI), el Instituto de Defensa Jurídica (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), afirma que: “En Perú, desde hace más de 20 años, existe un marco jurídico que autoriza a la PNP a celebrar acuerdos con empresas privadas con fines policiales para prestar sus servicios como agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de los proyectos extractivos, a cambio de una consideración económica.” Estos acuerdos comerciales con la policía influyen directamente en las acciones policiales en las protestas sociales. Se producen en zonas con un alto grado de conflicto y consisten en “pago a la policía, transporte, suministro de ropa, alimentos y, sobre todo, un porcentaje de dinero que va a la propia policía, la institución policial” 13, lo que consiste una verdadera privatización de la policía.
“El todo es mayor que la parte”
Separar la minería del todo es perderse en una parte del problema. Se necesita una visión planetaria más global, desde la perspectiva de la Ecología Integral y la Justicia Integral. Es necesario considerar el sistema de vida del Planeta y el hecho de que la minería se inserta en el modo capitalista de acumulación, producción y consumo, así como en sus interacciones con los sistemas sociales, políticos, culturales y económicos. La minería es un sector del llamado extractivismo depredador.
Es un modelo económico, político, social y cultural, donde la acumulación capitalista se produce a través de la apropiación a gran escala de bienes comunes, transformándolos en mercancías y provocando un proceso de violencia y expulsión que destruye pueblos, culturas, territorios y biodiversidad.
En términos geopolíticos, la comprensión de la economía minera extractiva es fundamental en el debate sobre el proceso de acumulación capitalista contemporáneo y la búsqueda de alternativas. La intensificación de la explotación de los “bienes comunes” (recursos naturales) por la minería, la agricultura intensiva, la pesca a gran escala, la tala, el petróleo y el gas es el resultado de una elección política en relación con las materias primas de un país. Esta opción profundiza y crea nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre el Sur y el Norte globales. En las últimas décadas, América Latina, Africa y Asia se han visto marcadas por el auge y el post-boom de los productos básicos extractivos.
Los bienes comunes, que el capital insiste en llamar “recursos naturales”, son los bienes de la humanidad y de la naturaleza en sí misma. Transformar los bienes comunes en riqueza privada es un modelo de gestión y gobernanza del conjunto (bienes comunes) en beneficio de una parte (empresas transnacionales; en el caso que nos ocupa, de la minería y del sistema financiero).
Los planes estratégicos sobre materias primas de países de la Unión Europea, los Estados Unidos, el Canadá y China se ocupan principalmente de garantizar el suministro de recursos naturales al mercado interior y, por lo tanto, salvaguardar la competitividad de estas economías locales. Sus programas de comercio e inversión buscan revisar los compromisos existentes, regular las relaciones a través de acuerdos de libre comercio y reducir el espacio político de los gobiernos mundiales del sur. Es una diplomacia para garantizar el acceso a los recursos naturales de estas regiones.
Estos planes estratégicos sobre materias primas, centrados en salvaguardar el suministro de recursos a la industria de unos pocos países, constituyen una arquitectura de impunidad, centrada en el poder corporativo. Instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) refuerzan los derechos corporativos por encima de las responsabilidades.
En el caso de Africa, por ejemplo, para hacernos una idea de esta arquitectura de impunidad en favor de las empresas transnacionales, podemos rescatar las luchas de las comunidades, los trabajadores mineros y sus movimientos para resistir los impactos ambientales y las violaciones de los derechos humanos. Mencionaremos tres luchas, una que se desarrolló en Marikana, Sudáfrica, otra en Marange, Zimbabue y una tercera en Moatize, Mozambique; de ellas, las dos primeras acabaron en masacres.
Marikana: El sector extractivo de la Sudáfrica posterior al apartheid sigue optando por la explotación laboral y la degradación del medio ambiente. En las minas, el trabajo subterráneo se realiza en condiciones insalubres. Las comunidades afectadas por la minería siguen excluidas de la riqueza de los recursos de la tierra en la que viven. La masacre de Marikana es un ejemplo de impunidad corporativa, colusión entre el gobierno y la empresa, así como de las formas implacables de maximizar los beneficios en los que se gestiona el sector minero.
Lonmin Plc es una compañía minera que cotiza en las bolsas de valores de Londres y Johannesburgo. Se dedica a la prospección, extracción, refinación y comercialización de metales del grupo de platino, del que es uno de los mayores productores primarios del mundo. El 16 de agosto de 2012, 34 trabajadores mineros de la transnacional Lonmin participaron en una huelga por mejores salarios y fueron asesinados a tiros por miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS). Esto ocurrió en Marikana, una ciudad cerca de Rustenburg en la Provincia Noroeste de Sudáfrica. Otros 79 mineros resultaron heridos y 259 fueron detenidos.
