Víctimas de la minería exigen que el #TratadoVinculante garantice sus derechos

Ante estas múltiples violaciones de las empresas y los estados. El panel “Voces de las víctimas”, exigieron que en el Instrumento jurídicamente vinculante en construcción, la información sea en idioma de los pueblos indígenas. Monitoreo constante a sus derechos humanos. Garantía y protección de las comunidades indígenas, especialmente de las mujeres y niñas. El panel estuvo integrado por el Movimiento de mujeres indígenas T´zununij’a de Guatemala y las organizaciones latinoamericanas: Red Muqui,  Red Latinoamericana de Iglesias y Minería, la  Asociación Pro-Derechos humanos  Foro Indígena de Abya Yala (Perú) y la Plataforma internacional contra la impunidad Franciscans internacional.

Las conclusiones del panel fueron presentadas al relator de la ONU, este 27 de octubre de 2017, en la reunión sobre la construcción del Tratado Vinculante en Ginebra.

Invasión e imposición de un modelo económico y desarrollo

El proceso de invasión de las empresas, genera problemáticas como la contaminación de ríos y lagos, que son parte de los lugares sagrados.  La vulneración: al derecho de la consulta previa, libre e informada, al acceso a la tierra y otros recursos naturales, a la salud, y al acceso a la justicia, entre otros.

La imposición de un modelo económico y desarrollo dependiente y orientado a la expulsión de la población indígena de nuestros territorios, basado en la implementación de proyectos de monocultivos, hidroeléctricas, minería y otras formas de extractivismo, tiene efectos devastadores sobre nuestras vidas, especialmente de las mujeres indígenas.

Persecución y criminalización de las luchas

La persecución y criminalización de las luchas de hombres y mujeres defensoras de los derechos humanos, especialmente de las defensoras que se oponen a la destrucción del medio ambiente, han sido víctimas de la justicia occidental, son procesadas a supuestos delitos que no han cometido, juzgadas y sentenciadas en un idioma que muchas que no hablan ni comprenden.

Para las defensoras y defensores del derecho a la tierra, la situación se ve agravada por cuestiones estructurales que generan conflictos, la discriminación y racismo estructural contra los pueblos indígenas, la desigualdad y la pobreza, la violación sistemática del derecho a la consulta, que es considerada por la Corte de Constitucionalidad como no vinculante, y que al final no se respeta la decisión de los pueblos indígenas.

Las autoridades y el Estado violentan el debido proceso y respeto a los derechos humanos

Las autoridades encargadas de asegurar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, son quienes lo violentan, tienden a acompañar los desalojos como observadores mudos de la violencia que ocurre frente a ellos.

Han existido resoluciones estatales, como estado de sitio, donde las mujeres y niñas viven las persecuciones, la criminalización la detenciones y allanamientos disfrazados de legalidad, causando destrucción de inmuebles, acoso a la población y abusos sexuales.

El Estado ha adaptado normas y desarrollado tipos penales como el terrorismo, el secuestro, entre otros, como normas muy amplias, y permite que sean utilizadas por analogía en contra de las autoridades indígenas o defensores de derechos humanos.

La utilización del derecho penal, como una herramienta de represión y de aislamiento de autoridades o derechos humanos, muchos de estos casos tienen que ver con la defensa del territorio y con la falta de reconocimiento del Estado de una interlocución, de trascender de la democracia representativa a la democracia participativa.

El derecho a la consulta es frenada por vía legal y política

El asunto de la Consulta, no solamente se ha intentado frenar por la vía legal, sino también desde lo político para neutralizarlo legalmente, es por ello que en Guatemala han intentado desarrollar una reglamentación y estandarización de la consulta, con ello debilitar el sistema político indígena y sus mecanismos históricos de representación y deliberación y derechos colectivos.

El proceso de reglamentación obedece a convertir el derecho a la consulta un trámite, un requisito, que habiéndose cumplido permite que se imponga el modelo económico sobre los territorios, sin que pueda haber resistencia alguna.

2017-10-27T22:46:04+00:00

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